Ismael “El Mayo” Zambada finalmente encontró la cadena perpetua en Estados Unidos después de permanecer durante décadas al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Su captura en 2024 rompió los equilibrios internos del Cártel de Sinaloa y detonó una ola de violencia que ha tenido su expresión más grave en ese estado. Se trató de un incremento de 259% de los homicidios dolosos de 2024 a 2025: pasó de una tasa de 7.7 a 27.7 por cada 100,000 habitantes en solo un año (medición al primer semestre). Las consecuencias de esa crisis alcanzan hoy buena parte del norte del país y todo ello coincidió con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sinaloa se convirtió en la primera gran prueba de su política de seguridad.
Se debe matizar la reducción del homicidio doloso ¿Podemos garantizar una reducción duradera en los homicidios? Las policías estatales en Sinaloa: algunos síntomas
La sentencia contra «El Mayo» ofrece una oportunidad para hacer un corte de caja. ¿México es hoy menos violento que en 2024? La respuesta nacional es preocupante. La del norte del país y, particularmente, la de Sinaloa lo es todavía más. La reducción del homicidio doloso se ha convertido en el dato estelar de la administración de la presidenta Sheinbaum. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de víctimas cayó 48% a nivel nacional. En Sinaloa disminuyó 20%. ¿Significa que el problema está resuelto? No. En la discusión pública se habla mucho de la disminución, pero muy poco del volumen de la violencia que persiste. La magnitud de la violencia que hay en el país revela la prevalencia de la crisis de criminalidad y obliga a matizar el optimismo oficial. Necesitamos pasar de “vamos muy bien” a una conclusión más real: México está lejos de la paz. Veamos. Durante el primer semestre de 2026, México registró una tasa de 6.7 víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. ¿Es mucho o poco? No existe un estándar internacional único, pero podemos recurrir a grupos de referencia relevantes. Como propone México Evalúa , si nos comparamos con los niveles registrados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestra violencia es muy alta. La comparación es pertinente porque la OCDE reúne referentes aspiracionales: buscamos parecernos a los países que han logrado reducir la violencia como Japón, no a los más violentos del mundo. Sinaloa, por su parte, alcanzó una tasa de 19.7, la tercera más alta del país y comparable con las de los integrantes más violentos de la OCDE, un grupo minoritario compuesto, por cierto, por países latinoamericanos. El problema no está resuelto. Suponer lo contrario puede llevarnos a bajar la guardia. La tarea de desactivar a los principales generadores de violencia debe acompañarse con instituciones capaces de gestionar la seguridad por cuenta propia. ¿Tenemos policías con capacidades para hacerse cargo? Monitorear los avances en este rubro es complicado por la falta de datos recientes, pero la información disponible muestra que hay un largo trecho por recorrer. Sinaloa resulta especialmente preocupante porque la crisis encontró a la entidad con una policía estatal pequeña frente a su demanda de seguridad. Tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2024 el estado contaba con apenas 0.53 policías estatales por cada 1,000 habitantes. Es menos de la mitad de la mediana nacional, y ocupa el lugar 29 entre las 31 entidades que reportaron información. Dicho de otro modo, los sinaloenses dispusieron de aproximadamente un policía estatal por cada 1,872 habitantes. La insuficiencia resulta todavía más clara cuando la cantidad de personal se relaciona con los niveles de violencia. Por cada homicidio doloso registrado, Sinaloa sólo cuenta con alrededor de 2 policías estatales para enfrentarlo. Para comparar, la mediana nacional es de 8 policías. También contó con seis policías por cada 1,000 llamadas procedentes al 911, casi la mitad de la mediana nacional de 11.2. La corporación no solo es pequeña respecto de la población; también lo es frente a la demanda concreta que enfrenta. En materia salarial, 65.6% de los policías estatales de Sinaloa recibió una remuneración superior al monto recomendado por el gobierno federal. El dato es mejor que el de algunas entidades, pero también significa que aproximadamente uno de cada tres elementos no superó ese piso salarial. No parece una condición adecuada para una corporación que enfrenta organizaciones criminales con una enorme capacidad económica, territorial y armada. Los indicadores de formación tampoco ofrecen tranquilidad. Solo 45.7% de los policías estatales tuvo vigentes sus evaluaciones de control de confianza; 38.7%, las de competencias básicas, y 41.1%, las de desempeño. El resultado del Certificado Único Policial, que avala que un policía cuenta con formación básica para desempeñar el cargo, fue ligeramente mejor, con 58.1%, pero aun así significa que cuatro de cada diez policías no contaron con la certificación mínima. En infraestructura, Sinaloa también se ubicó entre los últimos lugares del país. Ocupó el lugar 31 de 32 entidades en infraestructura estatal de seguridad por habitante y dispuso de 4.1 cámaras estatales por cada 10,000 habitantes, por debajo de la mediana nacional de 6.4. Al relacionar las cámaras con la violencia, la entidad contó con 13 por cada diez homicidios, frente a una mediana nacional de 30.4.
Se necesita fortalecer a las instituciones de seguridad pública
La reducción del homicidio en México y Sinaloa es importante, pero no permite afirmar que la crisis esté resuelta. La sentencia contra «El Mayo» cerró un capítulo en Estados Unidos; en México, las consecuencias de su captura siguen abiertas. Sinaloa permanece entre las entidades más violentas y enfrenta esa crisis con una policía insuficiente, capacidades incompletas e infraestructura rezagada. La estrategia federal puede contener la violencia y debilitar a sus principales generadores, pero difícilmente sostendrá sus resultados si no fortalece a las instituciones locales que deberán hacerse cargo de la seguridad de manera permanente. El verdadero corte de caja no consiste en saber si hoy se registran menos homicidios que hace dos años, sino en determinar si el Estado mexicano está construyendo las capacidades necesarias para impedir que la violencia vuelva a escalar. _____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes