El derrame de petróleo que comunidades del Golfo de México denunciaron que estaba contaminado sus playas a inicios de marzo continúa provocado afectaciones extensas, persistentes y acumulativas. De acuerdo con organizaciones civiles, el hidrocarburo ya ha afectado más de 630 kilómetros de litoral en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con presencia en al menos 51 sitios costeros, incluidos playas, manglares, esteros y zonas arrecifales , pese a que las autoridades reconocen una “afectación focalizada”.
En tanto que los impactos ambientales, sociales y económicos también siguen siendo documentos por pobladores, activistas y organizaciones de la sociedad civil quienes insisten en que existen dudas sobre el origen del petróleo vertido y la respuesta institucional que se ha tenido frente a esta emergencia. Este martes, a través de un comunicado, diversas organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conexiones Climáticas y la Alianza Mexicana contra el Fracking , alzaron la voz y denunciaron que hoy se sabe que el derrame actual del Golfo de México no comenzó en marzo de 2026 , cuando aparecieron los primeros reportes en playas de Veracruz y Tabasco, sino que empezó desde inicios de febrero , en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro. Las organizaciones apuntan que una investigación independiente reveló que desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto. Mientras que el 7 de febrero llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. En tanto que durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto OLD AK C, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas. «En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 km². También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata», apuntaron.
Semanas más tarde, a inicios de marzo, ese hidrocarburo derramado comenzó a arribar de manera sostenida a las costas de Tabasco, Veracruz y, posteriormente, Tamaulipas. «Mientras que para el 21 de marzo ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados, prácticamente toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 51 sitios reportados con presencia de chapopote, impactos sobre playas, manglares, fauna y medios de vida comunitarios», denunciaron las organizaciones. Los organizaciones aseguran que hay una respuesta institucional insuficiente, pues las pruebas muestran que aunque hubo conocimiento temprano del vertido, intervención operativa en la zona, también existió una decisión de no alertar públicamente, y advirtieron que «la prueba más clara de ese ocultamiento es que, después de actuar en el sitio desde febrero, las autoridades no informaron a las comunidades ni al país y semanas después, presentaron el desastre como si apenas comenzara.
Grupo interinstitucional refuerza acciones ante presencia de hidrocarburo Organizaciones exigen transparencia Opacidad y silencio por parte de autoridades ambientales, una historia que se repite Es un círculo vicioso: los fenómenos climáticos dañan los ductos, provocan derrames, y estos agravan la crisis ambiental. Pemex contamina, promete limpiar y todo se diluye en comunicados técnicos. Mientras tanto, el ecosistema muere lentamente. “Extraer hidrocarburos del océano o del subsuelo siempre traerá derrames. No hay manera de evitarlos. Decir que es seguro es una mentira.
Si bien el pasado jueves 26 de marzo, en conferencia de prensa las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell, las organizaciones apuntan que la pieza central de esa versión fue clara: «sembrar la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural». Sin embargo, la evidencia disponible de las organizaciones, aseguran que desmiente esa narrativa. «Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales», apuntaron. Ante esta situación, activistas insisten en que si bien el “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas” (PNC) del Gobierno Federal, obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. En este caso, el ocultar la fuente y omitir al responsable viola la lógica del Plan, pero también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado. «Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida», apuntaron. Es así que a este 31 de marzo, en las comunidades costeras, la contingencia continua provocando efectos tangibles como la caída en la actividad pesquera, afectaciones al turismo y preocupación por riesgos sanitarios asociados al contacto con residuos petroleros, peso a que gobierno informó ya que ha desplegado apoyos económicos y operativos. Desde el pasado 26 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la conformación de un Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender la emergencia, integrado por: – Secretaría de Marina (Semar) – Petróleos Mexicanos (Pemex) – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) – Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) – Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) – Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) – Otras instancias federales y locales A este 30 de marzo, este grupo mantiene un despliegue operativo de más de 3,000 elementos, con 47 embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención para atender tanto mar abierto como zonas costeras. Entre las acciones reportadas se encuentran labores de limpieza en playas, instalación de barreras en puntos críticos, monitoreo de fauna, vuelos de reconocimiento, modelación de la trayectoria del hidrocarburo y revisión de infraestructura petrolera en la zona de origen, particularmente en el complejo Cantarell . Mientras que drente a Coatzacoalcos se detectaron emanaciones naturales, por lo que se activaron acciones de supervisión, contención y limpieza. También se informó que se han implementado apoyos económicos