La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, suelen presumir grandes logros en materia de seguridad. Los homicidios están disminuyendo, los decomisos de fentanilo han aumentado y el gobierno le ha dado golpes estratégicos a los grupos criminales, al capturar a sus generadores de violencia y líderes operativos. Al menos, ésa es la narrativa del gobierno federal y, curiosamente, muchos empresarios, inversionistas, analistas y, más importante aún, ciudadanos comparten esta perspectiva optimista.
Sin embargo, los logros del gobierno de Sheinbaum podrían ser bastante menos significativos de lo que parecen a primera vista. La gran cantidad de delitos que permanecen sin denunciarse (93% del total, según el Inegi), distintos errores en el proceso de contar y registrar crímenes, indicadores poco adecuados para entender el enorme problema de la violencia en México y distorsiones deliberadas de cifras contribuyen a la falsa percepción de que la seguridad está mejorando rápidamente. Así lo demuestra el informe “Incidencia delictiva y algunas anomalías, enero abril de 2025” de Causa en Común. El reporte es contundente: concluye que “la subestimación y la distorsión de los datos sobre delincuencia con fines de propaganda política son ya de tal magnitud que impiden considerarlos una herramienta útil para generar diagnósticos y políticas públicas”. Mediante un análisis detallado de las inconsistencia de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (es decir, de los números oficiales del propio gobierno federal), Causa en Común demostró que las autoridades comparan peras con manzanas para presumir supuestas reducciones de crímenes y presuntos logros de seguridad. Más grave aún, hay evidencias de probables manipulaciones por parte de distintas autoridades locales y federales mediante la categorización engañosa de delitos. Lo más preocupante es que hay fuertes indicios de que autoridades locales y federales reclasifican homicidios dolosos como homicidios culposos, “otros delitos contra la vida” y desapariciones con tal de disminuir artificialmente la cifra de homicidios dolosos. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2025, Colima, Morelos, Yucatán y Zacatecas reportaron una disminución en las víctimas de homicidios dolosos de 25%, 37%, 67% y 53%, mientras que los homicidios culposos aumentaron 71%, 78%, 30% y 32% respectivamente. Por su parte, Chihuahua reportó una supuesta disminución de 10% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentaron 250%. En Jalisco, el número de víctimas de homicidio doloso supuestamente disminuyó 18%, mientras que el número de personas desaparecidas aumentó 251%. Estos estados son casos notables, pero no excepcionales. El maquillaje de cifras parece ser común en los gobiernos estatales de todos los partidos y el gobierno federal avala esta práctica al presentar estos datos como triunfos de su estrategia de seguridad. No sólo eso, sino que el gobierno federal incentiva esta práctica al centrar sus baterías en reducir la cifra de homicidios dolosos a toda costa, incluso si esto implica utilizar trampas en la medición y la presentación de cifras para lograrlo. Esta sospecha se fundamenta con el escalofriante dato de que en el primer cuatrimestre de 2025 el número nacional de víctimas de homicidio doloso supuestamente disminuyó 10%, mientras que el número de personas desaparecidas aumentó 26%. Las implicaciones del maquillaje de cifras son múltiples, pero hay una particularmente grave, que debería invitarnos a cambiar el enfoque de las discusiones de seguridad en la conversación pública. La obsesión del gobierno y la opinión pública con la cifra de homicidios dolosos ha creado un incentivo perverso para que otros delitos dejen de importarnos como sociedad, lo que a su vez limita nuestra capacidad para comprender el fenómeno de la violencia en México, que escapa a la lógica de criminales malos matando a ciudadanos bueno s.
Creemos que si se reduce el número oficial de homicidios dolosos se soluciona la violencia en México, pero no es así. Un gran riesgo es que las autoridades locales y federales sigan distorsionando cifras y, con ello, pensemos que la estrategia de seguridad está funcionando, cuando la realidad es que una parte importante de ese supuesto “éxito gubernamental” responde a una simple y llana clasificación engañosa de delitos. Otro gran riesgo es que mejore la situación de homicidios dolosos y que se reduzca la cifra, pero la crisis de personas desaparecidas se agrave porque los grupos criminales piensen que desaparecer tiene un costo más bajo que asesinar y porque las autoridades federales ya asumieron que su inacción frente a las desapariciones no tiene un costo político. Por tanto, los políticos de oposición, los medios de comunicación y los analistas deberían empezar a valerse de otras herramientas para medir el éxito o el fracaso de la estrategia federal de seguridad, y no ceñirse solamente a las cifras maquilladas de disminución de homicidios dolosos. ____ Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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