El gobierno improvisa con la libertad de 270,000 personas Hay una frase que debería inquietar a cualquiera que haya pisado un penal mexicano como funcionario, no como turista de gabinete: «no hay una estrategia definida». Así describen fuentes de Palacio Nacional el plan de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Luisa María Alcalde, para decidir quién sale y quién se queda tras las rejas. No hablamos de un trámite administrativo menor. Hablamos de la vida, la libertad y —seamos honestos— la seguridad física de decenas de miles de familias, tanto de quienes están presos sin sentencia como de las víctimas que los llevaron ahí.
¿Quién manda realmente en el patio? La soberanía penitenciaria en México siempre fue una ficción cómoda. El Estado mexicano no controla sus centros de reclusión: los administra a medias, negocia con ellos y, en el peor de los casos, los subcontrata a las propias organizaciones criminales que debería contener. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reportó un crecimiento de entre 14 y 15% en la población penitenciaria durante esta administración —unas 35,000 personas más, hasta rondar 270,000 internos—, atribuido a la Estrategia Nacional de Seguridad. El gobierno reconoce que los penales federales operan cerca del 80% de su capacidad, mientras la sobrepoblación real golpea a los estatales. Y frente a esa presión, la respuesta no es una política penitenciaria: es una promesa de seis cárceles nuevas, «en planeación», sin presupuesto definido. Construir muros no es lo mismo que gobernar lo que hay adentro de ellos.
Liberar sin estrategia: la apuesta más peligrosa del sexenio Que la propia Consejería Jurídica admita, extraoficialmente, no tener una ruta clara para decidir a quién liberar es la confesión más honesta —y más alarmante— de todo este episodio. Se habla de personas acusadas de delitos menores o que llevan años sin sentencia. Suena razonable en el papel. Pero en un país donde la violencia y la venganza no son abstracciones sino estadística diaria, «delito menor» y «sin sentencia» no son sinónimos de «sin peligrosidad». La prisión preventiva oficiosa es una figura constitucional profundamente cuestionable, condenada dos veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la presunción de inocencia. Pero corregir una injusticia estructural con un criterio improvisado, sin protocolos de evaluación de riesgo, sin coordinación verificable entre fiscalías estatales y federales, no es justicia: es ruleta rusa institucional.
Las víctimas, otra vez, al final de la fila Nadie en esta discusión ha explicado, con claridad y en público, qué mecanismo de notificación, protección o reparación tendrán las víctimas cuando la persona que las agredió salga libre por rezago judicial y no por inocencia comprobada. El discurso oficial se centra —correctamente— en el hacinamiento y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Pero un sistema de justicia que solo mira hacia un lado de la ecuación penal no es garantista: es negligente. La política de despresurización no puede construirse de espaldas a quien ya fue víctima una vez y corre el riesgo de serlo otra vez por decisión administrativa.
Y si llega la sentencia condenatoria, ¿los regresan a prisión? Esta pregunta, que debería ser el eje operativo de todo el esquema, no tiene hasta ahora respuesta pública. Si una persona liberada por falta de sentencia es después condenada. ¿Existe un protocolo de reaprehensión inmediata? ¿Quién lo ejecuta y en qué plazo? La experiencia mexicana con la «puerta giratoria» —que el propio Secretario de Seguridad se ha visto obligado a salir a desmentir como fenómeno generalizado— demuestra que estas preguntas no son hipotéticas. Son, precisamente, el punto donde la política pública mexicana suele colapsar: en la ejecución, no en el anuncio.
Un Poder Judicial que no se da abasto La Suprema Corte de Justicia de la Nación entró a receso este año con más de 800 expedientes pendientes, entre ellos, desde hace tres años, la definición constitucional sobre la propia prisión preventiva oficiosa. Ese es el tribunal al que ahora se le pide, en los hechos, absorber una oleada adicional de revisiones de sentencia acelerada. Un Poder Judicial saturado no resuelve más rápido porque el Ejecutivo lo desee: resuelve más rápido si tiene personal capacitado, presupuesto y voluntad institucional. Ninguna de las tres condiciones está garantizada hoy.
Jueces sin experiencia, decisiones con consecuencias irreversibles Y aquí llegamos al punto más incómodo. La reforma judicial de 2024-2025 eliminó el examen de conocimientos obligatorio y flexibilizó los requisitos de experiencia para aspirar a una judicatura. Especialistas y hasta legisladores del propio partido gobernante han documentado casos de juzgadores electos sin preparación técnica —incluido uno que, en Aguascalientes, vinculó a proceso a la propia víctima de un delito—. Poner en manos de un aparato judicial en plena curva de aprendizaje decisiones sobre libertad anticipada de miles de personas no es descentralizar justicia: es transferir el riesgo del Estado hacia jueces sin blindaje técnico ni experiencia jurisdiccional previa.
Una propuesta, no solo una crítica Nada de lo anterior significa que el hacinamiento no deba resolverse. Debe resolverse, con urgencia y con apego a los estándares interamericanos. Pero exige tres cosas que hoy no existen: a) Un protocolo público y verificable de evaluación de riesgo por caso. b) Un mecanismo automático de reaprehensión ante sentencia condenatoria. c) Una ruta de acompañamiento a víctimas paralela a cada liberación. Sin eso, no estamos ante una política de justicia. Estamos ante una ocurrencia con uniforme institucional, y el país ya pagó muy caro, antes, el costo de improvisar con la seguridad de su gente. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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