Durante los últimos años el gobierno federal repite una frase que se ha vuelto mantra político: «atender las causas». Bajo ese concepto se agrupan ferias de servicios, recuperación de espacios públicos, canje de armas, jornadas comunitarias y programas para jóvenes en zonas de alta violencia.
¿Qué son realmente «las causas»?
El documento oficial presentado el 10 de marzo de 2026 presenta cifras considerables: 312,000 hogares visitados, 5.5 millones de servicios y trámites brindados, 376 espacios públicos recuperados y 9,201 armas canjeadas entre octubre de 2024 y marzo de 2026. El esfuerzo es real. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿eso explica una mejora sostenida en seguridad, o simplemente compensa las fallas acumuladas de los gobiernos estatales o municipales? En criminología, las causas de la violencia no son un concepto difuso. Se identifican en factores estructurales concretos: desigualdad persistente, ausencia de oportunidades educativas, deterioro urbano, debilitamiento institucional y presencia consolidada de economías criminales. Esos factores no se corrigen con jornadas de servicios ni ferias comunitarias. El mantra de gobierno identifica «jóvenes en contexto de vulnerabilidad», «necesidades familiares y comunitarias» y territorios con alta incidencia delictiva. Desde ese diagnóstico se desplegaron 485 Ferias de Paz, 367 Comités de Paz y más de 8,000 Mesas de Paz, además de la participación de más de 292,000 personas en programas sociales. El problema es que buena parte de esas acciones corresponde a funciones ordinarias de los gobiernos locales: mantenimiento urbano, servicios básicos, prevención comunitaria y atención social. Tareas que constitucional y funcionalmente recaen en municipios y estados. Cuando esas tareas fallan durante décadas, el deterioro social se convierte en terreno fértil para el crimen organizado.
Las omisiones históricas de los gobiernos locales ¿Hacer la tarea local desde la federación mejora la seguridad?
Llamar «causas» a esas omisiones administrativas, sin embargo, transforma un problema de gobernanza en un relato político. La estrategia federal ha intervenido en territorios con violencia crónica: Ecatepec, Celaya, Salamanca, Cajeme, Tlaquepaque, Chilpancingo. Son municipios donde el Estado local ha fallado de forma sistemática y prolongada. En esos lugares no faltaron únicamente programas sociales. Faltó policía profesional, fiscalías eficaces, regulación urbana, control del territorio y coordinación política. Faltó Estado. El documento presentado lo evidencia de manera indirecta: para brindar 5.5 millones de servicios y trámites, el gobierno federal tuvo que desplegar operativos administrativos que sustituyen, de hecho, la capacidad institucional local. El riesgo de esa sustitución es claro. Cuando la federación asume la provisión directa de servicios básicos, los gobiernos estatales y municipales quedan liberados de responsabilidades políticas y presupuestales. El incentivo resultante es perverso: esperar la intervención federal en lugar de reconstruir instituciones propias. Las políticas sociales pueden reducir factores de riesgo en el largo plazo. Recuperar espacios públicos, fortalecer comunidades o atender jóvenes vulnerables tiene valor. El problema surge cuando esas acciones se presentan como estrategia central de seguridad. El crimen organizado que domina regiones como Guanajuato, Michoacán o Sinaloa no opera únicamente por pobreza juvenil. Opera mediante estructuras financieras, redes logísticas, corrupción política y control territorial armado. En ese contexto, una feria de servicios puede mejorar la relación entre gobierno y comunidad, pero difícilmente altera el equilibrio criminal que sostiene la violencia. Confundir prevención social con estrategia de seguridad produce un efecto político conveniente: permite mostrar resultados cuantificables —eventos, beneficiarios, trámites— mientras la disputa real por el control del territorio permanece sin resolverse.
Rutas para una política de seguridad más realista Conclusión
Una estrategia sostenible requiere cuatro correcciones de fondo. Primero, reconstruir capacidades policiales estatales y municipales. Sin policías locales profesionales, bien pagados y supervisados, cualquier política social opera sobre un territorio que sigue bajo presión criminal. Segundo , establecer mecanismos de corresponsabilidad fiscal y política. Los estados con déficits estructurales de seguridad deben enfrentar incentivos presupuestales concretos para reformar sus instituciones. Tercero , sostener políticas culturales y comunitarias de manera permanente, no eventual. Centros culturales, deporte comunitario y programas juveniles deben funcionar todos los días, no solo durante jornadas federales. Cuarto , transparentar la relación entre programas sociales y reducción real de violencia a través de indicadores verificables: homicidios, extorsión, control territorial. Atender las causas es un principio válido. Pero cuando ese concepto sirve para cubrir décadas de abandono institucional local, se convierte en eslogan. El documento oficial muestra que el gobierno federal ha desplegado una maquinaria social de escala considerable. Lo que no muestra es que esa maquinaria sustituya la ausencia histórica de gobiernos estatales que no han garantizado seguridad básica. Mientras esa distinción no se reconozca con claridad, México seguirá confundiendo política social con política de seguridad. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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