«Estudié Derecho para servir a mi pueblo», dice en un video Hugo Aguilar Ortiz , quien pasó de ser un funcionario poco conocido del gobierno al candidato a ministro más votado de la elección judicial. Sin spots y con una campaña discreta en redes sociales, obtuvo 6.1 millones de votos, casi la misma cantidad (6.2 millones) que el excandidato presidencial, Jorge Álvarez Maynez, en la elección de 2024. El 1 de septiembre tomará protesta como ministro y nuevo presidente de la Suprema Corte; será la segunda vez que un indígena oaxaqueño encabece el máximo tribunal. Benito Juárez fue el primero, coincidencia por la que Aguilar ha sido comparado con el histórico expresidente. Sin embargo, políticos y especialistas observan marcadas diferencias con el Benemérito de las Américas.
‘No soy político’
No solo son diferentes épocas, circunstancias y trayectorias, recalcan, sino que Aguilar es un abogado de contrastes, cercano a un partido político: Morena. “No tiene toda la perspectiva y el foco que para su época (tenía) Benito Juárez de las necesidades sociales; en la actualidad tenemos una necesidad completamente diferente», sostiene la profesora de Derecho en la Universidad La Salle, Yolanda Ramírez Villordo. «El hecho de que sea indígena no asegura que sea solidario con todos los pueblos originarios y que lo sea de la manera en que cada uno de los pueblos está reclamando», advierte el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny. Hugo Aguilar Ortiz es originario de San Miguel el Grande, distrito de Tlaxiaco, comunidad perteneciente a la región de la mixteca oaxaqueña. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito jurídico y en el activismo. Su último cargo público fue como coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Desde este puesto, Aguilar coordinó las consultas con las comunidades sobre el Tren Maya y el Tren Interoceánico, proyectos «estrella» del sexenio anterior, y el Plan de Justicia Yaqui. También fue representante del gobierno en la atención de quejas por esas obras, que en su mayoría fueron por el impacto ambiental. Él mismo se describe como un abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, con visión de justicia pluricultural y de Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca (UABJO) y obtuvo su título con la tesis “Pluralismo Jurídico, el sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña”. Aguilar Ortiz también fue encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca IEEPCO; subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca; y consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en los temas de tierra, territorio y recursos naturales). En sus inicios como abogado, fue capacitador en derechos indígenas y agrarios de organizaciones comunitarias; integrante del equipo de coordinación y asesor de la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe; miembro del área jurídica de la asociación civil «Servicios del Pueblo Mixe; y auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco. El 15 de junio, tras recibir su constancia de mayoría que lo acredita como ministro electo, afirmó que la nueva Suprema Corte estará guiada por los principios del Estado de Derecho, el pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. «Así lo garantiza la nueva conformación de la Suprema Corte, pues tiene una integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional”, afirmó. En una entrevista en televisión, Aguilar Ortiz dijo que no es político ni pertenece a algún partido, cuando le cuestionaron cómo garantiza que va ser un ministro independiente luego de haber sido funcionario y tener una «cercanía» con el gobierno federal. «Yo no tengo una carrera política, no soy político, no pertenezco a un partido político, mi acción mi visión y lo que voy a hacer va ser de manera objetiva. Está garantizado (que haya una corte autónoma), en el caso particular mío yo soy producto de los votos que trabajé, que obtuve», respondió. «Van a tener certeza jurídica, se les va atender a todos, vamos a dialogar con todos. Aquí va haber cero tolerancia a la corrupción a la deshonestidad, a esos vicios que han dañado mucho al sistema judicial. No estamos haciendo un borrón y cuenta nueva en términos jurídicos, es un cambió de visión, es una apertura de la Corte». En varios videos que subió en campaña, el entonces candidato a ministro número 34, cuyo número se incluyó en los acordeones que se distribuyeron antes de la elección, Aguilar refiere que se decidió por estudiar Derecho para proteger a los pueblos indígenas. «Comenzamos a hacer crítica al Derecho (…), en lo personal consolidé mucho mi identidad, lo que implica, los retos que significa, la discriminación y el trato que recibe uno por el hecho de ser indígena. Formó parte de mi pensamiento y mi reflexión cotidiana», expresa. «Nos dispusimos a incidir en la vida nacional buscando que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y que se atienda la justicia a los pueblos indígenas. Desde entonces lo teníamos claro».
