IV. Inteligencia e investigación: infraestructura sin capacidad real
El informe sostiene que México transita hacia un modelo basado en inteligencia, con sistemas nacionales de información, plataformas tecnológicas y coordinación interinstitucional. El planteamiento es correcto en teoría: la persecución penal efectiva depende de inteligencia operativa, desarticulación de redes criminales y judicialización con evidencia sólida. Hasta ahí, el diagnóstico es compartido por cualquier analista serio del sector seguridad.
Sin embargo, los resultados presentados —detenciones, aseguramientos, bloqueos financieros— deben leerse con cuidado. La experiencia comparada muestra que esos indicadores, por sí solos, no reflejan debilitamiento estructural del crimen organizado. En muchos casos generan fragmentación de grupos, disputas territoriales y más violencia. Detener a un líder sin desmantelar la red que lo sostiene no es una victoria estratégica: es un vacío de poder que otros llenan con sangre. México ha repetido ese ciclo suficientes veces como para conocer el resultado. El problema de fondo sigue sin resolverse: la impunidad. México mantiene niveles extremadamente altos de delitos no denunciados y casos que no llegan a sentencia. Según estimaciones consistentes de organismos independientes, más del noventa por ciento de los delitos no se denuncia, y de los que sí se denuncian, una fracción mínima termina en condena. Ese dato no aparece en el informe con la centralidad que merece. Sin una reforma real en procuración de justicia, la inteligencia se convierte en un insumo subutilizado: se genera información, se identifican objetivos, se ejecutan operativos, pero el sistema judicial no tiene la capacidad ni la independencia para sostener los casos. El engaño es tecnológico: suponer que construir sistemas y plataformas equivale a capacidad instalada. La inteligencia no depende solo de infraestructura, sino de capital humano, coordinación efectiva y autonomía institucional. Esos tres elementos siguen siendo frágiles, y ninguna plataforma digital los reemplaza.
V. Coordinación: reuniones formales, fragmentación real
El informe reporta 192 sesiones del Gabinete de Seguridad y cientos de acuerdos interinstitucionales como logros centrales de la estrategia. La coordinación formal, sin embargo, no es coordinación efectiva. Hay una diferencia sustancial entre sentarse en una mesa y actuar de manera coherente sobre el territorio. El informe documenta la primera con precisión; la segunda permanece sin demostrar. En el terreno, las tensiones entre niveles de gobierno, la heterogeneidad de capacidades institucionales y los incentivos políticos locales producen fragmentación. Un gobernador con agenda electoral propia no coordina de la misma manera que uno que acaba de asumir. Un municipio sin presupuesto no implementa los mismos protocolos que una capital con estructura administrativa consolidada. Esas diferencias no desaparecen por decreto ni por acuerdo de gabinete: requieren diseño institucional, financiamiento diferenciado y mecanismos reales de seguimiento. Municipios sin policía funcional, estados con fiscalías débiles y zonas bajo control criminal son evidencia de que la coordinación sigue siendo más discursiva que operativa. La centralización de decisiones en el ámbito federal puede incluso agravar ese problema al reducir la responsabilidad de los actores locales y generar una cultura institucional donde nadie decide porque todos esperan instrucción desde arriba. Confundir reuniones y acuerdos con resultados tangibles es el engaño. La coordinación no se mide por el número de sesiones, sino por la capacidad de ejecutar acciones coherentes en territorio, sostenerlas en el tiempo y rendir cuentas sobre sus efectos.
VI. Indicadores y percepción: la disputa por la realidad
El informe reporta disminuciones en delitos de alto impacto y mejoras en percepción de seguridad con base en ENSU y ENVIPE. Estas mediciones son herramientas válidas, pero tienen límites conocidos y documentados. Son sensibles a cambios metodológicos, subregistro, variaciones regionales y contextos específicos. Además, la percepción de seguridad responde más a experiencias locales que a tendencias nacionales. Una familia en Culiacán y una en Mérida no habitan el mismo país en términos de seguridad, aunque ambas aparezcan en el mismo agregado estadístico. En muchas ciudades, la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y la violencia cotidiana siguen presentes, independientemente de lo que indiquen los promedios nacionales. Esos fenómenos rara vez se denuncian, no siempre se capturan en encuestas y casi nunca aparecen en los titulares del informe oficial. Son, sin embargo, los que estructuran la vida diaria de millones de personas y los que determinan si un comerciante abre o cierra su negocio, si una familia se queda o abandona su colonia, si un joven tiene opciones o solo tiene miedo. El engaño es estadístico: usar agregados nacionales para construir una narrativa de mejora generalizada invisibiliza las desigualdades territoriales profundas en materia de seguridad. Los números no mienten por lo que dicen, sino por lo que callan. Y lo que esta estrategia ha callado, sistemáticamente, es la experiencia de quienes viven la inseguridad donde las cámaras del informe no llegan. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes