Los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda , exasesor de Rubén Rocha Moya y exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur , fueron identificados mediante pruebas de genética forense , poco más de un mes después de que fueran localizados en una fosa clandestina en San José del Cabo. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó este fin de semana que los restos óseos encontrados el pasado 13 de julio corresponden al exfuncionario. El hallazgo ocurrió en una brecha de terracería que conduce hacia la colonia La Ballena, luego de que autoridades recibieran información sobre la posible ubicación de un entierro clandestino.

La desaparición y posterior localización de los restos ocurrió semanas después de que Beltrán Olmeda dejara la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos. El 25 de mayo de 2026, el entonces funcionario anunció públicamente su renuncia y explicó que obedecía a motivos personales. También negó que su salida estuviera relacionada con diferencias con el alcalde Christian Agúndez Gómez. Su separación del cargo ocurrió después de que apareciera su nombre en mantas con amenazas colocadas en distintos puntos del municipio y de que circularan señalamientos que lo relacionaban presuntamente con integrantes de grupos criminales. Beltrán rechazó públicamente cualquier vínculo con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. De acuerdo con su currículum, antes de llegar a Baja California Sur, construyó su carrera política en Sinaloa y Sonora. Entre su propia descripción destaca que entre 2021 y 2022, fungió como »asesor político» de Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya llegó al Gobierno de Sinaloa en 2021, después de ganar un proceso electoral en el que sus adversarios acusaron el uso de la violencia para dejarlos fuera de competencia. En febrero de 2022, Bletrán Olmeda llegó a trabajar a Los Cabos para trabajar en la administración de Óscar Leggs Castro. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, asumió la Oficialía Mayor, desde donde tuvo responsabilidades relacionadas con recursos humanos, recursos materiales y procesos administrativos del gobierno municipal.

Lo identifican en medio de la polémica de Rocha Moya

La identificación de los restos del exfuncionario ocurre mientras una crisis política ocurre en Morena por el regreso y posterior solicitud de nueva licencia de Rubén Rocha Moya a su cargo. Rocha Moya perdió el respaldo del Gobierno federal, gobernadores, senadores y diputados morenistas después de anunciar su regreso al Gobierno de Sinaloa, por lo que volvió a dejar su puesto. Estados Unidos coloca a Rocha Moya dentro de una presunta estructura de protección política y gubernamental relacionada con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura en 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, »El Chapo». Los fiscales estadounidenses sostienen que en esos encuentros se habría planteado un acuerdo: Los Chapitos apoyarían su candidatura y, a cambio, Rocha Moya permitiría la colocación de funcionarios favorables al grupo y le garantizaría condiciones para operar sin interferencia de las autoridades. La acusación sostiene además que el respaldo del grupo criminal no habría sido únicamente financiero o político. Según los fiscales, integrantes de «Los Chapitos» habrían intervenido durante el proceso electoral mediante amenazas, intimidaciones y robo de boletas y urnas de candidatos opositores. El documento también afirma que policías estatales habrían recibido instrucciones de no intervenir ante algunos de esos hechos. La tesis de los fiscales estadounidenses va más allá de la elección. Según la acusación, después de que Rocha Moya ganó la gubernatura habría existido otro encuentro con integrantes de «Los Chapitos» en el que se habría acordado que el grupo tendría control sobre la policía estatal de Sinaloa. El documento señala asimismo que, durante su administración, «Los Chapitos» habrían conseguido influencia sobre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Culiacán.

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