«No es Juárez»
Creo que se volvió más militante de Morena; él cayó en esta visión de ‘el fin justifica los medios'». Llega por «acordeón» Las propuestas de Aguilar para la Corte Para una justicia congruente con la realidad se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas in situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Se debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. Fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez , señala que el próximo presidente de la Suprema Corte es un abogado que por años trabajó a favor de los pueblos indígenas. Lo describe como una persona «amable, prudente y conciliadora» a la que conoció en 2001. “Siempre estuvo presente en las comunidades indígenas a través de la gestoría en varios temas. Yo era la jefa de la oficina de Asunto indígenas con el expresidente Vicente Fox. Se abrió la oficina de Los Pinos para atender a las comunidades indígenas. Yo recibía martes y jueves, y él venía de manera cotidiana con muchísimas comunidades. Era un gestor muy cercano a las comunidades”, cuenta Gálvez. Pero Gálvez advierte que el perfil de Aguilar cambió a partir de 2018, cuando el futuro ministro fue nombrado coordinador en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el gobierno de AMLO y le asignaron la responsabilidad de coordinar las consultas indígenas para la construcción del Tren Maya. Recuerda que en ese momento ella era senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara alta, por lo que se opuso a la consulta “en los términos que se hacía” porque no cumplía con los requisitos de ser previa, libre, informada y culturalmente respetuosa de la identidad de los pueblos indígenas. “Desde mi punto de vista no hubo buena fe porque ese proyecto ya se había decidido: ya se sabía que se quería hacer el Tren Maya y no se tenía un proyecto ejecutivo, no había manera de decirle a la gente cuál iba a hacer el impacto ambiental, a las comunidades nunca les dijeron que se iban a tirar esa cantidad de árboles ni les dijeron que iba haber una contaminación de los acuíferos”, explica. Xóchitl Gálvez es contundente: Aguilar Ortiz prefirió su cercanía con Morena y defender el gobierno de López Obrador, que sus raíces indígenas y su obligación de hacer una consulta en los términos de ley que previniera a los pobladores sobre los impactos negativos de la megaobra. «En aras de defender al oficialismo, al gobierno de López Obrador, (Aguilar) traiciona los ideales y principios que pudo haber tenido en sus orígenes como militante a favor de los derechos indígenas», sentencia. Ahora, considera la exsenadora, vino la recompensa por haber impulsado la construcción del Tren Maya y otras obras de la llamada 4T: convertirse en ministro y próximo presidente de la Suprema Corte. “Años después lo vemos (a Aguilar Ortiz) en el acordeón de la 4T para encabezar la presidencia de la Corte. Ahora se llenan la boca diciendo que llega un indígena, que esto es histórico”, critica. Para el senador Damián Zepeda , más allá de su origen o trabajo previo con comunidades indígenas, Aguilar Ortiz llegará a la Corte por la operación acordeón de Morena en la elección del 1 de junio. «(Los morenistas) quieren vender una novela (de que es indígena como Juárez), qué bueno el símbolo, me parece perfecto, pero ¿Llegó ahí por sus credenciales? La respuesta es no. Llegó porque estaba en el acordeón de Morena», recalca. «Es subordinado a Morena ¿Qué cargo tuvo antes? Fue el encargado de las consultas indígenas del INPI, nada más y nada menos hizo la consulta del Tren Maya, del Tren Interocéanico, de la consulta indígena, de la reforma indígena, del Plan Yaqui, en todas hay inconformidades y quejas de los indígenas de que les vieron la cara». Zepeda sistiene que «nadie» -incluido Aguilar- ganó por el pueblo, sino por los acordeones y la movilización política de Morena. «Los jueces no le deben el cargo a los