Cerré la entrega anterior con una idea que ahora quiero desarrollar con más severidad: México desplegó, para el Mundial 2026, uno de los aparatos tecnológicos de seguridad más grandes de su historia reciente, y aun así la tragedia más letal del torneo ocurrió exactamente en el punto donde esa tecnología no estaba mirando. No es un matiz menor. Es la evidencia de que el gobierno confundió, con una soberbia que hoy resulta insostenible, la acumulación de dispositivos con la existencia de una estrategia.
El inventario del blindaje tecnológico La falla estructural, sin eufemismos
Las cifras documentadas son notables y conviene repetirlas sin adorno. El Plan Kukulkán movilizó 99,000 elementos apoyados por más de 2,000 vehículos militares, 33 drones y 145 aeronaves de vigilancia, además de reconocimiento facial y detección química, biológica, radiológica y nuclear en las tres sedes mexicanas. El C5 de la Ciudad de México superó los 113,000 dispositivos de videovigilancia, cifra reconocida, según la cobertura disponible, en reuniones con representantes de la FIFA. El Estado de México, sin ser sede de un solo partido, desplegó 25,000 cámaras con inteligencia artificial, 100 arcos carreteros con lectura de placas y un nuevo centro de comando con asistentes robóticos. A escala del torneo completo, en los tres países, la inversión combinada en seguridad y tecnología superó los 1,300 millones de dólares, con gemelos digitales de los 16 estadios capaces de monitorear densidad de público en tiempo real. Toda esta cifra proviene de cobertura periodística y debe contrastarse contra fuente presupuestal oficial antes de tomarse como dato definitivo. Ese último dato —el gemelo digital capaz de anticipar cuellos de botella— es exactamente la herramienta que hubiera podido prevenir, o al menos mitigar, lo ocurrido en el Ángel de la Independencia. Existía, a escala de sistema, para los estadios. No tengo evidencia de que se haya aplicado esa noche al corredor Reforma-Ángel. Si esa capacidad estaba disponible y no se activó en un espacio no perimetrado, estamos ante una negligencia de despliegue operativo. Si nunca estuvo diseñada para cubrir espacio público abierto, el problema es todavía más grave: se construyó, con dinero público considerable, un sistema de vigilancia soberbio para proteger lo que ya estaba controlado, y se dejó sin cobertura equivalente exactamente lo que resultó más peligroso. Ninguna de las dos explicaciones exime de responsabilidad a quien diseñó el operativo integral, y ambas apuntan al mismo diagnóstico: se privilegió la fotografía del despliegue sobre la eficacia real del despliegue.
El hallazgo estructural, para no repetirlo El debate de gobernanza que México evitó tener Una advertencia que nadie parece haber seguido
Este es, a mi juicio, el hallazgo más exportable de todo el ejercicio mundialista para el diseño de futuros megaeventos: la inversión en biometría, reconocimiento facial y vigilancia predictiva de acceso controlado no sustituye —y puede incluso generar una falsa sensación de cobertura total que termina sustituyendo— la necesidad de sistemas de conteo dinámico de aforo en plazas, avenidas y espacios de congregación espontánea. Un estadio se blinda con QR, filtros y biometría porque tiene puertas. Una glorieta no tiene puertas, y nadie pareció diseñar para esa diferencia elemental. Hay una dimensión de gobernanza que trato con la debida cautela, porque la evidencia disponible es desigual entre los tres países anfitriones. El despliegue masivo de reconocimiento facial y biometría generó, documentadamente, un debate internacional de sociedad civil —más de 120 organizaciones, incluidas Amnistía Internacional y la ACLU, emitieron advertencias relacionadas con vigilancia invasiva—, pero ese escrutinio se concentró casi exclusivamente en la sede estadounidense por el contexto de sus políticas migratorias. No encontré, en la información disponible, un pronunciamiento equivalente y específico de organismos de derechos humanos mexicanos sobre el uso de reconocimiento facial del C5 o del Estado de México. Esa ausencia puede deberse a un vacío de mi búsqueda y no a inexistencia del debate, pero la falta de escrutinio público equivalente en México es, en sí misma, un dato preocupante. Hay una una pregunta que sigue sin respuesta pública: «¿seguridad para quién?». No tengo evidencia de que los riesgos que se anticipaban —explotación de menores, vulneración de sectores marginados— se hayan materializado o no durante el Mundial; simplemente no encontré seguimiento público al respecto, lo cual es en sí mismo revelador de qué tan poco se audita, después del evento, lo que se prometió antes de él. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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