El índice de paz que el gobierno leyó con tijeras

La estadística como anestesia

Hay gobiernos que gobiernan y gobiernos que narran. El de Claudia Sheinbaum ha optado con una claridad que ya no admite interpretación caritativa por lo segundo. El Índice de Paz México 2026 —instrumento técnico serio, producido por un organismo internacional independiente— fue convertido esta semana en material de campaña permanente: una reducción del 22.7% en homicidios presentada como victoria histórica, como prueba de estrategia, como evidencia de que algo en este país finalmente funciona. Ninguna de esas tres lecturas resiste un análisis de treinta minutos con el informe completo sobre la mesa.

Los números que no subieron al podio

Pero eso exige leer más allá de la portada. Y leer más allá de la portada nunca ha sido el fuerte de los gobiernos que viven del micrófono. El mismo informe que el gobierno celebró con aplausos propios documenta, en sus páginas internas, una realidad que destruye la narrativa antes de que el discurso termine. El acumulado histórico de personas desaparecidas en México supera las 113,000. En un solo año se registraron alrededor de 35,000 desapariciones; 12,000 de esas personas siguen sin ser localizadas. El 75.6% de los mexicanos se siente inseguro en su propio estado, dos puntos porcentuales más que el año anterior. La violencia sexual y la violencia intrafamiliar crecieron. El impacto económico de la violencia equivale al 11% del PIB nacional: cuatro billones de pesos, treinta mil pesos por cada habitante de este país. Una persona desaparecida que no aparece no está de vacaciones. En el ecosistema criminal de México, esa persona es, con una probabilidad que no necesita eufemismos, una víctima de violencia letal cuyo cuerpo no fue encontrado y cuyo caso no fue clasificado como homicidio. Las desapariciones son el archivo donde se archiva la violencia que el Estado prefiere no contabilizar. Cuando los homicidios bajan y las desapariciones suben, no estamos ante una mejora en seguridad. Estamos ante una mejora en la forma de ocultar la violencia.

El problema de fondo: los datos son del acusado La paz que se fabrica llenando cárceles vacías de justicia Sinaloa: el agujero negro que nadie mencionó

Toda la arquitectura estadística del índice descansa sobre cifras que reportan las propias fiscalías estatales al gobierno federal. Eso no es un detalle técnico menor: es una falla estructural que contamina cualquier lectura triunfalista. Hemos documentado cómo ciertas fiscalías reclasifican tentativas de homicidio en categorías de menor peso, cómo el estatus de las personas desaparecidas no se actualiza de forma sistemática, y cómo el gobierno mezcla con toda comodidad los datos del INEGI con los del SESNSP según cuál de los dos registre el número más conveniente para el comparativo del día. Para 2024, la brecha entre ambas fuentes fue de más de 3,000 homicidios. Tres mil cuerpos de diferencia. Cuando el acusado es quien aporta las pruebas de su propia inocencia, no hay juicio posible: hay pantomima. La caída en homicidios tiene una explicación que el gobierno evita nombrar con precisión porque lo que describe no es una política, es una apuesta: encarcelamiento masivo. La población penitenciaria creció en casi 21,000 personas durante 2025, alcanzando 256,000 reclusos al cierre del año. En febrero de 2026 ya superaba los 260,000. Más arrestos producen menos cuerpos visibles en el corto plazo. Eso es aritméticamente correcto. El problema es que México opera con dos jueces por cada 100,000 habitantes, una séptima parte del promedio internacional. Lo que se está construyendo no es paz sostenible: es hacinamiento carcelario sin sentencias, sin reinserción, sin tocar una sola causa estructural del crimen organizado. Es tapar una hemorragia con presión manual, llamarla cirugía y cobrar honorarios. Mientras el gobierno presentaba cifras nacionales con gráficas de colores, Culiacán pasó de 64 a 107 homicidios por cada 100,000 habitantes en doce meses. Un incremento del 70% en la capital de un estado. Sinaloa registró el tercer mayor deterioro en la historia completa del índice. Guerrero, Morelos y Colima absorben costos de violencia equivalentes al 20% de sus economías locales. Diez entidades retrocedieron. La fragmentación de los grandes cárteles no es un logro de política pública: es el preámbulo histórico conocido de guerras de sucesión criminal que se dispersan en el territorio, se vuelven más capilarizadas, más difíciles de rastrear y devastadoras para las poblaciones que quedan atrapadas entre facciones.

La narrativa es la política

México no tiene hoy una política de seguridad. Tiene una política de gestión de percepciones construida sobre estadísticas parciales, fuentes comprometidas y un índice independiente que se utiliza como sello de calidad mientras sus advertencias más graves se descartan en silencio. La caída en homicidios merece examen riguroso, no ovación anticipada. Porque cuando el miedo ciudadano sube mientras bajan los cuerpos contados, lo que ocurre no es una mejora en seguridad pública: es una mejora en la clasificación administrativa de la violencia. La diferencia entre ambas cosas tiene un nombre técnico preciso. Se llama impunidad. Y la impunidad en México lleva décadas siendo la política de seguridad más consistente, más transexenal y más tripartidista que este país ha tenido, sin importar quién firma el decreto, quién presenta el índice ni a qué hora se coloca el micrófono. Ciento trece mil personas desaparecidas no aplauden desde ningún podio. Eso también es un dato. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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