Tres puntos de maquillaje donde el gobierno festeja una cifra que esconde seis ciudades en llamas.

El espejismo de los tres puntos El gobierno de Claudia Sheinbaum celebró esta semana que la percepción de inseguridad cayó a 59.8%, su nivel más bajo del sexenio. Los boletines oficiales hablan de tendencia, de tocar fondo, de una curva que por fin cede. Como consultor de seguridad, mi obligación no es aplaudir el titular: es preguntar qué significa, en términos de gobernabilidad real, que casi seis de cada diez mexicanos adultos sigan sin sentirse seguros en su propia ciudad después de dos años de despliegue militar sostenido, cientos de toneladas de droga aseguradas y decenas de miles de detenciones. La respuesta incómoda es que significa muy poco, y que el aparato de comunicación gubernamental ha aprendido a vender la desaceleración del deterioro como si fuera recuperación.

El truco de la línea de base Toda mejora estadística depende de dónde se para uno para medirla. El 59.8% de junio de 2026 se compara con el 63.2% de junio de 2025 y con el 61.5% de marzo de este año. Tres puntos. Dos puntos. Ese es el «logro». Pero el INEGI también reporta que 18 ciudades registraron cambios estadísticamente significativos entre marzo y junio, y de esas, seis empeoraron: San Pedro Garza García pasó de 4.4% a 10.6%, Los Mochis de 21.1% a 31.2%, Apodaca de 26.1% a 33.4%. Estos no son ruido estadístico marginal: son saltos de diez puntos porcentuales en meses, en ciudades que antes se consideraban ejemplos de gobernanza local exitosa. Un promedio nacional que baja mientras plazas específicas se disparan no describe una estrategia que funciona; describe un mapa criminal que se mueve más rápido de lo que el Estado puede seguirle el paso, y un promedio que esconde esa movilidad.
La confianza que no se puede comprar en la esquina El hallazgo más brutal del reporte no es la percepción general, es la brecha de confianza institucional. La Marina inspira confianza al 84.4% de la población; el Ejército, al 82.1%; la Guardia Nacional, al 72.8%. La policía estatal apenas llega a 54.1%, y la policía municipal —la que efectivamente patrulla la cuadra donde usted vive— se queda en 50.7%, prácticamente una moneda al aire. Esa brecha de más de treinta puntos entre fuerzas federales y fuerzas locales no es un detalle técnico: es el diagnóstico completo de la política de seguridad mexicana en una sola tabla. El país ha construido legitimidad prestada, no legitimidad propia. Cuando el Ejército y la Marina se retiren de una plaza —y en algún momento tendrán que hacerlo, porque ninguna fuerza armada puede sostener control territorial permanente sin degradar su función original— lo que queda debajo es una policía municipal en la que la mitad de los ciudadanos no confía. Eso no es una estrategia de seguridad; es un aplazamiento con uniforme.

Gobernar el miedo, no solo administrarlo El propio INEGI documenta que las mujeres siguen reportando percepción de inseguridad casi trece puntos por encima de los hombres (65.6% frente a 52.6%), y que los cajeros automáticos, la calle y el transporte público siguen siendo los espacios donde el miedo se concentra. Estos no son hallazgos nuevos: aparecen edición tras edición de la ENSU desde hace años. Y ahí está la crítica más ácida que puede hacérsele a esta administración: no es que no tenga datos, es que tiene los mismos datos desde hace media década y sigue respondiendo con el mismo instrumento —despliegue táctico reactivo— en lugar de rediseñar el problema. Se puede reducir el homicidio con presencia militar. Lo que no se reduce con presencia militar es el miedo de una mujer a subirse a un microbús a las ocho de la noche, porque ese miedo no responde a un operativo, responde a iluminación, a cámaras, a rutas seguras, a que exista alguien de confianza a quien llamar cuando algo pasa. Eso es política pública de proximidad, y esa es precisamente la pieza que el sexenio no ha construido.

El diagnóstico que nadie quiere firmar

La conclusión estratégica es incómoda pero ineludible: México no está gobernando la inseguridad, la está administrando con una curva descendente que puede revertirse en cualquier trimestre, como ya lo demuestran San Pedro y Los Mochis. La caída de tres puntos es real —el dato está confirmado por el INEGI— pero es frágil, desigual entre ciudades, y descansa sobre una legitimidad militar que no es sustituible ni sostenible como columna vertebral permanente del sistema de seguridad pública. El aplauso oficial de esta semana celebra haber tocado fondo en la percepción. La pregunta que ningún vocero contestó es qué pasa el día que la Marina y el Ejército dejen de estar en la calle y la policía municipal —con su 50.7% de confianza— tenga que sostener sola lo que hoy sostiene con refuerzo federal. Esa pregunta es el tema de la segunda entrega de esta columna: no el diagnóstico, sino la receta que nadie en Palacio Nacional quiere aplicar porque implica ceder control, invertir en instituciones locales que hoy no le rinden cuentas a nadie más que a sí mismas, y aceptar que la solución no cabe en un boletín trimestral _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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