La Suprema Corte discutía una acción de inconstitucionalidad relacionada con las llamadas terapias de conversión cuando, de pronto, la conversación pública dejó de girar alrededor de la Constitución y comenzó a girar alrededor de una palabra: “doméstica”. Como suele ocurrir en estos tiempos, el fragmento se volvió viral, las burlas aparecieron de inmediato y la ministra María Estela Ríos quedó en el centro de una nueva polémica. Sin embargo, la verdadera historia no trata sobre una trabajadora doméstica. Ni siquiera trata exclusivamente sobre una ministra. Trata sobre la creciente dificultad de la Suprema Corte para convencer y sobre la facilidad con la que nosotros hemos dejado de escuchar.
El episodio surgió durante la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 79/2025. La cuestión jurídica era relativamente técnica: determinar si la referencia a una “relación doméstica” satisfacía los estándares de precisión exigidos por el principio de taxatividad en materia penal. Se trata de un debate legítimo. Los tribunales constitucionales de todo el mundo dedican buena parte de su tiempo a examinar si determinadas expresiones legales son lo suficientemente claras para justificar consecuencias jurídicas, especialmente cuando están en juego sanciones penales. Sin embargo, algo ocurrió durante la discusión. Más allá de la posición jurídica que pudiera sostenerse, la intervención de la ministra María Estela Ríos terminó transmitiendo una sensación de confusión que rápidamente desplazó el análisis del problema constitucional de fondo. En cuestión de horas, el debate dejó de ser sobre taxatividad penal y pasó a convertirse en una discusión sobre si la Corte entendía o no el significado de la palabra “doméstica”. Sería injusto afirmar que el Pleno de la Suprema Corte estaba discutiendo una cuestión semántica elemental. No era eso lo que realmente se encontraba sobre la mesa. Pero también sería ingenuo ignorar que la intervención dejó una impresión poco favorable. Y ese es precisamente el problema. Las ministras y ministros de la Suprema Corte tienen derecho a equivocarse. De hecho, resulta imposible ejercer la función jurisdiccional sin cometer errores. La historia constitucional está llena de criterios posteriormente abandonados, sentencias corregidas y razonamientos que el tiempo terminó desmintiendo. Lo preocupante no es el error. Lo preocupante es la percepción de improvisación. María Estela Ríos enfrenta hoy un desafío que va más allá de este episodio concreto. Desde su llegada a la Suprema Corte ha protagonizado diversas intervenciones que han generado cuestionamientos sobre la claridad de sus argumentos y sobre la forma en que comunica sus posiciones jurídicas. El episodio del teléfono celular, algunas declaraciones posteriores y ahora la discusión sobre la expresión “doméstica” han contribuido a construir una narrativa de fragilidad argumentativa que comienza a afectar no sólo a la ministra, sino también a la institución que representa. Porque los jueces constitucionales no sólo deben tener razón. También deben transmitir confianza. Deben convencer. Deben proyectar la imagen de que dominan los asuntos que tienen frente a sí. La autoridad de una Corte no depende exclusivamente de la corrección técnica de sus sentencias. También descansa en la percepción pública de que quienes las emiten han estudiado cuidadosamente los problemas que están resolviendo. Sin embargo, la historia no termina ahí.
Si algo resulta preocupante de este episodio es la velocidad con la que una parte de la comentocracia jurídica convirtió una discusión compleja en una caricatura. Durante días, numerosos comentarios se concentraron en ridiculizar una frase aislada, mientras el verdadero problema constitucional desaparecía del debate. La discusión sobre la taxatividad penal, las agravantes y los estándares de precisión legislativa quedó completamente eclipsada por la búsqueda del siguiente fragmento viral. También ahí existe una responsabilidad compartida. Una Corte constitucional no puede evaluarse únicamente a partir de videos de treinta segundos. Las sentencias deben leerse. Los proyectos deben estudiarse. Los argumentos deben analizarse. Cuando el debate público se reduce a la cacería permanente de equivocaciones, la crítica deja de cumplir su función y se convierte simplemente en entretenimiento. Por eso el episodio de la ministra y la doméstica resulta tan revelador. Muestra, por un lado, una Suprema Corte que todavía parece buscar la autoridad intelectual que debería acompañar a un tribunal constitucional. Pero también exhibe una conversación pública cada vez más superficial, en la que los errores importan más que los argumentos y las frases desafortunadas generan más atención que las sentencias. Quizá el problema no sea únicamente María Estela Ríos. Quizá el problema sea que la Suprema Corte necesita comunicar mejor sus razones y que quienes la observamos necesitamos volver a discutir ideas en lugar de fragmentos virales. Porque la confianza en la justicia no se construye con ocurrencias. Pero tampoco con burlas. Se construye con argumentos capaces de resistir ambas cosas. _____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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