Claudia Sheinbaum pudo esperar a que el proceso avanzara y dejar que la Fiscalía explicara sus acusaciones contra Ernesto Ruffo Appel. Prefirió decretar cínicamente desde la mañanera que en México no existe la justicia selectiva. La afirmación sería cómica si no fuera autoritaria. El gobierno que demolió la independencia judicial, eligió jueces con acordeones, colonizó los tribunales y entregó la Fiscalía a Ernestina Godoy, una senadora de Morena con licencia, pretende presentarse como ejemplo de imparcialidad. El obradorismo destruyó los contrapesos para controlar la justicia y ahora exige que creamos que no la usa políticamente.
Ruffo debe responder sin absoluciones anticipadas. La Fiscalía lo acusa de dirigir una organización dedicada al contrabando de combustible, aportar su estructura corporativa y decidir sobre la empresa Ingemar. Si sabía que ese consorcio era utilizado para introducir ilegalmente millones de litros, dirigía las operaciones o se beneficiaba de ellas, debe ser castigado. Ni su trayectoria, su edad, su condición de primer gobernador opositor, su paso por el PAN o su posición en el Consejo Consultivo de Somos México pueden darle impunidad. Nadie está por encima de la ley. Pero reconocerlo no obliga a fingir que el gobierno actúa de buena fe. Solo hay dos posibilidades: Ruffo es culpable y Sheinbaum utiliza políticamente el caso o Ruffo es inocente y Sheinbaum utiliza políticamente el caso. En ambas, el proceso penal se convierte en propaganda, distracción y amenaza. La cronología despierta sospechas. Ruffo no figuraba en la primera solicitud de órdenes de aprehensión contra la presunta red de huachicol. El juez federal Mario Elizondo Martínez negó las capturas por falta de elementos. Tres semanas después, la Fiscalía aumentó el número de imputados e incorporó de última hora a Ruffo como dirigente. El expediente pasó a Alejandra Ramírez de la Vega, surgida de la elección judicial operada por Morena, quien casualmente estaba de guardia y concedió las órdenes. Un juez de carrera rechazó la solicitud, la Fiscalía agregó nombres, cambió la ruta y obtuvo las capturas con una jueza de los acordeones. Después, Sheinbaum pide que nadie vea motivaciones políticas. También podría pedirnos que creamos en los Reyes Magos. La detención ocurre en medio de los escándalos de Baja California, los audios de Marina del Pilar, la cancelación de visas y los acercamientos con agentes estadounidenses. Cuando la gobernadora se quedó sin explicaciones, apareció una captura capaz de cambiar la conversación; la del primer gobernador opositor de la historia. La comparación es inevitable. En marzo de 2025, las autoridades localizaron casi ocho millones de litros de combustible en un predio del exsenador morenista Gerardo Novelo. Bastó con que asegurara que desconocía lo ocurrido para que permaneciera libre. Ruffo sostiene que solo es accionista minoritario de Ingemar y no participa directamente en la operación de la empresa. A él no le concedieron la misma cortesía. La Fiscalía convirtió su participación accionaria en dirección criminal y lo presentó como cabeza de una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos. Puede haber diferencias jurídicas entre ambos expedientes, pero la diferencia política es evidente. Si el involucrado pertenece a Morena, el gobierno acepta deslindes y deja dormir las investigaciones. Si es opositor, convierte cualquier relación empresarial en mando criminal, acelera la captura y moviliza su propaganda.
Sheinbaum niega la justicia selectiva mientras Rubén Rocha Moya y su camarilla siguen protegidos, pese a los señalamientos que los relacionan con el Cártel de Sinaloa. Marina del Pilar gobierna después de perder la visa y aparecer en grabaciones hablando de investigaciones, extradiciones y filtración de información. Adán Augusto López conserva su escaño después de que, desde las entrañas de su gobierno en Tabasco, emergiera La Barredora. Tampoco existe prisa para investigar al almirante Rafael Ojeda, aunque sus sobrinos fueron acusados de operar una red de huachicol fiscal desde la Marina. Vector, la empresa de Alfonso Romo, fue acusada desde Estados Unidos por lavado de dinero y por importar precursores para fabricar fentanilo, pero jamás conoció la eficacia de Ernestina Godoy. Los hijos del expresidente siguen rodeados de contratos, proveedores favorecidos, mansiones y viajes sin que la Fiscalía los incomode. Tampoco pasa nada con Alfonso Durazo y Américo Villarreal. No se exige encarcelarlos sin pruebas, sino investigarlos con la misma agresividad y velocidad empleadas contra Ruffo. Morena tiene decenas de personajes bajo acusaciones y evidencias públicas, pero la justicia del régimen jamás encuentra sus domicilios. ¿Ruffo estaría detenido si militara en Morena? Difícilmente. Sheinbaum exigiría pruebas, denunciaría un linchamiento y la Fiscalía reservaría el expediente. ¿Qué habría ocurrido con Rocha Moya, Marina del Pilar o Adán Augusto si fueran opositores? Tendrían las cuentas congeladas, las propiedades aseguradas y algunos ya estarían presos. Ese es el problema, la justicia solo funciona contra la oposición. Para los adversarios rige la presunción de culpabilidad; para Morena, la de impunidad. Sheinbaum controla el Congreso, la Fiscalía, los tribunales, las autoridades electorales, el presupuesto y unas Fuerzas Armadas repletas de contratos. Ya no cuida las formas, protege a los suyos, encarcela a sus adversarios y llama imparcialidad a su justicia selectiva. Ruffo tendrá que defenderse y la Fiscalía probar sus acusaciones. Pero su detención marca un antes y un después. El régimen cruzó la línea y está dispuesto a usar el aparato del Estado para encarcelar opositores, mientras los escándalos de Morena siguen impunes. Después del caso Ruffo, nadie puede llamar justicia a lo que ya es persecución política. La justicia de Sheinbaum ve los colores y, cuando distingue el guinda, mira hacia otro lado. _____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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