Tras el rechazo en la Cámara de Diputados a su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso un «Plan B» en materia electoral, el cual busca reducir privilegios en el sistema político y ampliar mecanismos de participación ciudadana. La mandataria adelantó que la iniciativa será enviada el lunes 16 de marzo, una vez que concluya su redacción. El eje central de la propuesta, explicó, es continuar con la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal.
Las claves 1. Tope al gasto de congresos locales 2. Reducción de regidores en municipios
De acuerdo con la presidenta, las medidas de este plan pueden generar ahorros cercanos a 4,000 millones de pesos, recursos que permanecerán en los estados y municipios para financiar obra pública y servicios. Uno de los principales cambios del plan B consiste en establecer un límite al presupuesto de los congresos estatales, con el objetivo de reducir diferencias de gasto entre entidades. Sheinbaum explicó que actualmente existen variaciones significativas en el costo por legislador. Por ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por diputado local es de 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. En tanto que en Morelos, agregó, alcanza 31.8 millones por legislador. La propuesta busca así, fijar un tope máximo al presupuesto legislativo , ya sea en función de la población, del presupuesto estatal o del promedio nacional. Otra de las medidas planteadas a revisar es el número de regidores en los ayuntamientos, y es que según dijo la presidenta, en muchas ciudades el número actual responde a acuerdos políticos y no a necesidades administrativas. La presidenta citó casos como Monterrey, que cuenta con 28 regidores, Puebla con 23 y Acapulco con 20.
3. Consultas populares sobre temas electorales 4. Revocación de mandato en tercer o cuarto año
El plan B de la presidenta también propone ampliar los temas que pueden someterse a consulta popular, incluyendo algunos relacionados con el sistema electoral. Sheinbaum explicó que actualmente, la legislación prohíbe que asuntos electorales se sometan a votación ciudadana, por lo que planteó que algunos temas, como el monto del financiamiento público a partidos políticos, puedan consultarse directamente con la ciudadanía. “¿Por qué no preguntarle a la gente sobre los montos a los partidos políticos? Que la gente decida”, dijo. Otra modificación contemplada en el plan es flexibilizar el momento en que puede realizarse la revocación de mandato presidencial.
5. Continuidad de la política de austeridad Diferencias entre el «Plan B» y la reforma electoral ¿Cuándo se entregará el Plan B?
Y es que actualmente este mecanismo solo puede llevarse a cabo en el cuarto año del sexenio, por lo que con la propuesta de Sheinbaum ahora se permitiría realizarlo en el tercer o en el cuarto año de gobierno, si así lo solicita la ciudadanía. La presidenta defendió además que tanto la reforma electoral original como el plan alternativo responden a una misma lógica: reducir privilegios en el uso de recursos públicos. “Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, afirmó. Sheinbaum sostuvo que el financiamiento a partidos políticos y el gasto de las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral, es considerado excesivo por una parte importante de la población. “Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos en un país con grandes necesidades”, dijo. La presidenta explicó que el «Plan B» mantiene el objetivo central de la reforma electoral original —reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana— pero a través de cambios que pueden realizarse mediante legislación secundaria. La propuesta original de reforma electoral planteaba cambios estructurales como reducir el financiamiento público a partidos políticos; modificar el sistema de representación proporcional para que los diputados plurinominales fueran electos directamente por la ciudadanía; disminuir el presupuesto de las autoridades electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral y revisar las funciones de los organismos públicos locales electorales (OPLES) para evitar duplicidades con el INE. Mientras que la nueva propuesta se centra en establecer topes al presupuesto de congresos locales; rreducir el número de regidores en los municipios; busca permitir realizar consultas populares sobre algunos temas electorales, como el financiamiento a partidos; ampliar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año, con lo que se dijo, se generarían ahorros estimados en 4,000 millones de pesos que se quedarían en estados y municipios. Sheinbaum informó que será el próximo lunes 16 de marzo cuando se envíe este Plan B al Congreso, aunque no detalló si la Cámara de Diputados o el Senado serán los recerptores.
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