El espejismo del jefe En los años ochenta, Miguel Ángel Félix Gallardo representó una forma de coordinación criminal que modificó la escala del narcotráfico mexicano. Su relevancia histórica no consiste en haber inventado el negocio, la corrupción o las rutas hacia Estados Unidos. Esos fenómenos lo precedían. Su aporte consistió en articular intereses, operadores, protección institucional y territorios dentro de una arquitectura flexible, capaz de distribuir riesgos y facilitar acuerdos entre traficantes.

El llamado Cártel de Guadalajara funcionó menos como una empresa vertical contemporánea que como un espacio de coordinación entre grupos con autonomía, alianzas y conflictos. El reparto de plazas permitió ordenar accesos, rutas y relaciones comerciales, pero también administrar disputas y reconocer poderes regionales. No fue una división territorial inocente: dependía de fuerza, negociación y protección. La corrupción policial y política tampoco nació con Félix Gallardo. Lo distintivo fue su capacidad para convertirla en una condición operativa de escala: información anticipada, tolerancia, protección y margen de maniobra. Sus vínculos con proveedores y compradores internacionales conectaron la producción y el tránsito mexicanos con mercados de enorme rentabilidad. La captura de Félix Gallardo en 1989 y la posterior fragmentación del entramado de Guadalajara demostraron una paradoja que México sigue sin resolver. Detener al coordinador no eliminó las rutas, los contactos, la demanda, las redes de protección ni los conocimientos acumulados. La estructura se reacomodó en organizaciones y liderazgos regionales que desarrollaron trayectorias propias. La caída de un jefe modificó el mapa, pero no suprimió el mercado. Desde entonces, el Estado ha confundido repetidamente una victoria sobre una persona con una derrota sobre una empresa criminal.

De la plaza al ecosistema Hay continuidades evidentes entre aquel periodo y el presente: corrupción de autoridades, control territorial, diversificación de actividades, alianzas transfronterizas y capacidad para sustituir mandos. Pero las organizaciones actuales operan en un entorno más complejo. No existe un solo cártel que gobierne todo el país; existen redes y organizaciones con distintas escalas, capacidades y relaciones. Por eso es incorrecto afirmar que nada cambió desde los ochenta. Cambiaron los mercados, las tecnologías, la fragmentación y la violencia. Lo que persiste es una debilidad estatal: investigar de manera fragmentada, tolerar zonas de captura institucional y medir el éxito por objetivos individuales. La continuidad decisiva no es la identidad de los criminales, sino la incapacidad de interrumpir las condiciones que reproducen su poder.

El trofeo y la empresa La política de descabezamiento ofrece imágenes inmediatas: un detenido, un operativo, un arsenal, un comunicado y una conferencia. Es políticamente rentable porque convierte una organización compleja en un rostro reconocible y permite anunciar resultados. Sin embargo, su rendimiento estratégico es limitado cuando no está acompañado por investigaciones patrimoniales, financieras, fiscales y corporativas. Un liderazgo capturado puede ser reemplazado; una cuenta bloqueada, una red de prestanombres identificada, una empresa fachada intervenida y una cadena de lavado probada pueden reducir capacidades que no se reconstruyen con la misma facilidad. La captura de dirigentes puede ser necesaria. Hay mandos que ordenan homicidios, controlan territorios y representan amenazas inmediatas. El error consiste en convertir esa acción táctica en el principio rector de la política. Sin inteligencia suficiente, una operación puede precipitar sucesiones violentas, abrir disputas por rentas y multiplicar células. La fragmentación no equivale automáticamente a debilitamiento: grupos menores pueden ser más impredecibles, depender más de la extorsión y ejercer violencia directa sobre comunidades. El indicador relevante no es cuántos nombres salen de circulación, sino qué capacidades económicas, logísticas, corruptoras y coercitivas dejan de funcionar.
La ruta que falta El Gabinete de Seguridad actual debe responder una pregunta incómoda: ¿Cuántas investigaciones integrales logran reconstruir el patrimonio, los beneficiarios reales, los flujos de efectivo, las empresas vinculadas, los facilitadores profesionales y los funcionarios que protegen una organización? Sin una evaluación pública consistente de esos resultados, el discurso de eficacia corre el riesgo de descansar en cifras de detenciones y decomisos que no demuestran por sí mismas desarticulación. No es serio equiparar aseguramiento de droga con destrucción de una red financiera, ni presentar la captura de un operador como prueba de que desapareció el negocio. La inteligencia financiera tampoco es una varita mágica. Los reportes de operaciones inusuales requieren análisis, corroboración, investigación ministerial y pruebas admisibles. Congelar activos sin sustento legal puede vulnerar derechos y debilitar casos. La Unidad de Inteligencia Financiera no sustituye al Ministerio Público, a las policías de investigación ni a las autoridades fiscales. Su valor aparece cuando comparte información bajo reglas claras, identifica patrones, conecta expedientes y permite judicializar responsabilidades. El objetivo debe ser seguir el dinero hasta sus beneficiarios, decomisar bienes mediante procesos legales y cerrar los circuitos que convierten ganancias ilícitas en poder económico y político.

La primera lección de los ochenta es que la protección institucional constituye infraestructura criminal. No basta detener sicarios si permanecen los funcionarios que filtran operativos, los policías que venden información, los inspectores que extorsionan y los intermediarios que garantizan impunidad. La segunda es que las plazas no son simples puntos en un mapa: son relaciones de control sobre personas, actividades económicas, autoridades y movilidad. Recuperar territorio exige presencia civil, justicia accesible, investigación local y protección a denunciantes, no únicamente patrullajes y despliegues militares. La tercera lección es que la coordinación federal no puede reducirse a reuniones ni a acumulación de corporaciones. Debe producir expedientes compartidos, objetivos comunes, responsabilidades identificables y continuidad entre inteligencia, investigación, fiscalías, autoridades hacendarias y jueces. La cuarta es que detener líderes sin anticipar la sucesión criminal puede agravar el riesgo. Cada operación relevante necesita análisis de escenarios: quién controla las rentas, quién puede disputar el mando, qué comunidades quedarán expuestas y qué capacidades estatales impedirán el reemplazo. La quinta lección concierne al reclutamiento. Una organización sobrevive cuando puede incorporar jóvenes, coaccionar comerciantes, comprar silencios y ofrecer ingresos donde el Estado ofrece abandono.

Las lecciones que siguen pendientes La política de seguridad debe investigar redes de captación, explotación y financiamiento, proteger a las víctimas y construir alternativas verificables en los territorios. Hablar de atender las causas mientras se deja intacta la economía criminal es administrar el síntoma con propaganda.

El juicio pendiente El gobierno actual heredó instituciones debilitadas y organizaciones con décadas de adaptación. Esa herencia explica dificultades, pero no concede indulgencia. El gabinete debe demostrar que aprendió de la fragmentación posterior a Guadalajara, de la militarización sin investigación suficiente y de los ciclos en que cada administración anuncia una estrategia mientras conserva indicadores que premian acciones visibles. La prueba no será el tamaño del operativo ni la jerarquía del detenido. Será la capacidad de impedir que el dinero compre protección, que las plazas produzcan obediencia y que los jóvenes sean convertidos en reemplazos. Félix Gallardo mostró que el poder criminal se construye coordinando mercados, territorios y complicidades. Cuatro décadas después, el Estado seguirá perdiendo estratégicamente mientras persiga cabezas y deje intacto el cuerpo económico que las reproduce. Esa es la lección; ignorarla ya no puede llamarse falta de experiencia. ______
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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