El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar , la apuesta del gobierno federal para garantizar la participación del sector público, privado y social en proyectos estratégicos del país. Con la ley propuesta se buscan inversiones por 6 billones de pesos entre 2026 y 2030 y alcanzar un nivel equivalente al 8% del PIB al final del sexenio, según Morena y sus aliados. Sin embargo, en la oposición advirtieron que la propuesta acentuará el endeudamiento sin transparencia ni reglas claras.
Afores al rescate de la inversión pública pública
La propuesta, que también incluyó cambios Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , fue remitida por la presidenta el pasado 18 de marzo . En menos de una semana fue dictaminada y votada por las y los legisladores. En lo general, la propuesta tuvo 359 votos a favor y 80 en contra , mientras que en lo particular recibió 315 votos en favor y 89 en contra. La reforma establece que los recursos destinados a este tipo de inversiones provendrán de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) , que según el documento cuentan al día de hoy con 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos. Actualmente, solo entre el 8% y el 9% de esos recursos de las Afores se invierten en infraestructura , pero con lo aprobado este porcentaje podría elevarse al 30% . Esta medida busca subsanar la caída del 28.4% en la inversión pública registrada en 2025, la cual según el documento es la «más severa» de las últimas tres décadas. La reforma busca garantizar la certidumbre jurídica a través de un modelo que combina los fondos manejados por las Afores, deuda y fondos privados. Para ello, se busca evolucionar del modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) tradicionales hacia uno de inversión mixta , esto con la intención de recuperar la rectoría del Estado en este tipo de proyectos, el cual se había perdido bajo el esquema anterior. Como parte de estos cambios, con esta nueva ley se establece la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPEs) , figuras jurídicas especializadas, entre las que están fideicomisos, sociedades y mandatos , las cuales, según el dictamen, «permiten aislar riesgos, emitir instrumentos bursátiles y canalizar ahorro institucional hacia infraestructura, sin que su sola constitución implique deuda pública “.
La oposición acusa «deuda disfrazada»
Durante la discusión para su aprobación, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que con la ley se cumplirá el mandato constitucional que indica que la deuda que se contrate debe ir a obra pública para la generación de utilidades y sanear las finanzas. “Se acabó el cortoplacismo, se acabó la ocurrencia de hacer obras por acá y por allá”, dijo. Destacó que para garantizar la correcta aplicación de los recursos se contará con el Consejo de Planeación Estratégica, el cual estará presidido por el Poder Ejecutivo. Será este organismo el que decidirá qué obras se realizan, monitorear qué falta y qué frena los proyectos. Por otro lado, en cuanto a los financiamientos, reconoció que se estableció que estos no sean considerados como deuda pública . Desde la oposición, advirtieron que se trata de un «ocultamiento» de la deuda. Uno de los motivos por los que la iniciativa generó rechazo de la oposición fue una disposición incluida en el artículo 35bis , mediante la cual se autoriza el inicio de contrataciones aún sin contar con los recursos. “Por excepción y con autorización de la Secretaría de Hacienda, el inicio de procedimientos de contratación antes de contar con las suficiencia presupuestaria definitiva”, dice el documento. El diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó esta medida y señaló que con dicha ley se podrían tener repercusiones a futuro en términos de deuda, tanto para otras administraciones, como para las nuevas generaciones. Sobre el Consejo que definirá las obras alertó que abre la puerta a la discrecionalidad , además de que no hay certeza de la solvencia de los recursos.
“Van a definir de forma discrecional los proyectos, qué recurso se va a asignar cuántos años tendrá esa deuda de hasta 40 años, tomar los recursos de las Afores , porque hoy se llenan la boca diciendo que habrá 5.4 billones de pesos. ¿Saben de dónde? De deuda pública y de las Afores”. “El gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni cuánto ha gastado ni cómo se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama: manipular y maquillar las cuentas”, sentenció. En el PRI, la advertencia fue sobre los riesgos fiscales y presupuestales, que conllevará la aplicación de la nueva ley. El diputado Emilio Suárez Licona advirtió que se diluyen los tramos de trazabilidad del presupuesto y las obligaciones financieras del Estado. Jericó Abramo Masso, también del PRI, pidió que se establecieran controles para garantizar una mayor transparencia, como la integración del Consejo con técnicos y expertos, así como la posibilidad de que la Cámara de Diputados pudiera supervisar los VPEs , pero al final no se aceptó.
Por otro lado reconoció como un avance que el gobierno actual reconociera la necesidad de abrir la puerta a la inversión mixta. “No hay contrapesos institucionales y limita el ejercicio de la Cámara de Diputados como responsable de determinar el Presupuesto público”, dijo al advertir sobre riesgos a la seguridad jurídica, la transparencia y la fiscalización. Movimiento Ciudadano aprobó la emisión de la ley en lo general, pero votó en contra en lo particular, al advertir que en el fondo no hay cambios sobre quién absorbe las pérdidas cuando un proyecto no avanza. “Se habla de distribuir riesgos entre el sector público y privado, pero la experiencia nos ha enseñado algo muy simple: cuando hay ganancias gana el privado, cuando hay pérdidas paga el Estado y esta ley no cambia esa lógica», dijo la diputada Patricia Flores. A propuesta del diputado Carlos Ventura, de Morena, eliminó «por redundante» el único cambio que los legisladores habían realizado a la iniciativa presidencial durante su dictaminación. Este indicaba «los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que se desarrollen al amparo de la presente ley deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en la Constitución y a las Leyes Federal de Presupuesto, el Presupuesto de Egresos y los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas». Al respecto, la panista Margariza Zavala cuestionó el retiro de dicha medida. «Me parece sospechoso que en este momento ustedes justamente estén quitando los límites a las decisiones cuando se trata de una ley que permite hasta contratar sin presupuesto alguno», dijo.
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