El espejismo del 3.12% El Ejecutivo entregó el 8 de septiembre un Paquete Económico que asigna 331,416.4 millones de pesos a Defensa, Marina y SSPC: apenas 3.12% del gasto neto federal. La cifra invita a una lectura tranquilizadora —»la seguridad crece poco»— que es, sencillamente, incorrecta. Lo que crece no es la seguridad como función pública integral; crece, de manera desigual y deliberada, la capacidad coercitiva del Estado. El resto del ecosistema —fiscalías, policías civiles, sistema penitenciario, inteligencia financiera— queda fuera de ese 3.12% y, no por casualidad, también queda fuera del reparto generoso.
Marina, la ganadora que nadie explica del todo La Secretaría de Marina recibe 81,223.4 millones, un incremento nominal de 23.2% y real de 19.6%: la variación más alta de las tres instituciones, por un margen que ninguna lectura razonable puede calificar de casualidad presupuestaria. El propio proyecto solo permite justificar una fracción de ese salto mediante previsiones salariales (1,259.4 millones). El resto —más de 14,000 millones— corresponde a una expansión de capacidad institucional que el Decreto no obliga a transparentar con el detalle que la magnitud del cambio exige. Que México necesite reforzar su seguridad marítima y portuaria es defendible. Que se haga sin una explicación pública proporcional al tamaño del incremento, no lo es.
Defensa: el ramo que ya no se puede leer como «presupuesto militar» El Ramo 07 crece 8.76% nominal (5.5% real) hasta 185,706.1 millones, pero desde la incorporación presupuestaria de la Guardia Nacional, comparar el total anual contra anual es un ejercicio engañoso: mezcla defensa territorial, seguridad pública, infraestructura aeroportuaria y ferroviaria, y educación militar bajo una sola etiqueta. El resultado es que ni el Congreso ni la opinión pública pueden saber, con este nivel de agregación, cuánto se destina realmente a capacidades militares convencionales y cuánto a funciones que en cualquier democracia funcional corresponderían a instituciones civiles.
SSPC: la institución que crece menos y carga más La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibe 64,486.9 millones, un aumento nominal de 7.28% —real de apenas 4.1%, el más bajo de los tres ramos—, mientras sostiene simultáneamente Plataforma México, el sistema penitenciario federal, la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la prevención social y la inteligencia civil. No es un problema solo de dinero: es un problema de diseño institucional que sigue exigiéndole a la dependencia civil más responsabilidades de las que su presupuesto puede sostener con solidez, mientras las Fuerzas Armadas concentran músculo sin la misma dispersión de tareas.
Lo que el presupuesto no financia El dato más incómodo del PPEF 2027 no es cuánto se destina a las Fuerzas Armadas: es cuánto se deja de destinar, en proporción equivalente, a investigación criminal, procuración de justicia e inteligencia financiera.
La Fiscalía General de la República opera con una fracción del presupuesto conjunto de los tres ramos de seguridad y defensa. Ningún país resuelve la extorsión, el desplazamiento forzado o el control territorial criminal exclusivamente con despliegue. Se resuelve con policías que investigan, fiscales que judicializan y jueces que sentencian. Ese eslabón sigue siendo, presupuestariamente, el más débil de la cadena. El riesgo de fondo El PPEF 2027 no reduce el gasto en seguridad; lo redistribuye hacia el componente militar y, dentro de él, hacia la Marina. Esa decisión puede ser políticamente explicable por el valor estratégico creciente de puertos y comercio exterior. Pero un Estado que fortalece su capacidad de contención sin fortalecer en la misma proporción su capacidad de resolución —judicial, de inteligencia, de procuración de justicia— no está resolviendo el problema de inseguridad: lo está administrando con más fuerza y menos derecho. La pregunta que debería hacerse el Congreso No es cuánto recibe la Sedena o la Semar. Es si, dictaminando este Decreto, los legisladores están dispuestos a exigir que la próxima discusión presupuestaria incluya, por fin, una desagregación real entre gasto militar convencional y gasto de seguridad pública dentro del Ramo 07, y una ruta creíble para que la capacidad civil de investigación crezca al ritmo que la gravedad del fenómeno criminal exige. Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando «presupuesto de seguridad» a lo que, en los hechos, es un presupuesto de fuerza. _____ *Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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