Falta un mes para que comience formalmente el proceso electoral, pero no es secreto para nadie que la contienda ya empezó hace varios meses. El proselitismo disfrazado de proceso político interno, la solicitud de licencias a los cargos públicos y la entrega de apoyos con fines electorales ya se encuentra en marcha a lo largo y ancho del país. Ello, sin que las autoridades electorales hayan hecho algo para hacer valer las normas que buscan garantizar la equidad de la contienda.
Desgraciadamente, esto no es una novedad. En los últimos años, hemos observado cómo se han ido erosionando algunas de las fronteras que, durante décadas, se buscó construir para garantizar que las elecciones fueran eso y no la formalización de un dedazo impuesto desde el poder. La famosa equidad en la contienda, fundamento de nuestro sistema electoral actual, es en buena medida la respuesta institucional a un trauma histórico. Durante décadas, México tuvo un sistema de partido prácticamente único en el que el poder político, los recursos públicos, los medios de comunicación y las instituciones estuvieron profundamente entrelazados. Celebrábamos elecciones, pero no existía una competencia real. La llamada transición democrática no se dio de manera espontánea, sino con la liberalización progresiva de un sistema y la construcción gradual de un andamiaje que permitiera desarmar estas ventajas sostenidas desde el poder. La autonomía de la autoridad electoral; el financiamiento público y su fiscalización; los límites a la propaganda gubernamental; el modelo de comunicación política; los plazos y etapas de los procesos electorales; entre otras reglas, fueron construyendo una a una un sistema orientado a equilibrar la competencia. Aunque hoy es urgente sostener un debate amplio y plural para su actualización, lo cierto es que ninguna de estas reglas es caprichosa y existen como respuesta a las muchas formas en que, en el pasado, podía torcerse una elección. Como resultado, en poco más de 30 años, hemos podido atestiguar múltiples alternancias en todos los niveles de gobierno. Presidencias, gubernaturas, alcaldías y congresos han cambiado de manos y el voto se convirtió en un mecanismo efectivo para el acceso al poder. Por eso, cuando hoy exigimos hacer efectivos los mecanismos para salvaguardar la equidad de la contienda, defendemos que el poder no pueda aprovecharse de una ventaja que le otorga la plataforma y los recursos a su disposición para hacer de la elección un formalismo en el que los demás actores no puedan realmente competir. Las autoridades electorales anunciaron recientemente el inicio formal del proceso electoral de 2027 el próximo 10 de septiembre. Pero tienen meses evadiendo hacer valer las reglas que marcan los plazos y etapas del proceso electoral. El adelanto de las campañas se ha institucionalizado, particularmente a partir del desafortunado precedente de 2023, en que el Tribunal Electoral validó los llamados “procesos políticos inéditos”, que simularon la selección de coordinaciones partidistas para designar candidaturas fuera de los tiempos marcados en la ley. Así, con el argumento de aceptar la realidad política y de no ignorar hechos sociales evidentes, se validó un fraude a la ley que hoy se normaliza. Nuevamente, observamos la realización de procesos internos que tienen poco de internos y mucho de campaña anticipada. Pero la legislación electoral vigente establece que los actos anticipados de campaña deben sancionarse precisamente por su potencial de generar ventajas indebidas, regla que los actores políticos pueden evadir sin obstáculo alguno. Los motivos de preocupación en torno a la evidente inequidad de las contiendas del próximo año no terminan ahí. Interpretaciones formalistas y, en ocasiones, dispares de las autoridades electorales con respecto a la regulación del debate político y la calumnia ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. Una determinación reciente del INE castigó la utilización de expresiones como “narcopartido” al considerar que podían constituir la imputación de delitos falsos sin sustento.
En un contexto electoral o de debate político, la tolerancia a la crítica debe ser mayor. Nos guste o no el lenguaje utilizado por los actores políticos, los calificativos, los juicios de valor o los recursos retóricos utilizados para cuestionar al poder no pueden ser sujetos de censura. El caso es especialmente delicado porque ocurre en un contexto de debate más amplio sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. La propuesta de lineamientos de la presidenta Sheinbaum que busca, según argumentan, proteger a las audiencias, en realidad pretende establecer mecanismos para que, desde el poder, se determine qué contenidos son aceptables, cuáles son suficientemente objetivos, cuales son “verdaderos” y cuales deberían dejar de difundirse. No se trata de hechos aislados. Son señales de una regresión en las condiciones que durante décadas se construyeron para hacer de las elecciones una competencia auténtica. El adelanto sistemático de los tiempos electorales, la tolerancia frente a ventajas indebidas y las restricciones selectivas al debate político pueden parecer asuntos menores ante la magnitud del proceso que se avecina. Pero, en conjunto, erosionan las garantías que hacen posible competir en igualdad de condiciones. En la víspera de 2027, hoy enfrentamos el riesgo de seguir normalizando procesos en los que las reglas existen, pero ya no alcanzan para producir elecciones confiables. * Georgina de la Fuente es internacionalista, maestra en Análisis Político y Medios de Información y especialista en gobernabilidad democrática. Entre 2016 y 2021 fue asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y desde 2022 lidera la agenda de asuntos legislativos para el Tec de Monterrey. Es consultora en asuntos públicos, democracia, igualdad de género e inclusión para diversas instituciones y organismos internacionales y socia de la consultora Strategia Electoral desde 2024. Síguela en X como @ginadelafuente ___________ Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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