El próximo lunes, horas antes de que se dictamine el »Plan B» de reforma electoral, senadores se reunirán con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer su postura ante los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa presidencial remitida por la mandataria al Senado impacta en las tareas del INE en cuando a la posibilidad de que el proceso de revocación de mandato pueda celebrarse junto con elecciones federales de 2027, los riesgos a la equidad y al arbitraje electoral.
Sin embargo en la iniciativa no se contempla por ahora modificación a la estructura o funciones del INE, misma que de acuerdo a expertos podrían ser materia de reformas a leyes secundarias. Por ahora únicamente se plantea reducción salarial de consejeros. La consejera presidenta del INE ¿, Guadalupe Taddei, solicitó audiencia al Senado y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, de Morena, abrió un espacio para que los consejeros del Instituto que deseen se presenten ante los legisladores el lunes. Ese mismo día por la tarde, la Comisión dictaminará la iniciativa presidencial, y según acuerdo suscrito por senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) la aprobarán en sus términos. El núcleo de la propuesta presidencial en su versión »Plan B» propone regular que los congresos estatales no cuenten con un gasto superior a 0.70% del gasto total del estado correspondiente. Además plantea limitar el número de regidores que integran los cabildos municipales, para que no excedan de entre siete y 15 máximo, según la población gobernada en cada municipio. La consejera presidenta Taddei reconoció el mes pasado, al ser cuestionada sobre la inclusión de las poco más de 200 propuestas que el INE presentó en enero a la Comisión Presidencial de la reforma electoral, que lo que sí se tomó en cuenta es tener “mayor coordinación entre autoridades”. Lo que el INE está interesado en impulsar es, entre otras cosas, diferir la fecha de elección de personas juzgadoras, mismas que de acuerdo a la reforma judicial deberán realizarse en 2027, en que estarán sujetos a elección la Cámara de Diputados, cientos de ayuntamientos y 17 gobiernos estatales, lo que aumentará la carga del Instituto.
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