La creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) entre México y Estados Unidos constituye un hecho relevante para analizar la evolución de la política burocrática estadounidense en la relación bilateral. El acuerdo, impulsado por el embajador estadounidense Ronald Johnson, plantea una coordinación permanente entre 15 agencias del gobierno de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas, con el propósito de generar resultados concretos en temas de seguridad, migración y combate al crimen organizado.
Desde la perspectiva de la política burocrática, el BIG puede interpretarse como una manifestación de soft power , entendido como la capacidad de influir mediante la cooperación institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación, en contraste con estrategias de hard power basadas en la coerción, la presión económica o las amenazas unilaterales. Durante los últimos años, la relación México-Estados Unidos ha estado marcada por elementos de hard power . Entre ellos destacan las amenazas arancelarias, las presiones migratorias, la militarización de la frontera y las demandas para incrementar las acciones contra los cárteles del narcotráfico. Estas medidas reflejan una lógica de poder basada en la capacidad de imponer costos o modificar conductas mediante instrumentos coercitivos. Sin embargo, el BIG introduce una dinámica distinta. Su diseño institucional privilegia la cooperación interagencial, el intercambio de información, la coordinación operativa y la definición conjunta de objetivos estratégicos. La declaración de que “Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos” refleja una narrativa orientada a fortalecer la confianza mutua y la corresponsabilidad en la gestión de problemas compartidos. No obstante, sería prematuro afirmar que Estados Unidos ha abandonado completamente el hard power . En realidad, el BIG parece representar una estrategia híbrida donde la cooperación institucional funciona como un mecanismo para alcanzar objetivos prioritarios de seguridad nacional estadounidense. Las áreas de trabajo definidas —combate a organizaciones criminales transnacionales, fortalecimiento de la seguridad fronteriza, contención de la migración irregular, combate al financiamiento ilícito y al robo de combustible— responden directamente a intereses estratégicos de Washington.
Desde una visión crítica, también puede argumentarse que esta agenda incorpora elementos potencialmente intervencionistas. Aunque formalmente se sustenta en la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía, la amplitud de los temas abordados permite una mayor presencia e influencia de agencias estadounidenses en asuntos tradicionalmente vinculados con la seguridad interior, el control fronterizo y la gestión migratoria de México. La participación de quince agencias federales estadounidenses refleja la importancia que Washington asigna a estos temas y evidencia su interés por incidir en la definición de prioridades, mecanismos de evaluación y resultados operativos. En este sentido, el BIG puede interpretarse como una forma de intervención institucional indirecta, basada no en la imposición unilateral, sino en la capacidad de orientar agendas, recursos y procesos de coordinación bajo un marco de gobernanza compartida. Por ello, más que un reemplazo del hard power por el soft power , el BIG refleja una adaptación de la política burocrática estadounidense hacia esquemas de gobernanza colaborativa. Este enfoque busca incrementar la eficacia de las políticas públicas mediante la coordinación binacional y la construcción de capacidades institucionales compartidas. En un contexto de creciente interdependencia económica y en el marco de la renegociación del T-MEC y desafíos transnacionales complejos, el BIG podría convertirse en un ejemplo de cómo la cooperación, la seguridad y la influencia estratégica convergen para fortalecer los intereses de Estados Unidos, al tiempo que plantean nuevos desafíos para la autonomía y la gobernanza de México. ____ Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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