La soberanía que solo existe en el discurso
México lleva años pronunciando la palabra soberanía como si fuera un escudo. Se invoca frente a Washington, se agita ante cualquier señalamiento internacional, se convierte en bandera cuando conviene al relato oficial. Sin embargo, nadie en Palacio Nacional parece dispuesto a pronunciarla mirando hacia Tierra Caliente, hacia la Sierra de Guerrero, hacia los municipios vaciados de Michoacán. Porque la soberanía, en esos territorios, es una ficción administrativa que nadie se atreve a sostener frente a la evidencia.
El desplazamiento: la herida que no se nombra ¿Por qué negocia quien tiene el monopolio de la fuerza?
El Estado mexicano tiene un problema severo de coherencia: defiende con vehemencia retórica una soberanía hacia afuera que ha sido incapaz de garantizar hacia adentro. Y esa contradicción no es menor; es, en términos de ciencia política y seguridad pública, una crisis de legitimidad con consecuencias humanitarias medibles y documentadas. En Michoacán y Guerrero, el desplazamiento forzado interno no es un fenómeno emergente ni coyuntural. Es una política de terror sistemática ejercida por grupos del crimen organizado —Cárteles Unidos, La Familia Michoacana, Los Ardillos, entre otros— que han sustituido al Estado en funciones básicas: seguridad, justicia, cobro de impuestos y control territorial. Las familias que huyen de Aguililla, de Apatzingán, de Chilapa o de cualquier municipio sitiado no lo hacen porque quieran; lo hacen porque el Estado no llegó antes. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha documentado decenas de eventos de desplazamiento masivo en ambas entidades durante los últimos cinco años. El Internal Displacement Monitoring Centre coloca a México entre los países con mayor desplazamiento interno forzado en el hemisferio occidental. Estos no son datos menores ni periféricos: son la prueba empírica de que el aparato de seguridad mexicano —federal y estatal— ha fallado en su obligación constitucional más elemental: proteger a su población en su propio territorio. Aquí viene la pregunta que incomoda y que el gobierno evita responder con claridad: si el Estado mexicano posee, en términos weberianos, el monopolio legítimo de la violencia, ¿por qué negocia con quienes ejercen violencia ilegítima sobre su población? Los rumores —que ya tienen el peso de versiones periodísticas documentadas por medios especializados— sobre acercamientos de la Secretaría de Gobernación con grupos que controlan Guerrero no son anécdota; son síntoma de una incapacidad estructural disfrazada de pragmatismo político.
La confusión que cuesta vidas: política social versus política de seguridad Lo que sí se puede hacer: propuestas sin excusas
Negociar con el crimen organizado cuando se tienen capacidades institucionales —Guardia Nacional, Sedena, FGR, inteligencia civil— no es estrategia: es rendición con protocolo. Y el costo no lo paga el funcionario que negocia; lo pagan las familias desplazadas, las comunidades sin médico, sin escuela, sin ley. El gobierno federal ha insistido en que la raíz del problema es la pobreza y que, por tanto, la respuesta es social. Esa lectura no es falsa en su totalidad, pero es peligrosamente incompleta. La política social no desmantela células criminales. Los programas de bienestar no recuperan plazas controladas por grupos armados con fusiles de asalto y drones artillados. La seguridad pública exige inteligencia criminal, investigación ministerial, persecución penal efectiva y presencia territorial sostenida. Mezclar ambas lógicas no solo es un error conceptual: es una coartada para la inacción operativa. La solución no es inédita ni imposible; es política y operativamente viable si existe voluntad real: Primero, reconocer oficialmente el desplazamiento forzado interno como emergencia humanitaria y activar los mecanismos de la Ley General de Víctimas para atención inmediata con perspectiva territorial. Segundo, diseñar una estrategia de recuperación territorial diferenciada por municipio —no por estado— con inteligencia criminal de base local, coordinación interinstitucional real y mando único operativo con rendición de cuentas. Tercero, separar con claridad los presupuestos, mandos y métricas de la política social y la política de seguridad. Que cada una responda a su lógica sin que una sirva de pretexto para no ejecutar la otra. Cuarto, activar mecanismos de supervisión civil independiente —academia, sociedad civil, organismos internacionales— sobre las operaciones en zonas de alto riesgo, para blindar derechos humanos sin paralizar la acción del Estado.
El gobierno que invoca soberanía ante el mundo pero abandona municipios enteros al control del crimen organizado no defiende nada. Solo administra su propia renuncia. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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