Invertir en los primeros seis años de vida puede generar beneficios económicos de hasta 13 dólares por cada dólar destinado al desarrollo infantil , pese a ello, México mantiene una inversión pública equivalente a apenas 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) para atender a niñas y niños menores de seis años , menos de la mitad del 1.5% recomendado internacionalmente para garantizar servicios esenciales durante esta etapa.
Así lo señala el estudio «La primera infancia no puede esperar. Del diagnóstico al cambio sistémico: puntos de palanca y caminos de transición» , elaborado por Promotora Social México y el Pacto por la Primera Infancia, que plantea la necesidad de convertir el gasto destinado a este grupo poblacional en una inversión estratégica y sostenida. Alberto Sotomayor , coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia y uno de los autores del documento, explicó que el objetivo del estudio es demostrar que los problemas que enfrentan niñas y niños menores de seis años no pueden atenderse de manera aislada, pues requieren cambios estructurales en la política pública. «Lo interesante me parece que es encontrar precisamente estos puntos de palanca, estas áreas estratégicas dentro del sistema que permiten intervenir y producir cambios a gran escala», señaló en entrevista. Cabe resaltar que en 2025, México ejerció 216,560 millones de pesos para la atención de niñas y niños menores de seis años, monto equivalente a 0.61% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 2.53% del gasto público total. Aunque los recursos casi se duplicaron respecto a 2018, cuando sumaron 110,758 millones de pesos, el país todavía se encuentra por debajo de la referencia internacional de inversión de 1.5% del PIB. Por lo que alcanzar ese nivel requeriría movilizar alrededor de 313,000 millones de pesos adicionales.
Inversión pública en primera infancia: porcentaje del PIB destinado por países de América Latina País Porcentaje del PIB (%) Perú 1.6% Colombia 0.83% Chile 0.8% Guatemala 0.8% México 0.61% Ecuador 0.53% Brasil 0.41% Fuente: Pacto por la primera infancia. Detalle institucional de fuentes: Brasil (Pesquisa FAPESP); Chile (UNICEF–Subsecretaría de la Niñez–DIPRES 2024); Colombia (LEE–Javeriana 2024 y Red PaPaz); Ecuador (REDNI/MEF–BCE 2025); Guatemala (ICEFI 2025); México (PPI/SHCP, Cuenta Pública 2025); Perú (MIMP–GPNNA 2024).
El investigador insistió así en que, aunque México registra avances en materia de inversión pública y ha desarrollado instrumentos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, persisten problemas que afectan el ejercicio de los derechos de los menores. Entre ellos destacó que cuatro de cada 10 niñas y niños menores de seis años viven en condiciones de pobreza ; una proporción similar presenta carencia de acceso a servicios de salud y prácticamente uno de cada dos está expuesto a prácticas de disciplina violenta . «Estos grandes problemas de primera infancia no se van a resolver únicamente con presupuesto. Se requiere una mejor gobernanza, una mayor coordinación y reconocer también el tema de los cuidados», sostuvo.
Más recursos, pero inversión insuficiente Miles de millones de pesos quedaron sin ejercer
De acuerdo con el estudio, el retorno potencial de hasta 13 dólares por cada dólar invertido ha sido verificado en otros estudios donde se le relaciona con beneficios futuros como una mayor productividad laboral y la reducción de costos asociados con problemas de salud, rezago educativo y justicia penal. Es así que pese a que invertir en las infancias puede traer este retorno económico, en México, la inversión en este grupo etario es de las más bajas, aunque la recomendación internacional es destinar al menos 1.5% del PIB para garantizar la cobertura y calidad de los servicios esenciales. El análisis presupuestario se muestra que entre 2018 y 2025 los recursos públicos destinados a la primera infancia aumentaron 80% en términos nominales y 30% en términos reales. Como proporción del PIB, la inversión pasó de 0.47% a 0.6%. Es así que aunque hubo un incremento durante ese periodo, el estudio señala además que los aumentos no fueron sostenidos ni progresivos, pues se registraron contracciones presupuestarias que limitaron la continuidad de los programas. Al respecto, Sotomayor insiste en que uno de los principales desafíos es mantener una tendencia creciente en la inversión, pues los cambios de administración y los ciclos políticos pueden poner en riesgo los avances presupuestarios. «Eso puede ocurrir, que veamos ciertos años donde hay un incremento importante y, ante un cambio político, un cambio de ciclo político nuevo, puede haber ahí retroceso. Entonces, me parece que también es muy importante cuidar los avances que hemos tenido en los últimos años, que se vuelvan sostenibles en el tiempo», señaló. Entre los retrocesos identificados destaca la reducción real de 43% en el gasto destinado a salud y de 48% en protección social para este grupo de edad. En términos nominales, las disminuciones fueron de 21% y 28%, respectivamente. A