El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una confrontación con el de Estados Unidos por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa , detenido en julio de 2024. Aunque ya pasaron dos años de los hechos y recientemente el capo se declaró culpable, la administración de Sheinbaum reavivó el caso luego que se revelara la posibilidad de que el FBI participó en la detención de Zambada lo que no solo implicaría que hubo mentira y omisión desde el gobierno estadounidense, si no también una violación a la soberanía nacional y a la Constitución.
El avión que reabrió el frente La atención se centra en el exembajador
Días antes de que se cumplieran dos años de la detención de Zambada, un reportaje de Pie de Nota reveló que la avioneta en la que se trasladó al presunto narcotraficante mexicano hacia territorio estadounidense es propiedad de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FB) En el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en Nuevo México, Estados Unidos, está exhibida la avioneta que el FBI prestó y con la que por primera vez se reconoce que hubo participación de una agencia estadounidense en la extracción de Zambada. En su mañanera del viernes a la presidenta se le preguntó su opinión de la posible participación del FBI en la detención de Zambada y en respuesta anunció que sería hasta la próxima semana cuando fijaría su posición. “Vamos a revisar. Ayer vimos el reportaje…Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión y, si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema”, dijo en un primer momento. Cuatro días después el tono cauto se convirtió en acusaciones contra el entonces representante de Estados Unidos en México: Ken Salazar. “¿Quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, soltó la presidenta. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que en respuesta a una petición del gobierno de México para saber si hubo o no participación de Estados Unidos en la detención la respuesta del entonces embajador fue “que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo”.
En los llamados gobiernos de la 4T, la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos ha sido compleja . El expresidente Andrés Manuel López Obrador las acusó realizar intervenciones unilaterales y actuar con «intromisión», lo que incluso derivó que enviara una reforma modificar la Ley de Seguridad Nacional que “buscaba poner orden” en la actuación de agentes extranjeros en México. En el gobierno de la presidenta Sheinbaum la relación no ha sido mejor, ello debido a que en abril pasado se reveló que sin conocimiento del gobierno federal, agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos.
Las acusaciones contra Salazar El frente entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra Estados Unidos tiene como destinatario no a Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos, sino a su representante, Ken Salazar. La presidenta Claudia Sheinbaum le acusa que como representante de Estados Unidos mintió y fue omiso. “Consideramos que hubo omisión y mentira por parte del exembajador”, afirmó este jueves. Ante su pregunta de quién mintió en torno a si hubo o no participación de Estados Unidos en la detención de Zambada, Salazar insistió en que en el avión en el que fue trasladado no era de ellos. “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad”, escribió Salazar en sus redes sociales. Y le planteó por qué no explica cómo el propio FBI expone la aeronave como parte del operativo que llevó a la detención de Zambada. “El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presentó el avión como un operativo del FBI en una feria. El problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del exembajador”, agregó. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, también advirtió que Salazar mintió y que incurrió en violaciones graves, pero ninguna implicaría alguna sanción penal debido a que el exdiplomático goza de inmunidad procesal. »Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales y no lo son número uno, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan técnicamente en derecho como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera lo que curre no puede ser investigado, perseguido o castigado», aclaró Raúl Armando Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial.
…desestiman acusaciones de EU contra Rocha
Mientras el caso de Zambada se intensifica, las acusaciones contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, parecen enfriarse, al menos en territorio mexicano. David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que en México se inició una investigación contra Rocha y los otros nueve políticos mexicanos a quienes Estados Unidos pidió su detención y extradición, pero aclaro, no ha habido pruebas para proceder a esa solicitud. “No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, aseguró. Como parte de la indagatoria, se citó a comparecer a las personas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero se sigue en la espera de más pruebas que envíen desde la justicia estadounidense para fundamentar su solicitud. En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Sheinbaum insistió en que cualquier solicitud se deben anexar pruebas suficientes de lo que se acusa. Aclaró que Rubén Rocha no goza de alguna protección federal y está localizable porque se encuentra en su domicilio. “El señor está en su casa, primero que nada, es más ni siquiera tiene protección federal para que a todo el mundo le quede claro porque se dicen tantas mentiras absurdas, que no sé de dónde saca la información para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona”, planteó.
A más de dos meses de que EU acusara al gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de nexos con el crimen, el gobierno de México insiste en la falta de pruebas y que se están haciendo las investigaciones correspondientes sin presentar avances. Rocha Moya fue acusado el pasado 28 de abril ante una Corte de Distrito en Nueva York de haber dado protección a «Los Chapitos», con quienes habría pactado apoyo durante la elección de 2021 en la que resultó gobernador. Esta semana el gobierno de México difundió las comunicaciones diplomáticas intercambiadas con Estados Unidos tras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de los señalados. En los documentos se observa que la administración mexicana manifestó su inconformidad por la divulgación pública de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York antes de que concluyeran los procedimientos de cooperación judicial. Los documentos, transparentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), muestran que el intercambio inició después de que las autoridades estadounidenses solicitaron, el 28 de abril de 2026, la captura provisional de los señalados por presuntos vínculos con la facción de »Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Un día después, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA hicieron pública una acusación penal en la que se imputan delitos relacionados con narcotráfico, armas y, en uno de los casos, secuestro con resultado de muerte. Como parte de los documentos difundidos, la SRE también elaboró una ficha con las líneas de comunicación utilizadas frente al gobierno estadounidense y la opinión pública. En ella se sostiene que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero insiste en que cualquier acción penal debe sustentarse en pruebas verificables y desarrollarse conforme al marco jurídico nacional. El posicionamiento señala además que las solicitudes estadounidenses fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de analizar las evidencias y determinar los pasos a seguir conforme al debido proceso y que las decisiones relacionadas con investigaciones, detenciones o extradiciones se resolverán exclusivamente bajo la Constitución y las leyes mexicanas, sin aceptar injerencias externas en asuntos de jurisdicción nacional.
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