ciudadanos. Le deben el cargo a Morena, son ministros por Morena. Ojalá (no se subordine), pero en el cargo anterior decidió subordinarse a Morena», afirma el legislador. Aguilar Ortiz impulsa una agenda vinculada principalmente a las comunidades indígenas. Propone, por ejemplo, una reforma en la materia para incorporar a la impartición de justicia la visión colectiva de los pueblos; eliminar los formalismos; y una «verdad legal» acorde a la realidad. «Estimo que este es el reto principal que tiene la función jurisdiccional: acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad», indica. Estas son las tres propuestas que Aguilar Ortiz hizo en campaña, de acuerdo con la plataforma Conóceles, del INE:
Con huaraches y zapatos El
antropólogo
Alejandro Aguilar Zeleny conoció a Aguilar Ortiz en 2019, cuando éste era el encargado de operar el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el también investigador aportó propuestas para esta estrategia. Los planes de justicia fueron acciones del gobierno federal en coordinación con autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas -en este caso de Sonora-, para impulsar acciones conjuntas de bienestar. Aguilar Zeleny asegura que en el plan de justicia que estaba a cargo el próximo ministro de la SCJN imperó una visión «occidental», en la que solo se benefició a las empresas encargadas de las obras. “Como antropólogo e investigador que he trabajado 40 años con los pueblos originarios de estas tierras, pues he señalado que de alguna manera fueron convirtiendo los planes de justicia en planes de desarrollo, y donde el desarrollo es, más que nada, entendido desde una perspectiva -acá en Sonora los yaquis hablan de los Yoris – no indígena”, comenta.
‘Le falta experiencia judicial’
Advierte que las principales quejas de la población Yaqui es que se forzaron las formas de organización, se apresuraron los tiempos y no se tomó en cuenta la opinión de todos, como se prometió. Además, señala que hay comunidades Yaquis que consideran que el plan de justicia coordinado por Aguilar fue una simulación, pues incluso les impusieron modelos de vivienda que no corresponden a la cultura ni el clima de cada pueblo. “El aparador que ha puesto en un lugar muy público a Hugo Aguilar fue precisamente estos planes de justicia (en Sonora), donde más que justicia lo que se generó fueron actividades y programas de desarrollo, como construcciones de obras, de viviendas, carreteras artesanales, que son importantes y necesarias, pero esa no es la justicia que los pueblos están reclamando”, considera. “(Tiene) un gran reto, una gran responsabilidad y esperemos que Hugo Aguilar esté a la altura tanto con los huaraches de andar con las comunidades tradicionales como con los zapatos de andar por los juzgados. Hay muchas cuentas pendientes y procesos que no se han resuelto”, observa. La profesora de Derecho en la Universidad La Salle, Yolanda Ramírez Villordo , advierte con la llegada de Hugo Aguilar al máximo tribunal no se garantiza “justicia” para los pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, ya que es una persona ajena al conocimiento de control convencional y constitucional necesario en la Corte. “El que se incorpore una persona que se encuentre totalmente ajena a este conocimiento, esta práctica, (…) dista mucho de poder garantizar esa protección a grupos vulnerables”, menciona. Ramírez Villordo aclara que, si bien el ministro electo forma parte de una comunidad indígena, no significa que «lo viva» o que tenga la experiencia necesaria para garantizar los derechos de esos pueblos desde el máximo tribunal. “Representa ese sentir, porque forma parte del grupo; sin embargo, eso no significa que lo viva, lo sienta o pueda tener las herramientas técnicas y herramientas jurídicas y la experiencia para poder garantizar estos derechos humanos”, menciona.
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