Instituciones sólidas, según el boletín de prensa La fotografía institucional es impecable: por primera vez, los responsables de las áreas de carrera policial de las 32 entidades federativas se sentaron en una misma mesa, convocados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, habló de instituciones «sólidas, profesionales y con visión de largo plazo». Nadie, en su sano juicio, podría oponerse a ese enunciado. El problema, como ocurre casi siempre en la arquitectura de la seguridad pública mexicana, no está en la intención del discurso sino en la distancia abismal que separa la mesa de Bucareli del cuartel municipal de cualquier cabecera con presencia de gobernanza criminal.
El espejismo de la homologación Se presentaron lineamientos, una acreditación de áreas de carrera y un nuevo esquema de Certificación Policial Individual. Suena a orden. Pero quien ha caminado una comandancia municipal en Michoacán, en Sinaloa o en Guerrero sabe que el «Servicio Profesional de Carrera» es, en la mayoría de los casos, una carpeta administrativa que existe para cumplir con una auditoría, no una función operativa viva. No hay organigramas homologados entre estados, y mucho menos entre municipios de un mismo estado. Una dirección de carrera policial en una capital con recursos técnicos no tiene comparación posible con la de un municipio rural que apenas sostiene su nómina. Pedir «coordinación entre órdenes de gobierno» sin resolver primero esta asimetría estructural es construir el edificio empezando por el techo.
La supervisión que no existe El anuncio calla, como siempre, sobre el punto más incómodo: la ausencia de una supervisión tutorial y especializada, sostenida en el tiempo, sobre lo que efectivamente ocurre dentro de las academias estatales y municipales. Se puede certificar un procedimiento en papel; no se certifica, con la misma facilidad, si el instructor que imparte uso de la fuerza en una academia municipal tiene la formación pedagógica y ética mínima para hacerlo, o si esa academia sigue replicando vicios de adiestramiento militar mal trasplantado a la función civil. La certificación individual, sin un sistema de acompañamiento y evaluación continua en campo, corre el riesgo de convertirse en otro sello burocrático más, coleccionado y archivado, no en una garantía de calidad profesional.
Una malla curricular ajena al territorio Ningún documento oficial de este encuentro habla, con la claridad que el problema exige, de revisar la malla curricular desde las necesidades reales de cada entidad. Diseñar el mismo temario para un policía que operará en una zona metropolitana con delincuencia patrimonial y para uno que enfrentará extorsión sistemática y control territorial de un grupo de delincuencia organizada, como sucede en amplias regiones de Michoacán o de Sinaloa, es un error conceptual que la retórica de «instituciones sólidas» no resuelve. La formación policial mexicana sigue ensayando un currículo genérico, redactado pensando en el país que se imagina desde el centro, no en el país real que se administra desde los municipios en conflicto.
El centralismo como método de gobierno Aquí está el núcleo severo de esta crítica: el diseño de la política de profesionalización policial en México sigue naciendo, casi en su totalidad, de una lógica centralista. Se convoca, se capacita, se certifica y se evalúa desde la Ciudad de México, y después se pide a los estados que «homologuen» realidades que jamás fueron consultadas en su diseño original.
Los estados y municipios con gobernanza criminal consolidada —donde el crimen organizado cobra piso, recluta jóvenes y disputa el control territorial con el propio Estado— no necesitan un lineamiento más; necesitan un modelo de carrera policial construido desde su contexto específico de violencia, con recursos etiquetados, blindaje salarial real y protección efectiva para el policía y su familia. Nada de eso se resuelve con una reunión, por histórica que se anuncie. Esta lógica centralista tiene, además, un costo político silencioso: convierte a los responsables estatales de carrera policial en receptores de instrucciones diseñadas en otro escritorio, no en interlocutores con capacidad real de incidir en la política. El resultado es previsible: cumplimiento formal en los informes que se envían a la Federación, y estancamiento operativo en el territorio donde la corporación trabaja. Esa brecha entre el papel y la calle es, precisamente, la que explota el crimen organizado cuando recluta o somete a policías municipales mal pagados, mal formados y mal protegidos.
Bienestar y salud mental: el tema que llega tarde Se mencionaron, de paso, retos en bienestar integral y salud mental policial. Es positivo que el tema por fin aparezca en la agenda nacional, después de años de que la propia institución lo tratara como un asunto menor. Pero mencionarlo en un encuentro no equivale a dotarlo de presupuesto, de personal clínico especializado y de una política obligatoria en las 32 entidades. La salud mental policial no se dignifica con un punto en el orden del día; se dignifica con hospitales, licencias, seguros y protocolos exigibles, que hoy, hasta donde se puede verificar públicamente, no existen de manera uniforme.
Propuesta, no solo crítica La crítica severa exige una ruta: a) Diagnósticos diferenciados por entidad y región de violencia, no un solo lineamiento nacional aplicado sin matices. b) Supervisión tutorial permanente de academias, con evaluadores externos, no autoevaluaciones estatales. c) Mallas curriculares regionalizadas, construidas con fiscalías y policías locales que enfrentan cada fenómeno delictivo específico. d) Un fondo federal etiquetado y fiscalizable, exclusivamente para dignificación salarial y salud mental policial en los municipios de mayor incidencia de violencia y gobernanza criminal. Sin estos cuatro elementos, el «primer Encuentro Nacional de Áreas de Carrera Policial» quedará, en la memoria institucional del país, como una fotografía más: bien intencionada, oportunamente difundida, y sustancialmente insuficiente frente a la magnitud del reto que enfrenta la seguridad pública mexicana en sus entidades y municipios. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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