y sanitarios para comunidades afectadas, así como programas temporales de empleo en tareas de saneamiento. Como parte de estas acciones, se informó que al 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburo en playas y poco más de 40 toneladas en el mar , con atención en más de 630 kilómetros de litoral. Mientras que las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo continúan: de 13 buques identificados, siete ya han sido revisados y el resto están en proceso con apoyo internacional. Sin embargo, estas acciones se desarrollan en paralelo a una investigación aún inconclusa sobre la fuente del derrame. Es así que mientras el gobierno plantea posibles causas como emanaciones naturales o la participación de embarcaciones, organizaciones civiles insisten en que existe evidencia de un origen vinculado a infraestructura petrolera desde febrero, lo que habría implicado una respuesta tardía y sin alerta pública oportuna. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, se han sumado al llamado que organizaciones lanzaron para que Grupo Interinstitucional conformado para atender esta emergencia informe públicamente y sin evasivas , pues argumentan, «la población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad». «Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades», apuntaron. En ese sentido exigen que se transparente desde cuándo se tuvo conocimiento del derrame, que se identifique con sustento técnico a los responsables y que se garantice la aplicación del principio de “quien contamina paga”. También solicitan la publicación de documentos clave del Plan Nacional de Contingencia, incluidos los avisos iniciales, evaluaciones de riesgo y mapas de afectación. Adicionalmente, exigen medidas concretas de restauración ambiental, monitoreo a largo plazo en ecosistemas como manglares y arrecifes, así como esquemas de indemnización y reparación integral para las comunidades afectadas. Otro punto central es la posible apertura de investigaciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables del daño ambiental «Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió», advirtieron. Desde 2025 tras un derrame registrado en Veracruz a finales de octubre, Pablo Ramírez, campañista de Greenpeace y y Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, coincidieron en que estos incidentes reflejan el abandono institucional y la falta de transparencia que rodean los siniestros petroleros en el país. Ramírez criticó entonces que existe desde las instituciones federales opacidad sobre el total del hidrocarburo derramado o la magnitud del impacto ambiental que estos derrames suelen tener. “Sin transparencia, no puede haber reparación. No sabemos cuántos litros de petróleo se derraman realmente. Lo preocupante es lo que no se recupera, lo que se infiltra en los suelos y en los mantos acuíferos. Hay muy poca información sobre el impacto real”, advirtió entonces. Ramírez subrayó que el daño ambiental y humano de estos incidentes suelen tener también dimensiones mayores a las reportadas, pues recordó que “un solo barril de hidrocarburo puede contaminar hasta 80 millones de litros de agua”. “La contaminación del agua subterránea es de las más difíciles de limpiar. Los efectos se prolongan y pueden afectar la salud de las comunidades por mucho tiempo”, agregó. Ambientalistas advirtien así que los derrames son un problema estructural que se repite una y otra vez , producto de una industria petrolera envejecida, sin mantenimiento ni supervisión adecuada, y marcada por la falta de rendición de cuentas. Y es que de acuerdo con Greenpeace México, en el país ocurren en promedio 16 derrames diarios relacionados con la industria fósil, muchos de ellos sin ser reportados. “El petróleo se sigue filtrando en silencio. Algunos derrames se atribuyen a tomas clandestinas, otros a fallas en ductos obsoletos, pero el patrón es el mismo: Pemex contamina y las consecuencias las pagan los ríos, la biodiversidad y las comunidades”, resumió Ramírez. Entre 2020 y 2022, la frecuencia de siniestros en instalaciones de Pemex aumentó 152%, mientras que la gravedad de los incidentes creció 126%. Las fugas y explosiones han dejado más de 17.2 millones de metros cuadrados de suelo contaminado, sin contar las aguas afectadas. Casi una cuarta parte de los casos carece de programas de remediación, según datos de Greenpeace. Ante ello, para Greenpeace México y Oceana, el problema de fondo de los derrame petróleos en México radica en que, mientras el país mantenga su dependencia de los combustibles fósiles, este tipo de incidentes seguirán siendo inevitables. Ante ello, ambas organizaciones llamaron urgentemente a impulsar la transición energética, al tiempo que exigieron mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de Pemex y las autoridades ambientales. La ambientalista añadió que la falta de información pública agrava la crisis. “Estos accidentes solo se conocen cuando las comunidades los denuncian o cuando los medios los documentan. No hay datos claros sobre los efectos reales, ni de Pemex ni de las empresas privadas.” Tanto Terrazas como Ramírez reiteraron la necesidad de avanzar hacia una transición energética real y gradual, que reduzca la dependencia del petróleo y priorice la protección ambiental. “El futuro no está en el petróleo. Es indispensable planear la salida de la industria fósil, invertir en energías limpias y destinar presupuesto al mantenimiento de la infraestructura existente”, subrayó Ramírez. “No hay política climática sin reducir el uso de combustibles fósiles. México no puede seguir viendo el Golfo solo como una fuente de petróleo: es un espacio vital para la biodiversidad y para millones de personas”, añadió Terrazas.
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