El reglamento que dará forma a la nueva Ley General de Economía Circular todavía está en proceso de elaboración, pero ya enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientales, que advierten que sus disposiciones serán determinantes para evitar que la legislación se limite a compensar impactos en lugar de reducir residuos y contaminación desde su origen.
Los retos de la responsabilidad extendida
Greenpeace , Acción Ecológica y El Poder del Consumidor piden fortalecer el proyecto de reglamento y cerrar vacíos de la ley, particularmente en materia de responsabilidad extendida del productor , eliminación de sustancias peligrosas y obligaciones para quienes fabrican, importan o comercializan productos. Para las organizaciones, las medidas regulatorias deben impedir que los costos ambientales y los riesgos para la salud sean trasladados a la sociedad, a las comunidades más vulnerables o a las generaciones futuras. La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 , incorporó el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una medida para que los sectores productivos desarrollen productos con diseño circular cuando sea ambiental, técnica y económicamente viable, y que fomenten y financien esquemas de economía circular para los bienes que producen o importan. Por ejemplo, si una empresa fabrica o importa llantas para automóviles. La responsabilidad no termina cuando la llanta se vende, con la Ley General de Economía Circular la empresa debe hacerse cargo también de lo que ocurre cuando esa llanta llega al final de su vida útil. La preocupación es que la ley permite que la Responsabilidad Extendida pueda cumplirse con medidas de compensación ambiental, como la restauración ecológica, la conservación de áreas naturales protegidas, la reparación del daño ambiental o la reforestación o reducción de emisiones contaminantes. También establece que el cumplimiento puede ser directo o indirecto. Viridiana Lázaro , especialista de Océanos y Cambio Climático de Greenpeace México, explica que el riesgo es que las empresas compensen impactos ambientales sin necesariamente modificar el diseño, la producción o el manejo de los residuos que genera.
¿Reciclar o quemar?
“Para que se considere responsable y que está cumpliendo con la responsabilidad extendida del productor es que se haga cargo de los residuos de los productos que está generando”, sostiene. Al respecto, las organizaciones exigen que reglamento precise los procedimientos, criterios y condiciones para la aplicación de estas disposiciones. La termovalorización —proceso mediante el cual los residuos se someten a altas temperaturas para aprovechar su contenido energético y producir calor, vapor o electricidad— es otro de los puntos que concentra las críticas a esta ley. Las preocupaciones en este aspecto se debe a que legislación reformó también disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y definió la termovalorización como el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía eléctrica. Para las organizaciones, incluir estos procesos dentro de la economía circular representa un riesgo porque puede convertir la quema de residuos en una alternativa reconocida por la política pública.
En la ley ya quedaron legalizados estos procesos como si fueran circulares: quemar basura para obtener combustible o energía, lo cual son procesos sumamente contaminantes». Si esos Polos de Desarrollo van a ser para quema de llantas, para pirólisis, principalmente para incineración, para generación de energía, eso no alivia el problema de los residuos». El riesgo invisible: las sustancias químicas
Larissa de Orbe , representante de Acción Ecológica, considera que aunque la ley ya abre esa puerta, el reglamento es una de las últimas oportunidades para establecer límites. Ante ello, su propuesta es que la termovalorización, en caso de mantenerse, sea considerada únicamente como el último recurso después de agotar alternativas como la reducción, reutilización, reparación y reciclaje. “Nosotras quisiéramos que esta ley se derogara definitivamente, pero bueno, es una ley que ya entró en vigor. Nosotros quisiéramos que el reglamento pusiera candados”, dice. Esta preocupación está relacionada con los Polos de Economía Circular para el Bienestar (PODECOBI), zonas en el país donde gobiernos y empresas buscan transforman la basura y los residuos en recursos útiles como abono, gas o materiales reciclados en lugar de tirarlos, y así impulsar la producción, crear empleos y cuidar el medio ambiente. Viridiana Lázaro alerta que Greenpeace ha identificado la posibilidad de que en algunos de estos espacios se desarrollen además procesos como la pirólisis — proceso que utiliza altas temperaturas en un ambiente sin oxígeno para descomponer materiales sin combustión— y otras formas de valorización energética. Para la especialista, el riesgo es que las plantas que requieren residuos como combustible terminen generando incentivos para mantener la producción de materiales que deberían reducirse. “Al final no terminaría con el problema. Solo lo perpetuaría y se generaría que se tenga que producir más y más plástico, más y más materia que sea combustible para estas máquinas”, señala. Más allá de los residuos visibles, hay otro problema colocado sobre la mesa: las sustancias químicas que contienen los productos y que podrían continuar circulando en el mercado. Las organizaciones mencionan que –por ejemplo– en el caso de los plásticos, aunque puede ser reciclado y reincorporado a una cadena productiva, las sustancias químicas que contiene no necesariamente desaparecen durante ese proceso. Al respecto, las organizaciones aseguran que no basta con mantener un material dentro del ciclo productivo para afirmar que existe circularidad, sino que también deben conocerse qué sustancias contiene y qué riesgos implican para las personas y el ambiente. “No puede ser una economía circular mientras no se pueda evaluar y revisar el tema de las sustancias químicas que se están utilizando en los procesos económicos”, dice Larissa de Orbe. La representante de Acción Ecológica recuerda que México carece de una ley general específica sobre sustancias químicas y que aunque existen algunas normas, están desactualizadas. En ese sentido, las organizaciones piden que el reglamento incorpore criterios de trazabilidad química y transparencia, de manera que los consumidores puedan conocer qué sustancias contienen los productos que reciben algún reconocimiento de circularidad.
El distintivo que preocupa a las organizaciones La última oportunidad
La Ley General de Economía Circular también crea un Distintivo Nacional de Economía Circular para identificar productos que cumplan con los principios y criterios de la legislación. La Semarnat será la autoridad encargada de autorizar su utilización. La ley señala que el distintivo deberá proporcionar información veraz, verificable y accesible al consumidor y tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de renovación. Sin embargo, el mecanismo parte de una auditoría ambiental voluntaria y del cumplimiento de los acuerdos de implementación de la Responsabilidad Extendida y convenios de concertación. Para Larissa de Orbe, este modelo puede derivar en una forma de “greenwashing” o, en sus palabras, “circular washing”. “Es la industria la que se va a autoauditar una vez más, de manera voluntaria, y el Estado le va a otorgar un distintivo nacional”, cuestiona. La Semarnat, en cambio, ha presentado el distintivo como una herramienta para reconocer productos que cumplen con los criterios de la ley y facilitar información al consumidor. La dependencia también señala que la Profepa promoverá auditorías ambientales voluntarias en el marco de la legislación. El retraso en la publicación del reglamento de la Ley General de Economía Circular, cuyo plazo legal venció en julio, representa una oportunidad para aterrizar los mecanismos que la ley deja abiertos. Para las organizaciones consultadas, el modelo de economía circular debe buscar reducir la extracción de recursos, disminuir la generación de residuos, mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible y eliminar progresivamente las sustancias peligrosas. Para Larissa de Orbe, el problema comienza desde la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, porque, a su juicio, convierte los residuos en una mercancía susceptible de ser valorizada en lugar de concentrarse en reducir su generación. “La prioridad no era una ley general de economía circular. La prioridad era reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con políticas claras de prevención”, afirma.
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