La expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) abre una nueva discusión sobre la reforma judicial mexicana. Para entender su alcance, conviene explicar qué son estas organizaciones, a quiénes representan y qué consecuencias tiene la decisión.
La CONATRIB reúne a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas. Es un espacio de coordinación y representación de los poderes judiciales locales, cuya actividad está directamente relacionada con la vida cotidiana: en ellos se resuelven divorcios, controversias familiares, sucesiones, incumplimientos de contratos y numerosos procesos penales. Su importancia deriva de esa representación. Permite que los tribunales locales intercambien experiencias, identifiquen problemas comunes y mantengan una interlocución conjunta con otras autoridades. Sus posicionamientos tienen peso institucional, aunque la organización no sustituye a los tribunales que la integran ni decide cómo deben resolver sus jueces. La Unión Internacional de Magistrados es una organización profesional fundada en 1953 que agrupa asociaciones nacionales de personas juzgadoras. Uno de sus objetivos centrales es proteger la independencia judicial. Para pertenecer a ella, sus integrantes deben cumplir condiciones de independencia y apoliticidad respecto de los poderes políticos. Tiene presencia en los cinco continentes y reúne asociaciones de países con distintas tradiciones jurídicas y sistemas políticos. Entre ellos están Alemania, Austria y Bélgica, en Europa; Canadá, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, en América; Australia, en Oceanía, y Sudáfrica, en África. Sus integrantes son organizaciones profesionales de juzgadores. Sus decisiones expresan la posición de esas asociaciones, no la de los gobiernos de sus países. Pertenecer a la UIM permite participar en una comunidad internacional que intercambia experiencias y examina las condiciones en las que trabajan los jueces, así como los riesgos que pueden afectar su autonomía.
¿Qué ocurrió? Según la información publicada, el procedimiento tuvo como antecedente el respaldo de la CONATRIB a la reforma judicial mexicana, expresado en junio de 2024. La UIM cuestionó la compatibilidad de la elección popular de personas juzgadoras con los principios de independencia exigidos a sus integrantes. La CONATRIB defendió su actuación señalando que había privilegiado el diálogo con las autoridades para lograr una aplicación gradual. También sostuvo su carácter apolítico y su obligación de acatar el nuevo marco constitucional. La mayoría consideró insuficiente esa explicación. El 17 de octubre, la expulsión fue aprobada con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. El desacuerdo comprende dos visiones sobre cómo debe actuar una organización judicial ante una transformación constitucional. La CONATRIB presentó su interlocución como una vía para intervenir en las condiciones de implementación. La UIM consideró que el respaldo otorgado resultaba incompatible con sus requisitos de pertenencia.
Es importante precisar los efectos. Se trata de una decisión sobre la membresía de la CONATRIB en una organización profesional internacional. No es una sentencia que anule la reforma judicial ni una sanción contra el Estado mexicano. Tampoco modifica las facultades de los tribunales locales, la validez de sus resoluciones o los derechos de quienes acuden ante ellos. Su consecuencia directa es la pérdida de participación de la CONATRIB como integrante de ese espacio. Tiene también una dimensión institucional y reputacional: una mayoría de las asociaciones participantes consideró que la organización mexicana dejó de reunir las condiciones necesarias para permanecer en la Unión. ¿Por qué debería interesarle esto a quien nunca había escuchado hablar de ambas organizaciones? Porque el asunto de fondo es la independencia de quienes resuelven los conflictos de la sociedad. Cualquier persona necesita que su juez decida conforme a las pruebas y las normas, incluso cuando su resolución resulte desfavorable para una autoridad o alguien con influencia. La expulsión, por sí sola, no demuestra cómo actúa cada juez mexicano ni permite anticipar el resultado de un juicio. Sí aporta un elemento relevante para evaluar cómo se percibe internacionalmente la transformación de nuestra justicia y cómo explican sus representantes las decisiones que adoptaron. Su importancia está en abrir una discusión informada: qué condiciones necesita un juez para actuar con autonomía, cómo deben protegerlas las organizaciones que lo representan y de qué manera puede comprobarse que los cambios judiciales mejoran la justicia para las personas. *Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam. Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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