Los memes y las parodias pueden entrar en una nueva zona de disputa legal en México. Dos reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum –una ya aprobada en el Senado y otra que será discutida en la Cámara de Diputados– fueron identificadas como “Ley Antimemes” porque contemplan sanciones y nuevas obligaciones que pueden alcanzar contenidos difundidos en internet . Aunque ninguna de las reformas establece de manera expresa una prohibición de los memes o las parodias, sus alcances generan cuestionamientos sobre cómo se aplicarán cuando los contenidos utilicen elementos gráficos oficiales o materiales protegidos por derechos de autor .
Las leyes de Sheinbaum ¿En qué países hay casos similares?
En el Senado ya se aprobó la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones de cárcel y multas para quienes utilicen o imiten, a escala comercial, la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno. Esto es interpretado como una medida que puede castigar a quienes realicen parodias o memes sobre elementos visuales del gobierno, debido a que la ley no establece que estos contenidos queden fuera de las sanciones. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se discutirá la próxima semana una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de Internet. La reforma establece que las plataformas y los proveedores deberán contar con políticas para terminar o suspender el servicio o las cuentas de personas consideradas como “infractores reincidentes” de derechos de autor. Además, deberán retirar de forma expedita determinados contenidos cuando exista un reclamo relacionado con propiedad intelectual. Esto es relacionado con posibles afectaciones a la libertad de expresión, debido a que los memes y las parodias pueden utilizar fotografías, videos, música o personajes protegidos por derechos de autor. Sin embargo, en otros países existen castigos por conductas similares. Ninguno de estos casos es idéntico al mexicano, pero hay algunas similitudes. En Rusia , el presidente Vladimir Putin promulgó en 2019 una ley para castigar a quienes cometan «ofensas a los símbolos del Estado» y faltas de respeto a las autoridades. Además, otorga a Roskomnadzor –la agencia gubernamental encargada de controlar y supervisar los medios de comunicación y el internet en el país– el poder de bloquear los contenidos.
Defensores de Derechos Humanos y periodistas denunciaron que las medidas sirven para censurar a activistas, cuentas de humor político y medios críticos, debido a la ambigüedad de la reforma. También está Nicaragua , donde en 2020 se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que criminaliza publicaciones de medios de comunicación y redes sociales que contengan información considerada por el gobierno como falsa o que atente en contra de la seguridad del Estado. El castigo puede ser de hasta 10 años de cárcel. Esta reforma, conocida como “Ley Mordaza”, afecta a cualquier ciudadano o periodista que haga críticas en contra del gobierno. Por ello, una parodia o publicación humorística digital que sea interpretada como falsa o como una amenaza a la seguridad del Estado puede ser sancionada. En Venezuela también existe una ley parecida desde 2017. Ese año se aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, a través de la cual se sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes inciten al odio, a la discriminación o a la violencia mediante cualquier medio apto para su difusión pública.
Por ello, se obliga a los medios de comunicación y a las redes sociales a retirar los mensajes que caigan en dichos supuestos en un plazo no mayor a seis horas; de lo contrario, podrán ser sancionados o bloqueados. Esto ha afectado a creadores de contenido, periodistas y humoristas que manipulan videos institucionales o colocan logotipos del gobierno en contenidos satíricos publicados en redes sociales, pues son señalados de incitar al odio. Y ya hasta la presidente encargada, Delcy Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reformarla, porque “fue mal aplicada” y “se hizo uso abusivo de ella”. En Cuba ocurrió algo semejante. En 2021 se publicó el Decreto-Ley 35 para regular las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este decreto prohíbe la difusión de contenidos que atenten contra “el orden constitucional”, la “seguridad nacional” o la “moralidad del país”, por lo que faculta a los proveedores de Internet a interrumpir, suspender o cancelar el servicio de cualquier ciudadano que publique este tipo de contenidos. El decreto argumenta que estas medidas tienen como objetivo defender los “logros alcanzados” por el Estado.
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