A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores , la Fiscalía General de la República ( FGR ) solicitó a autoridades de Estados Unidos las pruebas y documentos que tengan en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa. Raúl Jiménez Vázquez , titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la FGR, aseguró este viernes que tras recibir la solicitud para detener y extraditar a los señalados, se determinó que no hay pruebas suficientes para actuar… por el momento.
El funcionario explicó que los fiscales de Estados Unidos tienen que acreditar con evidencia la urgencia para capturar a los implicados, a quienes se les acusa de haber llegado al Gobierno de Sinaloa de la mano de ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín Guzmán Loera. »El pedimento fue examinado por el área de asuntos internacionales de la FGR y concluimos que no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional», dijo Jiménez en conferencia de prensa. »Advertimos que no hay pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar», añadió. Según él, la forma en que se difundió la información sobre Rocha Moya y los otros presuntos implicados pone en riesgo el debido proceso. »FGR enviará una comunicación al Cancillería para solicitar a la autoridad requirente todas la pruebas que sean necesarias por las vías que garanticen la confidencialidad de la información», añadió. La Fiscalía General señaló que lleva a cabo investigaciones sobre los hechos referidos y que pudieron ocurrir dentro de territorio mexicano.
¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?
Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación. Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación. También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
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