La escena del 12 de noviembre merece leerse sin aplauso protocolario. Ante alcaldes y responsables municipales, Omar García Harfuch reconoció que la respuesta inmediata recae muchas veces en los ayuntamientos , que trabajan con presupuestos limitados y necesitan personal , preparación , equipamiento , condiciones dignas y mandos responsables. Ofreció coordinación, inteligencia, investigación, seguimiento y capacitación. La pregunta es qué instrumento convierte esas palabras en capacidades estables cuando termina la conferencia.
El secretario ofreció poner a disposición de los municipios las capacidades de la SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia; establecer comunicación directa, claridad de tareas y seguimiento; y convertir información territorial en investigaciones y operaciones. Son compromisos de coordinación. No equivalen a financiar nóminas, academias, patrullas, radios, seguros, controles de confianza o carreras policiales. La excepción sinaloense debe reconocerse. Harfuch informó que los convenios con municipios, particularmente Culiacán y Mazatlán, contemplaban 900 millones de pesos para equipamiento, radiocomunicación, vigilancia y capacidades operativas. Añadió que Defensa formalizó el comodato de 80 vehículos, incluidos 20 blindados, y que la Guardia Nacional y Mazatlán acordaron capacitación. Pero no precisa cuánto corresponde a cada municipio, calendario, gasto recurrente, indicadores ni un mecanismo equivalente para el resto del país. ¿Y los demás municipios de este país que pasan por las mismas y que no son atendidos por sus gobiernos estatales y mucho menos mirados por la Federación? El dinero que no llega con el discurso El Presupuesto de Egresos de 2027, analizado en mi columna anterior, deja ver la distancia. La bolsa conjunta de Defensa, Marina y SSPC quedó en 331 mil 416.4 millones de pesos; Defensa y Marina concentran cuatro de cada cinco pesos. La Guardia Nacional pasa de 23 mil 492 a 31 mil 486 millones. En cambio, los fondos para policías estatales crecen 1.9 por ciento y FASP y FOFISP agregan poco más de 530 millones.
Para las municipales no aparece un esquema nacional de financiamiento con reglas claras que sustituya al FORTASEG. La contradicción es política: la Federación declara que el municipio es el primer contacto, pero el presupuesto no establece una línea identificable y permanente para sostener esa respuesta. FOFISP, FASP y FORTAMUN no son un subsidio municipal universal. Tienen destinos y alcances distintos; que ciertos recursos puedan apoyar la seguridad no demuestra que cada policía tenga garantizada una base operativa, su nómina o sus gastos de equipamiento. Debemos recordar que el FORTASEG desapareció en 2021 y que el FOFISP no recuperó la escala del subsidio precedente. También se consignan reducciones de efectivos y brechas de certificación atribuidas a estudios de organizaciones de la sociedad civil.
La continuidad del problema basta para la pregunta central: se exige profesionalización mientras cada tesorería resuelve salarios, evaluaciones, formación y equipo. Policías civiles o administración prestada El discurso de García Harfuch agradece el apoyo de Defensa, Marina y Guardia Nacional, y ofrece sus centros de entrenamiento. Una policía municipal necesita mando civil, carrera, proximidad, controles internos, investigación inicial y responsabilidad local. Si su conducción depende de perfiles militares, puede ganar disciplina inmediata, pero corre el riesgo de no desarrollar capacidades civiles propias. No sostengo que todo mando de formación militar sea incapaz ni que deba excluirse la colaboración castrense. Pregunto qué política garantiza una conducción municipal profesional, civil y sostenible, y qué transferencia de capacidades se exige cuando intervienen mandos externos. El discurso no lo explica. El presupuesto analizado tampoco identifica una inversión nacional para construir esa arquitectura. La presencia federal puede contener una crisis; no debe convertirse en el modelo ordinario de gobierno policial.
El SESNSP: norma y realidad El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordina acuerdos, información, certificación y seguimiento dentro del marco legal. Pero la pregunta es si la verificación llega al piso de cada corporación. ¿Comprueba que cada municipio del país tenga plantilla suficiente, patrullas funcionales, combustible, radios, armamento registrado, instalaciones, academia, protocolos, atención psicológica y protección social? ¿Audita a los Secretariados estatales que no están cumpliendo cabalmente con su función de órganos rectores de la política de seguridad estatal? ¿Publica brechas municipales y las vincula con una ruta financiada de corrección? Los documentos oficiales examinados para escribir esta columna, no muestran un sistema integral de verificación material con ese alcance. Medir cursos y certificados sin revisar turnos, unidades disponibles, tiempos de respuesta, rotación y calidad de las puestas a disposición produce una fotografía administrativa, no una policía funcional. La Guardia como préstamo permanente Cuando un alcalde pide que la Guardia Nacional asuma la seguridad municipal, puede estar describiendo una incapacidad real: faltan agentes, equipo, mando confiable o protección frente a la captura criminal. La Guardia puede apoyar; su despliegue es respuesta federal, no estructura municipal permanente. Si se retira, ¿quién queda? Si permanece, ¿qué presupuesto reconstruye la policía local? La dependencia es circular: el ayuntamiento pide fuerza federal porque su corporación es débil, y esa debilidad persiste porque la solución visible es desplegar fuerza federal. Una responsabilidad que debe presupuestarse La salida exige una decisión. SSPC debe proponer con Hacienda y el Congreso un fondo municipal etiquetado y plurianual, con fórmula pública que considere población, riesgo, dispersión y capacidad fiscal. Debe financiar prestaciones, formación, evaluación, equipo, mantenimiento y academias regionales. El SESNSP debe publicar diagnósticos desagregados, verificar condiciones materiales y dar seguimiento a planes de mejora y los estados deben asumir la corresponsabilidad de diagnosticar, supervisar y financiar cuando los municipios carezcan de esas capacidades. También hacen falta esquemas intermunicipales donde una corporación aislada no pueda sostener análisis, asuntos internos o formación. La coordinación con fiscalías debe producir investigaciones que sobrevivan al primer respondiente. Toda intervención federal requiere objetivos, plazo, responsabilidades y una estrategia para fortalecer el mando civil local. Harfuch puso sobre la mesa una verdad conocida: la seguridad comienza donde vive la gente. Pero reconocer al primer respondiente sin garantizarle recursos es hacerlo responsable de una obligación que no puede cumplir. Los 900 millones anunciados para Sinaloa merecen seguimiento; también exhiben la pregunta pendiente para el resto del país: ¿dónde está la partida y la fórmula que hagan permanente ese respaldo a todos los ayuntamientos que lo necesiten? Si el Gobierno quiere que la seguridad municipal sea cimiento nacional, debe dejar de tratarla como invitada a una conferencia. Una patrulla sin gasolina y un policía sin protección no son fallas de comunicación: expresan prioridades presupuestarias. La coordinación comparte información; únicamente una política financiada construye institución. Sin policía civil municipal, la proximidad seguirá dependiendo del próximo operativo federal. La prueba debe ser territorial: que cada vecino sepa quién responde, con recursos, bajo qué mando y ante qué autoridad puede exigir resultados cuando la patrulla no llega. El criterio debe ser sencillo: publicar qué recibe cada municipio, cuándo lo recibe, qué capacidad queda instalada y quién responde si el compromiso se incumple; sin esa trazabilidad, el anuncio no puede evaluarse públicamente. ______ *Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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