A una semana de que venza el plazo para que millones de mexicanos registren su línea en el padrón de usuarios de telefonía celular , el diputado local de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, encabezó la presentación de amparos masivos para evitar la entrega de datos personales a las telefónicas. Los recursos, entregados a un juez federal, incluyen la solicitud de suspensión provisional para efectos de que cese la presión de las empresas para proceder al registro y que en caso de no proceder a hacerlo, no se les quite el derecho a tener línea telefónica, usar datos de Internet y aplicaciones.
Morena
Este miércoles 24 de junio, el legislador presentó los primeros amparos que, aseguró, no son sólo contra el registro telefónico celular, sino “en contra de la ley espía ”, ya que la base de datos telefónica, de acuerdo a la ley, se conectará con diversas autoridades de seguridad y fiscales. “(El gobierno) dice que es para dar seguridad; no, es para espiar. A ver, incluso en la ley expresamente pusieron que las compañías telefónicas deben almacenar nuestra geolocalización por dos años”, expuso. Con la ley y el registro de celulares, advirtió, “el gobierno tronándole los dedos a estas compañías le van a (pedir) toda la base de datos y van a tener acceso a tu teléfono a todo, a tus contactos, a tus publicaciones, a tus llamadas, a tu localización a tus cuentas de banco”. Sin embargo, alertó, el gobierno federal no protege los datos de los ciudadanos que tiene bajo su resguardo y por tanto también hay riesgo para la seguridad de los datos de celulares. “Día con día se está revelando que el gobierno federal está siendo hackeado. Hackearon a la Sedena, hackearon al SAT, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Salud ”, recordó. El también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua denunció que las compañías telefónicas de forma arbitraria “lo están haciendo (el registro), lo están modificando y están violando el aviso de privacidad , están manoseando nuestros datos”. Por eso es falso, consideró, que la mayoría de los usuarios se hayan registrado, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum quien, aseguró, este jueves »seguramente anunciará la prórroga para que los usuarios se registren». Pero, advirtió, con el amparo se busca frenar la obligación de registrar los celulares. “Se han topado con pared, han despertado al tigre, han despertado al lobo del Norte, al jaguar del Sur, al puma del centro en este despertar, en esta resistencia”, alertó el emecista. Con la suspensión provisional solicitada se busca que “se ordene a las compañías telefónicas dejar de molestarnos, es decir, que no nos manden mensajes que no nos hagan llamadas que nos borren de cualquier registro que tengan en bases de datos y lo más importante decirles que no nos vamos a registrar, pero que están impedidas a dejarnos sin llamadas, sin Internet, sin datos, sin aplicaciones, sin WhatsApp, sin Uber, como quiere el régimen de Morena «.
La reciente reforma en materia de telecomunicaciones y seguridad en México ha reavivado el debate sobre el registro de teléfonos celulares. Entre sus disposiciones, se contempla el fortalecimiento de los mecanismos de identificación de usuarios de líneas móviles, con el propósito de dificultar el uso anónimo de dispositivos en actividades delictivas y mejorar las capacidades de investigación de las autoridades. La reforma surge en un contexto donde delitos como la extorsión telefónica, los fraudes digitales y otras conductas ilícitas continúan afectando a miles de personas. De acuerdo con sus promotores morenistas, contar con información actualizada sobre los titulares de las líneas telefónicas permitirá una mejor trazabilidad de las comunicaciones y facilitará la identificación de responsables cuando se cometan delitos mediante dispositivos móviles. Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la obligación de las empresas de telecomunicaciones de colaborar con las autoridades dentro del marco legal establecido. Esto implica reforzar los procesos de registro y validación de datos de los usuarios, así como garantizar que la información se mantenga actualizada y disponible cuando sea requerida por instancias competentes. No obstante, la iniciativa también ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Diversos sectores han advertido sobre la necesidad de establecer controles estrictos para proteger los datos personales de millones de usuarios, evitando riesgos relacionados con filtraciones de información, acceso indebido o posibles afectaciones a la privacidad de los ciudadanos.
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