En un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó este jueves una sesión pública fuera de su sede para resolver asuntos directamente vinculados con comunidades indígenas. La jornada marcó el inicio de una etapa itinerante del máximo tribunal, con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía y transparentar el proceso de deliberación judicial.
Durante la primera sesión extraordinaria en territorio, las seis ministras y ministros que acudieron de forma presencial a Tenejapa, Chiapas, entre ellos el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, la ministra Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Rodrigo Guerrero García, explicaron que la decisión de sesionar en territorio responde a la necesidad de reducir la distancia histórica entre las instituciones judiciales y las comunidades que reciben los efectos de sus resoluciones. «La Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio; que ustedes vean que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia», resaltó el ministro presidente de la Corte. A distancia estuvieron el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, mientras que la ministra María Estela Ríos González, estuvo ausente de la sesión. Fue así que ante habitantes de la región, señalaron que buscan mostrar cómo se discuten y toman las decisiones dentro del pleno, así como escuchar directamente a las poblaciones involucradas. Durante la sesión, ministras y ministros subrayaron el carácter histórico del encuentro. Recordaron que, en el pasado, la Suprema Corte solo abandonó su sede debido a conflictos armados o crisis políticas. En esta ocasión, señalaron, la salida responde a una decisión deliberada de acercar el tribunal a la población y fortalecer una justicia más accesible y pluricultural. Previamente, a través de un comunicado, la Corte detalló que la elección de Tenejapa, «responde a una clara pertinencia social y territorial». Esto debido a que Chiapas alberga la tercera población indígena más grande del país, con presencia de 12 de los 68 pueblos indígenas de México, que enfrenta importantes desafíos estructurales: cerca del 70 % de su población vive en situación de pobreza multidimensional.
Corte avala proyecto sobre autogobierno indígena en sesión histórica en Chiapas
Durante la sesión, la Corte aprobó por mayoría el proyecto que reconoce la existencia de una omisión legislativa en el estado de Chiapas para garantizar el derecho al autogobierno de la comunidad indígena de Candelaria, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz, propuso modificar la sentencia previamente impugnada y conceder el amparo a la comunidad respecto de la falta de legislación que permita hacer efectivo su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Tras el análisis del pleno, la propuesta fue votada a favor. El caso se originó cuando la comunidad de Candelaria solicitó al Congreso del estado de Chiapas el reconocimiento formal de su gobierno comunitario. Ante la falta de respuesta inicial, promovieron un juicio de amparo en el que señalaron también la inexistencia de normas que regulen el ejercicio del autogobierno indígena.
Durante el proceso judicial, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas emitió un acuerdo reconociendo a la autoridad comunitaria. Por ello, la Corte determinó sobreseer esa parte específica del juicio, pero mantuvo el análisis sobre la omisión legislativa. La sentencia sostiene que la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, así como a decidir sus formas internas de organización política y social. Asimismo, señala que los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana establecen la obligación del Estado de crear condiciones normativas que permitan ejercer esos derechos de manera efectiva. Fue así que este jueves, frente a autoridades tradicionales e integrantes de comunidades indígenas de Tenejapa y La Candelaria, el Pleno reconoció que el Congreso de Chiapas incurrió en una omisión legislativa que ha impedido que los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos como sujetos de derecho público, con sus propias autoridades y formas de organización. Ante ello, el fa ordena al Congreso de Chiapas emitir la legislación necesaria para hacer operativo el autogobierno indígena conforme al marco constitucional. También establece medidas para que autoridades estatales y municipales garanticen que la comunidad pueda ejercer sus facultades y recibir los recursos públicos que le correspondan. Según se estableció, el Congreso local debe legislar para hacer realidad estos derechos en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que dotará de contenido el artículo 2° de la Constitución Política Federal.
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