La semana pasada, la Suprema Corte discutió si los recursos de las Afores que reciben los familiares de trabajadores fallecidos deben pagar Impuesto sobre la Renta. El proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías, que así lo proponía, no alcanzó la mayoría necesaria y el asunto fue returnado al ministro Giovanni Figueroa para la elaboración de una nueva propuesta.
Pero, en medio del escándalo mediático, Lenia Batres puso sobre la mesa una discusión que México ha evitado durante décadas: ¿deben las herencias pagar impuestos? La contradicción de criterios 49/2026 analizada por la Corte planteaba una cuestión estrictamente jurídica. El problema consistía en determinar si los recursos acumulados en una cuenta individual de retiro que recibe la persona beneficiaria de un trabajador fallecido deben considerarse ingresos exentos, por equipararse a una herencia o legado, o si constituyen un ingreso gravable sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta. El proyecto de Herrerías sostenía que sí debían pagar impuestos. Su razonamiento era técnicamente sólido: los beneficiarios de una Afore no adquieren esa calidad mediante un juicio sucesorio ni por disposición testamentaria, sino a partir de una designación administrativa prevista en la legislación de seguridad social. Jurídicamente, no son herederos ni legatarios en sentido estricto. La mayoría del Pleno no compartió esa interpretación y el proyecto fue desechado. Y, probablemente, hizo bien. Existe una diferencia evidente entre los ahorros para el retiro acumulados por una persona trabajadora durante décadas y las grandes fortunas que pasan de generación en generación. Las Afores cumplen una función de seguridad social y protección familiar que difícilmente puede equipararse a la transmisión ordinaria del patrimonio. Sin embargo, sería un error concluir que la discusión terminó ahí. Durante el debate, Lenia Batres sostuvo que el verdadero problema no son las Afores, sino que en México las herencias y los legados permanezcan prácticamente exentos, aun cuando representan riqueza obtenida sin esfuerzo propio y contribuyen a reproducir desigualdades económicas entre generaciones. La afirmación generó indignación inmediata en redes, pero también abrió una conversación que rara vez aparece en la agenda pública. Y vale la pena preguntarse si esa discusión es realmente tan descabellada. México constituye una excepción internacional en esta materia. Estados Unidos mantiene un impuesto federal para grandes sucesiones. Reino Unido grava las herencias que superan ciertos umbrales. Francia, Alemania y Japón cuentan con esquemas progresivos similares. El objetivo no consiste en castigar el ahorro familiar ni en impedir que los padres ayuden a sus hijos, sino en evitar la concentración indefinida de enormes fortunas a lo largo de varias generaciones.
Desde luego, tampoco se trata de equiparar la cuenta individual de retiro de un trabajador con un patrimonio empresarial multimillonario. Imaginemos dos casos. En el primero, una familia recibe los recursos acumulados en una Afore después del fallecimiento de quien dedicó toda una vida al trabajo. En el segundo, una persona hereda empresas, inmuebles y activos financieros valuados en miles de millones de pesos. ¿Deben ambos supuestos recibir exactamente el mismo tratamiento fiscal? La pregunta no es sencilla, pero tampoco puede despacharse con consignas o caricaturas ideológicas. Las sociedades democráticas enfrentan permanentemente una tensión entre dos valores igualmente importantes: el derecho de las personas a disponer libremente de su patrimonio y la necesidad de evitar que la riqueza heredada determine, de manera irreversible, las oportunidades de las futuras generaciones. Quizá por eso el verdadero debate no sea si una viuda debe pagar impuestos por recibir una Afore. La respuesta, en mi opinión, es que no. El debate consiste en determinar si las grandes herencias deben contribuir, al menos en alguna medida, al financiamiento colectivo y a la reducción de las desigualdades sociales. La Corte tendrá una nueva oportunidad para pronunciarse cuando el ministro Giovanni Figueroa presente un nuevo proyecto. Entretanto, convendría abandonar el ruido mediático y reconocer que la polémica dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿queremos una sociedad donde el éxito dependa cada vez más del trabajo y el mérito, o una donde la fortuna de nacer en determinada familia siga siendo el principal factor de movilidad económica?
Proteger los ahorros construidos durante toda una vida parece una decisión razonable. Pero quizá ya no resulte tan razonable que una modesta cuenta de retiro y una fortuna heredada durante generaciones reciban exactamente el mismo tratamiento fiscal. Ese, y no otro, es el debate que México tendrá que afrontar más temprano que tarde. _____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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