Estados Unidos endureció su postura en materia de narcotráfico y abrió la puerta a acciones no solo contra organizaciones criminales, sino también contra actores políticos. Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, expuso esta postura durante una entrevista en el programa American Thought Leaders, donde planteó que la estrategia incluye investigación y persecución de redes de apoyo institucional vinculadas al crimen organizado en México.
Bajo ese enfoque, sostuvo que la cooperación bilateral no se limita a operativos contra cárteles, sino que también alcanza a funcionarios públicos señalados por facilitar sus operaciones. En su exposición, colocó en el centro al Cártel de Sinaloa y a sus facciones internas, como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, además de referirse a investigaciones que, explicó, involucran a servidores públicos en México. Dentro de ese marco mencionó los señalamientos previos en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presunta protección a estructuras criminales. La funcionaria también enmarcó estas acciones dentro de la línea política asociada a la administración de Donald Trump, al advertir que la falta de cooperación puede derivar en consecuencias directas para gobiernos o actores que no colaboren con Washington.
En contraste, destacó que existe coordinación con autoridades mexicanas actuales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con fuerzas de seguridad federales. Afirmó que el intercambio de inteligencia ha permitido operaciones conjuntas contra objetivos prioritarios del crimen organizado. Como ejemplo citó acciones dirigidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder Nemesio Oseguera Cervantes.
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