El senador morenista Enrique Inzunza retomó sus actividades legislativas en el Senado de la República después de permanecer 57 días sin participar en las labores de la Cámara alta. Su reaparición ocurrió de manera virtual durante una reunión de la Comisión de Justicia , en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La última vez que Inzunza había sido visto en una actividad oficial del Senado fue el 29 de abril , cuando todavía se contemplaba su participación en los trabajos de la Comisión Permanente. Desde entonces, su ausencia generó cuestionamientos, particularmente tras no asistir el pasado 22 de junio a una sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia, el legislador presentó diversas observaciones al proyecto de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, una iniciativa cuya aprobación acumula casi una década de retraso. Entre sus principales señalamientos destacó la inclusión de conceptos como la detención y la flagrancia en un marco normativo enfocado en infracciones administrativas y no en asuntos de carácter penal. En su opinión, esa redacción podría abrir la puerta a actuaciones arbitrarias que afecten especialmente a los sectores más vulnerables. Asimismo, propuso fortalecer los mecanismos de mediación y conciliación dentro de la iniciativa, al considerar que estos procedimientos no están suficientemente desarrollados en el texto actual. Incluso manifestó su disposición para presentar por escrito una serie de propuestas que contribuyan a perfeccionar el proyecto. Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, confirmó la existencia de quórum sin mencionar expresamente el nombre de Inzunza durante el pase de lista. El gobierno de Estados Unidos acusa al senador morenista Enrique Inzunza de haber formado parte de una presunta red de protección política al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Inzunza —quien se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya— habría conspirado con dirigentes de la organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. La acusación sostiene que la presunta colaboración entre funcionarios y líderes del cártel permitió a la organización operar con protección institucional mientras expandía el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Además de los delitos relacionados con narcotráfico, el documento también le imputa cargos por conspiración vinculada al uso y posesión de armas de guerra. Las autoridades estadounidenses deberán acreditar estas acusaciones en un proceso judicial. Inzunza ha rechazado los señalamientos y sostiene que se trata de acusaciones infundadas con motivaciones políticas. El legislador ha afirmado que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas y ha negado haber participado en actividades relacionadas con el crimen organizado. Hasta el momento, no existe una sentencia en su contra y el caso se encuentra en la etapa de acusación por parte de la fiscalía estadounidense.
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