Resultado de la reforma y las elecciones judiciales muy probablemente en México “no podemos caminar más como un gobierno democrático”, pues se acabó »la división de poderes y la protección de derechos ciudadanos», concluyó el estudio la Independencia Judicial en Jaque, presentado hoy por la Fundación para la Justicia. Esto es así, explicó Azul Aguiar Aguilar, profesora investigadora del ITESO, porque del nuevo Poder Judicial en México, “las sentencias que vamos a esperar próximamente son unas sentencias que sirven sólo al Estado”.
“Eso ya es muy claro que podemos esperarlo si vemos la experiencia de Bolivia, si vemos la experiencia de Nicaragua, de Venezuela, tenemos claridad de cómo van a ser las sentencias, pues en esas naciones, como en México, se dinamitó la independencia judicial, sólo por vías distintas, aquí con una estrategia de deslegitimación de los juzgadores, su remoción vía elecciones y partidizar la justicia», explicó. Eso fue posible, planteó, porque durante todo el sexenio, de 2018 a 2024, se construyó una narrativa para deslegitimar al Poder Judicial y “ponerlo en jaque”. Su estudio incluyó la construcción y análisis de bases de datos, una de versiones estenográficas de las 1,646 mañaneras y conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel de diciembre del 2018 a septiembre del 2024. Otra, de 423 versiones estenográficas de las sesiones de Cámara de Diputados y 459 sesiones de la Cámara de Senadores de septiembre del 2018 a agosto del 2024. El estudio documentó cómo en todos esos casos hubo ataques retóricos, es decir los que se expresaron solo verbalmente, pero también institucionales y legislativos, estos dos últimos ya con decisiones que afectaron al Poder Judicial, desde el Ejecutivo (como los recortes al gasto judicial) y el Legislativo (con reformas). También se revisaron 137 iniciativas de reforma relacionadas exclusivamente con el Poder Judicial, y tanto constitucionales como a las leyes secundarias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y se analizaron las propuestas por legisladores de Morena. La evidencia que arrojaron esos análisis es que día a día se construyó una narrativa populista en contra del Poder Judicial: el 30% de las conferencias de prensa del expresidente contenían ataques contra el Poder Judicial. De las sesiones de la Cámara de Diputados, el 24% incluyeron ataques a la legitimidad de los juzgadores, y en el Senado, el 22% de las sesiones. En cuanto a las iniciativas a la Constitución o leyes secundarias 135 buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial, y el 52% de ellas las propuso Morena, el resto las promovió la oposición. “En más de la mitad de las iniciativas (59%) se atenta contra la independencia judicial mostrando una tendencia clara hacia la intervención en el diseño institucional y la autonomía judicial”, destaca el estudio. El resultado de todo ello fue la afectación a la independencia judicial que se concretará con la remoción de más de 800 juzgadores, y la supeditación de los nuevos al gobierno en turno, no fue producto de una decisión espontánea, indicó Aguiar Aguilar. “El talón de Aquiles de la democracia en México es el estado de derecho y esta reforma, la reforma judicial de 2024, lo que hace es lanzar una flecha a ese talón. Y muy probablemente no podemos caminar más como un gobierno democrático, porque no vamos a contar con muchos elementos entre ellos la división de poderes y la protección de derechos ciudadanos”, insistió.
Plan perfecto contra Poder Judicial
Fabienne Cabaret, subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, destacó que la reforma judicial “fue parte de un plan calculado, programado, con etapas y actores específicos destinado a eliminar un contrapeso incómodo a las pretensiones del poder”. Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), estimó que ahora, para futuro, lo importante será la movilización para la elección judicial de 2027 y aunque el dilema pueda ser participar o no participar con las reglas que haya, la experiencia dice que sí hay que hacerlo, “aunque eso implica juzgar con las reglas del poder”. En Venezuela, recordó, durante años la sociedad no se movilizó y llamó a la abstención en rechazo a las reglas, pero en 2024, cuando participó, ganó la elección. “Es cierto que no hubo transición a la democracia” y gobierna Nicolás Maduro. “El poder simbólico y la politización política que se logró marcaron un antes y un después. Entonces creo que la sociedad mexicana y los partidos políticos van a tener que decidir si se participa o no y si se moviliza o no y si hay que jugar con las reglas del juego” en la elección judicial 2027, dijo.
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