Los últimos cuatro meses, la 66 Legislatura amarró los cambios al Poder Judicial, la estrategia de seguridad pública, las políticas hidráulica, aduanera y de comercio internacional, principales materias en las que legisló en el periodo de sesiones recién concluido. De acuerdo con la mayoría legislativa, que ostenta Morena, lo aprobado “no son actos aislados, sino que forman parte de la redefinición del papel del Estado en la vida pública y la consolidación de un proyecto político que busca articular desarrollo, justicia social y soberanía”.
Los temas polémicos
Estos meses de la Legislatura fueron también de confrontación política. Para la oposición fue un periodo ordinario donde Morena avanzó hacia la concentración de poder. En total fueron 55 dictámenes de ley o decretos aprobados y de ellos 18 iniciativas fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia de las dos anteriores legislaturas, 64 y 65, en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue el “gran legislador”, ahora la mandataria promovió una parte menor de las reformas que fueron avaladas, y sus propuestas sí sufrieron modificaciones. Algunos ejemplos fueron la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacional (LAN) modificadas en el pleno, además de las reformas a la Ley de Amparo, o a la Ley de Salud en materia de vapeadores, asuntos promovidos por la Presidencia y que tuvieron cambios. Dado que Acción Nacional (PAN) es la primera minoría en la Cámara de Diputados, a partir del 1 de septiembre, asumió la presidencia de la mesa directiva camaral una de sus integrantes. El cargo lo ocupará hasta agosto de 2026 la diputada panista Kenia López Rabadán, quien en su balance de esos meses de presidencia destacó que hubo reformas relevantes que impactarán la vida nacional. Este proceso “implicó un análisis profundo, la presentación de reservas y una deliberación amplia entre los grupos parlamentarios, dada la relevancia de estas decisiones para nuestro país”, dijo. Eso fue posible “garantizando la pluralidad, el orden, el respeto, la apertura y la dignidad de cada legislador y legisladora. Se dio trámite a mil 71 iniciativas y se recibieron 34 minutas de la colegisladora”, destacó. Y si bien para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hubo apertura a la discusión plural como nunca antes, ninguna de las cientos de reservas presentadas por la oposición a los dictámenes votados, al menos en este periodo, fueron admitidos. “Nuestro sistema político nunca había tenido esta capacidad para procesar la pluralidad con reglas, para deliberar con madurez y para convertir mayorías y minorías en actores corresponsables de las decisiones del Estado”, expuso en su balance legislativo. La posición volvió a estar marginada, como en las Legislaturas 64 y 65, en las que ha habido mayoría de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM). Entre los temas relevantes que fueron abordados, por ejemplo, estuvo la formalización de la función de control aduanero dado a la Secretaría de la Marina, o la imposición de alzas arancelarias a más de 1,600 fracciones de importaciones provenientes de países sin tratado comercial con nuestro país. Con ello, México marcó su respaldo a sus socios comerciales del Norte: Estados Unidos y Canadá. Otro tema relevante pero que fue propuesto por los diputados y no por la presidenta, fue los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, conocida como “click to cancel”. La propuesta fue de Monreal y pasó fast track, sin dictamen y busca que consumidores de plataformas y servicios con cargos automáticos, tales como plataformas de telefonía, deportes, películas, música, videojuegos, aplicaciones móviles y demás servicios en línea, no estén atados a esos servicios y sus pagos, y puedan cancelar con facilidad. Otra enmienda de ese tipo propuesta también por el líder morenista fue para establecer que las instituciones financieras no pueden cobrar comisiones por servicios no solicitados y contratados expresamente, como las tarjetas de crédito que gestionan sin que los clientes las pidan.
Asuntos también relevantes, pero además polémicos, fueron las reformas en materia de salud para prohibir la venta de bebidas azucaradas a menores de edad. Otra fue en materia de combate a la extorsión, misma que dieron un marco jurídico que permite la coordinación entre autoridades, el uso de la tecnología y el aumento de sanciones. Estas fueron cuestionadas por la oposición, debido a que se propuso un tipo penal único para tipificar y sancionar la extorsión, pero en cuando menos seis entidades la pena de prisión vigente era mayor, por lo que los sentenciados podrían beneficiarse con menos años de cárcel y salir; se estimaba la preliberación de unos 600 reos. Así, la iniciativa original presentada por la presidenta Sheinbaum fue modificada por el Senado y los cambios fueron asumidos por los diputados, pero no en respuesta a las propuestas de la oposición. También fue modificada la propuesta presidencial de cambios a la Ley de Amparo, con lo que se reforzó la reforma judicial, ya que se acotaron los mecanismos para tramitar un juicio de protección de garantías. Esa reforma acotó el interés legítimo de los quejosos, de manera que por ejemplo organizaciones dedicadas a la protección ambiental o a los derechos humanos verán limitada su posibilidad de litigio estratégico. También se limitó la posibilidad de obtener orden judicial de suspensión ante actos del gobierno, pues no procederá si el juzgador determina que está de por medio el interés público, que quedó establecido como el del gobierno. En este caso fueron los diputados los que corrigieron al Senado, que decidió introducir la figura de la retroactividad de las reformas. Los diputados enmendaron al determinar que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. La propuesta presidencial que tuvo más cambios fue la nueva ley General de Aguas, misma que originó movilización del sector campesino, sobre todo. Ya concluida la dictaminación, Monreal encabezó las negociaciones para hacer modificaciones al dictamen. La propuesta inicial tuvo al menos 96 cambios ya en el pleno. Las principales modificaciones trataron de desactivar la protesta campesina a la propuesta del Ejecutivo de cancelar toda posibilidad de transmisión (por herencia, venta o renta) de derechos de uso y aprovechamiento de agua, lo que los críticos alertaron que rompía el binomio tierra-agua, fundamental para la actividad agropecuaria. También la propuesta presidencial de reforma secundaria para prohibir y aumentar sanciones por la compra y uso de vapeadores centró el debate las últimas semanas. Originalmente se buscaba sancionar con hasta ocho años de prisión la compra, venta, producción, distribución, almacenamiento de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Tras la alerta opositora se modificó para clarificar que será sancionada la compra venta pero sólo para fines de comercialización, no el uso y portación personal de esos dispositivos. Todas esas modificaciones, entre otros temas que no fueron cambiados, centraron la protesta opositora, pero no se admitieron sus propuestas de redacción, sino que Morena, como en todos los casos, prefirió autocorregirse: presentó y aprobó sus propias reservas a los dictámenes.
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