la insuficiencia presupuestaria que se destina a la primera infancia, en el estudio también se identifica que pese a que hay recursos aprobados para este sector de la población, éstos no llegaron a ejercerse. Entre 2018 y 2024 quedaron sin ejercer 11,241 millones de pesos del Anexo Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. De ese monto, 4,968 millones correspondieron a la primera infancia, equivalente a 44% del total. Al respecto, Sotomayor reconoce que este subejercicio constituye una falla del sistema relacionada directamente con la eficiencia del ejercicio presupuestal. «Sí nos parece una falla sistémica que no se alcance la totalidad. Esto ha tenido vaivenes en ciertos años y en ciertos programas», explicó. Como ejemplo, mencionó el programa de vacunación, en el que identificaron años con reducciones presupuestales y subejercicios. Para el investigador, el problema no debe analizarse únicamente a partir del monto total aprobado, sino también mediante e l seguimiento de cómo se distribuyen y ejercen los recursos. «Si bien es cierto ha crecido la inversión, también es importante la composición de esa inversión. ¿Es una inversión con calidad? No basta con gastar más, sino hay que gastar mejor», afirmó. El estudio también identifica una distribución desigual del presupuesto y es que aunque las niñas y los niños menores de seis años representan 32% de la población beneficiaria del Anexo Transversal, recibieron solamente 19% del presupuesto ejercido. Ante esta situación, Sotomayor consideró que mejorar los sistemas de información es indispensable para identificar a los menores que no han recibido determinados servicios y orientar de manera más eficiente los recursos públicos. «La información, además de servir para tener buena data y diagnósticos muy precisos, ayuda mucho a racionalizar el gasto. Tener información nominal te permite saber dónde están los niños que no han recibido ciertos servicios», explicó. Destacó así que contar con mejores mecanismos de información permitiría fortalecer la rendición de cuentas y evaluar si los recursos realmente están llegando a la población que los necesita.
No invertir también tiene un costo económico
Este estudio también advierte que postergar la atención durante los primeros años puede resultar más costoso que financiar programas de desarrollo infantil temprano. Según estimaciones internacionales que calculan el no invertir en este tipo de programas pueden representar entre 2.4% y 4.1% del PIB, dependiendo del nivel de ingresos de los países. En contraste, la implementación de estos programas podría costar, en promedio, 0.15% del PIB. La importancia de esta inversión también está relacionada con el tamaño de la población que requiere atención. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México había 12.2 millones de niñas y niños menores de seis años, equivalentes a 9.7% de la población nacional. El estudio advierte que este grupo poblacional se reducirá y que para 2035 se estima que habrá 10.9 millones de menores de seis años. Esta disminución podría representar una oportunidad para concentrar mayores recursos por persona y fortalecer los servicios, siempre que exista una decisión presupuestaria para priorizar su atención. Para Sotomayor, este cambio demográfico representa una oportunidad que no debe traducirse en una reducción del gasto destinado a la niñez. «Esto no implica gastar menos, sino precisamente reforzar estos esfuerzos de todos los actores», afirmó. «El tema de la primera infancia compete a todos, a gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, empresas, a todos…», agrega. Ante este panorama, Promotora Social México y el Pacto por la Primera Infancia han propuesto fortalecer el financiamiento público mediante presupuestos multianuales, mecanismos de seguimiento del gasto y una distribución más equitativa entre entidades y grupos poblacionales. La apuesta, plantean, es dejar de considerar la atención a la primera infancia como un gasto asistencial y reconocerla como una inversión de largo plazo. Sotomayor resumió la urgencia de atender a este sector más allá de los argumentos económicos. «»En el discurso se habla mucho del futuro, pero yo diría, hablemos del presente. Ese presente tiene que ver en cómo cuidamos, cómo tratamos, cómo fomentamos que los niños tengan su su alcancen su pleno potencial. Y hay otro fenómeno interesante que tiene que ver con esta disminución de la tasa de natalidad donde cada vez hay menos niños. Esta es una ventana de oportunidad bien importante. «Esto me parece que no implica gastar menos, sino precisamente reforzar los esfuerzos de todos los actores, porque hay que decirlo, el tema de la primera infancia compete a todos, a gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, empresas…Me parece que es un momento clave como nos queremos ver reflejados como sociedad más pacífica, más solidaria, más productiva, más competitiva tiene que ver con lo que hacemos por nuestros niños más pequeños», agregó.
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