Un diagnóstico para un México que ya no existe
Hay documentos de política pública que revelan, sin quererlo, la distancia sideral entre quien los redacta y la realidad que pretenden transformar. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030 es, desafortunadamente, uno de ellos. No porque carezca de buenas intenciones —que probablemente las tiene— sino porque está construido sobre una lectura de la violencia mexicana que tiene al menos dos décadas de retraso. El documento insiste en categorías como factores de riesgo, rezago social, cohesión comunitaria y cultura de paz. Son conceptos legítimos en su momento histórico. Fueron útiles cuando la violencia urbana respondía principalmente a exclusión, desempleo juvenil y desintegración familiar.
La ficción de la prevención sin territorio
Pero México ya no vive ese escenario. Lo que hoy padece el país es cualitativamente diferente: economías criminales consolidadas con capacidad de reproducción autónoma, control territorial armado que sustituye funciones estatales, gobernanza criminal que regula mercados, cobra impuestos ilegales, administra justicia paralela y recluta fuerza laboral. Ninguno de esos fenómenos aparece nombrado con la claridad y profundidad que exige su magnitud. El programa no reconoce que en múltiples regiones del país el Estado mexicano ya no compite contra delincuentes: compite contra estructuras paraestatales. Esa diferencia no es semántica. Es estratégica. Y omitirla invalida cualquier arquitectura preventiva que se construya sobre ese silencio. El segundo error estructural del programa es suponer que los municipios son plataformas institucionales funcionales sobre las cuales puede desplegarse prevención social. No lo son. Y el documento lo sabe, o debería saberlo, porque los datos son públicos, reiterados y alarmantes. La mayoría de los municipios mexicanos carece de capacidad financiera para sostener una política preventiva de cualquier tipo. Muchos no tienen policía operativa. Otros —y esto el programa evita decirlo con todas sus letras— están infiltrados o directamente subordinados a dinámicas criminales regionales. En Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato y Morelos, hablar de prevención comunitaria en ciertos municipios es hablar de una ficción administrativa que consume recursos sin producir resultados. El programa no responde —porque no puede responder dentro de su propia lógica— preguntas fundamentales: ¿Cómo se opera prevención en territorios bajo control criminal? ¿Cómo se protege a un promotor comunitario en un municipio donde el crimen organizado controla el acceso a las colonias? ¿Cómo se evita que liderazgos sociales sean asesinados o cooptados? ¿Cómo se blindan los programas sociales de la infiltración criminal que convierte transferencias públicas en instrumentos de legitimación delincuencial? Proponer prevención sin control territorial estatal no es política pública: es narrativa institucional con presupuesto.
La confusión que se niega a corregirse Un documento sin arquitectura operativa
Desde 2019, el Estado mexicano ha sostenido una premisa que este programa hereda sin cuestionarla: que política social equivale automáticamente a prevención del delito. La lógica es seductora en su simplicidad. Más programas sociales, menos violencia. Más transferencias, menos reclutamiento criminal. Más bienestar, menos homicidios. El problema es que la evidencia empírica acumulada en los últimos años la contradice sistemáticamente. Durante el período de mayor expansión de transferencias sociales en la historia moderna del país, los homicidios se mantuvieron en niveles históricamente elevados, las desapariciones crecieron, la extorsión se expandió hacia sectores económicos que antes no la padecían, y el reclutamiento criminal no disminuyó. El programa no explica por qué. No puede explicarlo, porque hacerlo obligaría a revisar el dogma. Las organizaciones criminales actuales no reclutan exclusivamente —ni siquiera principalmente— por pobreza. Reclutan por aspiración económica diferenciada, por identidad armada, por poder local, por coerción directa, por ausencia de alternativas de movilidad social legal, por impunidad estructural y por control territorial. Reducir esa complejidad a una ecuación de carencia material no es simplificación analítica: es error técnico con consecuencias políticas graves. Quizás la crítica más devastadora que puede hacerse al programa desde una perspectiva técnica no es ideológica sino operativa: el documento no sabe cómo ejecutarse.
Habla de articulación, transversalidad, interinstitucionalidad y coordinación multinivel. Todos esos conceptos son correctos en abstracto. El problema es que ninguno viene acompañado de respuestas concretas a preguntas elementales: ¿Quién ejecuta? ¿Con qué presupuesto verificable? ¿Bajo qué modelo operativo territorial? ¿Con qué mando responsable? ¿Con qué protocolos homologados? ¿Con qué indicadores de resultado —no de proceso— que permitan medir si la violencia efectivamente disminuyó? No existe en el documento un modelo nacional de intervención territorial. No hay una metodología homologada de prevención. No hay un sistema independiente de evaluación. No hay una tipología territorial de violencia que permita focalizar intervenciones según la naturaleza específica del problema en cada región. No hay una matriz de priorización municipal. Sin esos instrumentos, el programa es lo que parece ser: un documento declarativo que puede usarse para justificar casi cualquier acción gubernamental como «preventiva», sin que nadie pueda demostrar lo contrario. Un diseño ideal para la propaganda institucional. Un diseño pésimo para la política pública. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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