Alaidé llegó a rentar a un departamento en la calle Bismarck, colonia Moderna en la alcaldía Benito Juárez, con la ilusión de comenzar su vida independiente. Menos de tres años después, con un incremento del 46% en el precio del alquiler y una amenaza de demanda, tuvo que dejar su hogar. “No hay nada que nos avale, nadie que nos ayude, nada que nos resguarde a nosotros como inquilinos”, cuenta la joven de 31 años. A más de un año de que la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, lanzó el Bando 1–una serie de medidas para hacer frente al problema de la gentrificación , el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes– la regulación de las rentas , así como la protección de arrendadores y arrendatarios, aún no se concreta.
El “ Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local ” fue publicado en la Gaceta Oficial el 16 de julio de 2025 y consiste en 14 acciones, entre ellas limitar las rentas y evitar incrementos considerados abusivos; regular los hospedajes temporales; impulsar la vivienda pública, social y asequible, así como combatir prácticas que favorezcan el desplazamiento de residentes y la especulación inmobiliaria. Uno de los progresos, hasta el momento, es la iniciativa de reforma a la Constitución CDMX sobre vivienda, que plantea reconocer el tope al aumento del precio de rentas y la creación de la Defensoría Inquilinaria . La propuesta fue enviada por Brugada al Congreso local en abril, pero no ha sido aprobada y tampoco cuenta con el apoyo de todos los partidos. Jesús Sesma, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó que su grupo parlamentario votará en contra al considerar que la iniciativa no brinda certeza jurídica. “Hoy por hoy, el Verde votaría en contra porque frena la inversión y no queremos eso”, dijo el 21 de mayo. Aunque la reforma a la Constitución capitalina está pendiente, la jefa de Gobierno proyecta para septiembre presentar ante los legisladores de la ciudad la Ley de Rentas Justas. “El objetivo de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles justamente tiene que ver con garantizar que la Ciudad de México pueda tener o ejercer el derecho al arraigo”, aseguró el 5 de agosto en conferencia.
Grietas, fugas de gas y falta de respuesta
Poco después de mudarse, Alaidé comenzó a enfrentar problemas: la instalación eléctrica de su departamento no soportaba tres electrodomésticos conectados al mismo tiempo y el edificio completo se quedó sin agua potable dos semanas por la falla de una bomba. Meses después, una grieta comenzó a aparecer en medio del piso de su sala. Los habitantes del edificio compartían dificultades similares. Zeltzin, de 36 años, tuvo fallas en el drenaje de su departamento, luego la humedad en el techo del baño provocó que se cayeran los acabados. Decidió irse cuando detectó olor a gas, a causa de una fuga en el calentador de agua. “Dos veces me salí a trabajar y cuando regresé ya apestaba todo el departamento», dice. Pese a que reportaron a la administración, ambas jóvenes obtuvieron la misma respuesta: largas y evasivas para la resolución de los problemas, pero un cobro puntual de la renta. A unas puertas Dahlia, de 35 años, decidió buscar ayuda cuando pese a la falta de mantenimiento, le informaron que su renta mensual de 8,000 pesos subiría un 16% si quería renovar contrato, aunque el Código Civil capitalino prohíbe desde 2024 que el alquiler suba por encima de la inflación del año anterior. La estudiante se acercó al Bufete Jurídico de la UNAM, donde le explicaron que no había en el Gobierno de la Ciudad de México una autoridad de defensa o mediación para conflictos entre arrendadores y arrendatarios. “Podían recomendarme a ciertos abogados, pero irme a un juicio iba a salir más caro que pagar el aumento”, lamenta Dahlia. Zeltzin y Dahlia decidieron mudarse. La última en irse fue Alaidé, pues tras aceptar un primer incremento de renta –de 6,500 a 7,500 mensuales– para renovar por un año más le pedían pagar 9,500 pesos al mes, un 46% más respecto a su alquiler inicial. Cuando se negó, la amenazaron con una demanda. “Nos estuvieron ignorando y cansando al grado de obligarnos a irnos”, lamenta Alaidé.
¿Y la Defensoría Inquilinaria?
La informalidad en la vivienda en renta, provocada por una regulación insuficiente, lleva a que se cometan abusos contra las personas inquilinas, así como hacia propietarios que rentan sus inmuebles, apunta Felipe Cuevas Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Ciudad de México. “Por un lado, la persona que está dentro del inmueble (inquilino) se siente con el derecho de pronto de dejar el inmueble, dejar de pagar y no hay nada que lo vaya a obligar. Por otro lado esas propiedades que no tienen contrato o que llevan muchos años estos inquilinos, (los dueños) dejan de darle mantenimiento a los inmuebles, entonces se vuelve un círculo terrible”, dice. Es precisamente una de las deudas más urgentes del Bando 1, la Defensoría Inquilinaria, sostiene Braulio del Águila, integrante del Frente Antigentrificación, colectivo que impulsó en 2025 varias de las protestas por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México. Se requiere de una institución que pueda intervenir ante aumentos excesivos de la renta o cuando se deja de dar mantenimiento a la vivienda. “Nos interesa mucho que exista porque parte de estas desigualdades y de estos procesos de gentrificación tienen que ver con esta relación asimétrica que existe entre casero y quien renta”, señala el activista.
El reto de regular los precios
Juan Carlos Zentella Gómez, urbanista por la UNAM e integrante del Colegio de Urbanistas de la CDMX, señala que con el Bando 1, el gobierno encabezado por Clara Brugada reconoció el problema de gentrificación y aumento de rentas que se vive en la Ciudad de México, pero advierte que regular el incremento de los precios de la vivienda es muy difícil “Los precios de las rentas y ventas (de viviendas) han sido sistemáticamente altos, cuando menos desde los últimos 10 o 15 años. Se necesitaría tener una Ley Inquilinaria, cosa que no existe hoy en la Ciudad de México, a pesar de que en el Bando 1 está establecido”, señala el urbanista.
Zentella Gómez considera necesario ir más allá y generar una política de vivienda en alquiler que incluya la vivienda social en renta. “Mientras esa política de vivienda en arrendamiento no exista y mientras tengamos un arraigo obsesivo con la vivienda en propiedad, difícilmente se va a poder resolver el acceso a la vivienda en general”, sostiene el integrante del Colegio de Urbanistas de la CDMX. Pero en tanto que no exista eso y las medidas sigan pendientes, las personas que viven rentando en alrededor de 583,000 hogares en la Ciudad de México –21.6% de las viviendas de acuerdo con el INEGI – seguirán enfrentando incertidumbre hasta que el Gobierno y el Congreso capitalino logren regular el alquiler de vivienda y se creen las vías para proteger los derechos de inquilinos y propietarios.
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