En las últimas semanas se ha hablado mucho de los «asesores» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las críticas se concentraron, principalmente, en la ministra Lenia Batres, aunque pronto terminaron por extenderse al funcionamiento de la nueva integración del máximo tribunal. Sin embargo, en medio de esa polémica pasó inadvertida una pregunta mucho más importante: ¿quiénes son realmente esos «asesores» de los que hoy tanto se habla?
La respuesta suele sorprender incluso a muchos abogados. No se trata, en su mayoría, de asesores políticos. Son secretarios de estudio y cuenta que investigan precedentes, analizan expedientes, preparan proyectos de sentencia y constituyen el principal soporte técnico de las ponencias. Son abogados especializados cuya labor resulta indispensable para el funcionamiento cotidiano de la Suprema Corte. Aunque la decisión final, y la responsabilidad, corresponde siempre al ministro, nadie que conozca el funcionamiento interno del tribunal puede negar la enorme importancia de estos equipos. Mientras la opinión pública concentraba su atención en la elección popular de los nuevos ministros, al interior de la Corte ocurrió un proceso mucho menos visible, pero probablemente igual de trascendente. Las ponencias fueron distribuidas mediante un sorteo. María Estela Ríos asumió la ponencia de Jorge Mario Pardo Rebolledo; Sara Irene Herrerías recibió la de Javier Laynez; Giovanni Figueroa heredó la de Juan Luis González Alcántara; Arístides Guerrero la de Margarita Ríos Farjat; Irving Espinosa la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Hugo Aguilar Ortiz recibió la ponencia de Norma Piña. Por su parte, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel conservaron las ponencias que ya dirigían. Vale la pena detenerse un momento en lo que esto significa. Una ponencia no es una oficina, ni un mobiliario, ni una colección de expedientes. Una ponencia es, sobre todo, un equipo humano. Es un grupo selecto que conoce los criterios de la Corte, la forma de trabajar de los ministros, la historia procesal de cientos de asuntos y la metodología con la que se construyen las decisiones del tribunal constitucional más importante del país. Dicho de otra manera, las ponencias representan buena parte de la memoria institucional de la Suprema Corte. Cambiar al ministro sin explicar qué ocurrió con ese equipo equivale a explicar únicamente una parte de la historia. No existe nada censurable en reconocer que una institución necesita continuidad. Sería absurdo pretender que una nueva integración comenzara de cero y prescindiera de toda la experiencia acumulada durante décadas. Ningún tribunal constitucional serio funciona de esa manera. La estabilidad institucional también depende de conservar cuadros técnicos altamente especializados. Durante semanas se ha discutido si los ministros tienen demasiados «asesores», si las ponencias producen suficientes proyectos o si el trabajo técnico responde a las expectativas de una nueva Suprema Corte. Sin embargo, casi nadie parece haberse preguntado de dónde provienen esos equipos ni por qué una parte importante de ellos continúa siendo la misma que acompañó a los ministros de la integración anterior. No se trata de poner en duda la capacidad o la honestidad de los secretarios de estudio y cuenta. Pero la sociedad tiene derecho a conocer bajo qué criterios serían ratificados, sustituidos o redistribuidos después de una reforma que fue presentada como un cambio histórico para el Poder Judicial. La legitimidad democrática exige transparencia sobre la manera en que se ejerce el poder dentro de las instituciones. Si hoy los llamados «asesores» de la Suprema Corte ocupan los titulares de los periódicos y las discusiones públicas, quizá ha llegado el momento de dejar de tratarlos como un asunto secundario y reconocer que constituyen una pieza esencial en el funcionamiento del máximo tribunal. Si esos equipos representan la memoria institucional del tribunal, la ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué criterios fueron conservados. La transparencia también consiste en explicar las continuidades, no solamente celebrar los cambios.
Por eso mismo, lo que algunos medios han llamado la “herencia maldita” de la antigua Corte, no fueron sus criterios o sentencias, fueron sus ponencias. Porque al tratarse de equipos técnicos que sobreviven a los ministros y que, con su influencia cotidiana, pueden representar la continuidad institucional del máximo tribunal también pueden significar un lastre que no permite su evolución. Si la reforma judicial realmente pretendía inaugurar una nueva época para la justicia constitucional mexicana, la ciudadanía merece saber no solo quiénes cambiaron, sino también quiénes permanecieron y por qué. Esa respuesta sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la nueva Suprema Corte. ____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes