Después de que el legislador Enrique Inzunza Cázarez confirmó su asistencia al arranque del periodo ordinario de sesiones del Senado, el diputado Arturo Ávila le recomendó solicitar licencia para enfrentar sin fuero constitucional los señalamientos en su contra. En conferencia de prensa, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que, ante acusaciones tan delicadas como las que enfrenta el senador, quien es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo correspondiente es someterse al escrutinio de la justicia sin contar con fuero constitucional.
Acusaciones contra Inzunza
“Yo sí creo que cualquier persona, que tenga un señalamiento tan delicado como el que existe, debe caminar en la misma ruta de someterse al escrutinio de la justicia y la mejor forma es sin fuero constitucional”, declaró Arturo Ávila. El legislador consideró que sería “un error y una imprudencia” que Inzunza Cázarez acudiera al periodo ordinario del Senado, como anunció. En entrevista con La Jornada, Inzunza adelantó que asistirá el 30 de agosto a la reunión plenaria de la bancada de Morena y posteriormente a las sesiones de la Cámara alta. Ávila señaló que es necesario cuidar al «movimiento» de la Cuarta Transformación y actuar conforme a sus lineamientos éticos. No obstante, aclaró que la decisión de solicitar licencia corresponde personalmente a Inzunza Cázarez. Desde junio, el senador aseguró que permanecerá en el cargo y que no solicitará licencia hasta 2030, año en que concluye el periodo para el que fue electo. Inzunza Cázarez acude presencialmente al Senado desde que fue señalado por el Gobierno de Estado Unidos. Únicamente participó de manera virtual en una sesión de la Comisión de Justicia el pasado 25 de junio. Los señalamientos ocurren en un contexto en el que legisladores, gobernadores y la presidenta Claudia Sheinbaum no respaldaron el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. La mandataria, incluso, calificó de «imprudente» el regreso del morenista al gobierno estatal. En abril pasado, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos señaló al legislador, junto con nueve funcionarios más , de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
En el documento difundido por Estados Unidos se menciona que, una vez que Rubén Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa, Inzunza Cázarez fungió como enlace entre los líderes de ‘Los Chapitos’ y el ahora mandatario estatal con licencia, incluida la transmisión de comunicaciones entre ellos. La acusación señala que, durante una de las reuniones que sostuvieron, el ahora legislador y Rocha Moya dijeron a “Los Chapitos” que, debido a que apoyaron la “campaña” del morenista, les darían el control de la Policía Estatal para que pudieran llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin el riesgo de que las autoridades interfirieran. Como parte de este acuerdo, estos funcionarios también permitieron que los hijos de Joaquín Guzmán Loera se coordinaran con “agentes corruptos”, como José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandate en la Policía de Culiacán, para realizar detenciones de “enemigos o miembros ajenos” a “Los Chapitos’”, con el fin “aparentemente” de contribuir a la percepción pública de que Rocha Moya había mejorado el orden en Sinaloa. Asimismo, Inzunza Cázarez y Enrique Díaz Vega, dos funcionarios relevantes dentro del gabinete de Rocha Moya, ayudaron a “Los Chapitos” a colocar a “funcionarios corruptos” en el Gobierno de Sinaloa para proteger las operaciones de tráfico de drogas de este grupo criminal.
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