La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el debilitamiento del Sistema Nacional Antocurrupción y medidas como la prisión preventiva oficiosa comprometen la posición de México ante la próxima renegociación del T-MEC. Para especialistas en combate a la corrupción y derechos humanos, aunque se trata de un acuerdo comercial es también una prueba sobre si el Estado mexicano tiene la voluntad de reconocer sus compromisos en acuerdos internacionales, así como la jurisdicción de los organismos internacionales. En otras palabras: si respeta el Estado de Derecho.
“México está teniendo retrocesos preocupantes no sólo en derechos humanos, sino en Estado de derecho y un país que no garantiza certeza, en este caso para las inversiones, pues no es un buen socio en términos de acuerdos comerciales”.
“En la relación con Estados Unidos el tema del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos es un punto que históricamente ha utilizado el gobierno estadunidense en su relación con México. Me parece que ahora sí puede ser un elemento más en el marco de esa negociación comercial”, indica Simón Hernández León, catedrático de la Universidad Iberoamericana (UIA) y defensor de derechos humanos. Para el académico bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos carece de legitimidad como “actor censor”, pero el escenario de México en materia legal abre una brecha que ahuyenta las inversiones.
Capítulo 27, los mecanismos anticorrupción Una muestra de cómo pueden incidir ese tipo de retrocesos en la negociación comercial es el Capítulo 27 del acuerdo, vigente desde el 1 de julio de 2020. Este apartado comprometió a los tres países firmantes a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, algo en lo que México no ha cumplido. “El día de hoy tenemos la negociación del TMEC pendiendo de un hilo, porque el artículo 27 que dice que se iban a fortalecer las instituciones de carácter de revisión de cuentas y de transparencia (…) “Una, desapareció (el INAI). El Sistema Nacional Anticorrupción está capturado y la Auditoría (Superior de la Federación, ASF) también capturada, entonces, ¿qué cuentas vamos a dar?”, dice la expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez.
“Cinco de las seis instituciones anticorrupción registran reducciones, entre ellas la ASF que se redujo su presupuesto en un 4%, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que tiene un decremento de 3.21%.
Otra vertiente del Capítulo 27 está orientada a las instituciones encargadas del combate a la corrupción -o agencias-, con apartados dedicados a que los países establezcan mecanismos de colaboración, cooperación e intercambio de información. En el caso de México esto ocurre en un momento de debilitamiento institucional que pone en duda su cumplimiento. “Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa le redujeron el 1.82 % y la SABG, que antes era la Secretaría de la Función Pública, tiene una reducción de 2.1%”, dice Anaid García Tobón, Investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. Además del fortalecimiento de la transparencia institucional, otro aspecto que debe considerarse es la integridad de los funcionarios públicos, a través de mecanismos que permitan la rendición de cuentas. En esta tarea también hay desafíos. “Lo que ahora se tiene es una dependencia del Ejecutivo (la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, SABG) que no es autónoma y eso sí tiene impactos en términos de la calidad de la información y de los niveles de transparencia”, expone. En comparación con sus socios comerciales México está muy por debajo en materia de percepción de la corrupción. Aunque bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha registrado retrocesos, la puntuación del país está muy por debajo, mientras que Canadá se mantiene como el mejor posicionado.
García Tobón señala que si bien se anunció un incremento presupuestal del 14% al combate a la corrupción es porque se incluyeron el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, pero en los hechos el presupuesto real anticorrupción se dispersó de manera disfrazada a otras instancias: IMSS, Desarrollo Urbano, Cultura, entre otras. A los problemas presupuestales se sumaron deficiencias operativas: desde marzo de 2025 en que desapareció el INAI oficialmente se reportaron problemas de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y luego siguió un “limbo” institucional, pues las solicitudes de transparencia en los tres poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, se suspendieron hasta junio, por la transición.
Prisión preventiva y el estado de Derecho La renegociación del TMEC ocurre en un entorno de violencia generalizada en el país y que pone a prueba las condiciones de seguridad, legalidad y cumplimiento del Estado de Derecho. A esto se suman una serie de recomendaciones por parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos que están pendientes de acatamiento y de las cuales no hay información que permita conocer su estatus. “Eso me parece que eventualmente va a llevar a un problema: la responsabilidad internacional a México porque no sólo fue la prisión preventiva (oficiosa), la Guardia Nacional militarizada, leyes contra la independencia judicial que se constitucionalizaron, aun en contravención con decisiones internacionales, incluso sentencias contra México. “Me parece que es clara la posición que van a tener negociadores del gobierno de Estados Unidos: ‘si uno de nuestros socios, México, Canadá, no garantiza condiciones de seguridad, de estado de derecho, de legalidad y lejos de eso, el sistema judicial está partidizado, está cooptado por intereses privados’ pues seguramente influirá en la toma de decisiones, considera, Hernández León. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el abogado -quien fue uno de los litigantes en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano eliminar dicha figura del marco jurídico- advierte que lejos de acatarse, la figura se ha reforzado. De los siete delitos que ameritan esa pena, desde el sexenio pasado se han incorporado 15 delitos más como susceptibles de esa sanción. Entre estos también se encuentran delitos de naturaleza fiscal, que si bien buscan combatir la evasión, su aplicación mediante prisión preventiva oficiosa abre riesgos.
En noviembre de 2024 -fecha en que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa- la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación ante la posibilidad de que se vulnere el debido proceso. Consideraron también que es una medida que genera incertidumbre. Un tema adicional es la reforma judicial, la cual va en contravención con los compromisos de México en materia de independencia judicial, así como la llamada inimpugnabilidad de reformas constitucionales, por medio de cual se les otorgó un blindaje a medidas amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. “Lo hemos visto con preocupación en las últimas discusiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) con una postura totalmente a favor del gobierno, no colocando en el centro la Constitución, los derechos humanos, la división de poderes, sino favoreciendo el proyecto político del que muchos de ellos incluso son partidarios, pues resulta preocupante y puede ser materia de análisis en esa negociación comercial”, dice Hernández León.
]]>
Comentarios recientes