El régimen criminal deja sentir con furia sus efectos en Michoacán. Desde la explotación de mercados ilícitos no tradicionales, pasando por la regulación de dinámicas comunitarias, hasta la captura violenta de las cadenas productivas locales. El poder criminal corroe a nivel estructural cualquier entramado social. Es un problema descomunal que ha crecido desproporcionadamente frente a las narices de la federación. ¿Qué tanto? Aquí algunas pistas.
El régimen criminal Foco rojo nacional Permiso para ejecutar El estado más peligroso para ser alcalde
Hablamos de un régimen criminal cuando las organizaciones criminales son las que regulan la vida política, económica y social de los territorios locales. En esos espacios, su poder supera al del Estado, lo que las convierte en gobernantes de facto, ejerciendo autoridad para beneficio propio. Estas geografías de impunidad se edifican mediante la violencia dirigida contra actores políticos, económicos y sociales clave, hasta capturar las decisiones públicas y privadas. Esa violencia selectiva y sistemática es hoy la evidencia más sólida de la expansión y profundidad del régimen criminal. El proyecto Votar entre Balas registra 2,740 víctimas de violencia político-criminal a nivel nacional entre 2018 y octubre de 2025: funcionarios públicos, políticos, familiares e instalaciones de gobierno, atacados directa o indirectamente por organizaciones criminales. El 6% de las víctimas (175) se concentra en Michoacán, lo que coloca a la entidad en el quinto lugar nacional. Si la magnitud es alarmante, la tendencia es dramática: de 2018 a 2025, las víctimas en esa entidad se duplicaron: literalmente el incremento es del 100%, uno de los más altos del país. En resumen, Michoacán es un foco rojo evidente, imposible de pasar por alto para cualquier autoridad. Gracias a la impunidad que impera en el país, la violencia es el instrumento más directo, menos oneroso y más efectivo para anular las resistencias al poder del crimen organizado. El asesinato destaca entre todas las formas de violencia político criminal. A nivel nacional, 56.6% de los ataques contra figuras políticas han sido asesinatos. Además, registra un aumento notable. En el periodo enero-octubre de 2018, Votar entre Balas documentó 87 asesinatos. En el mismo periodo de 2025, han sido contabilizados 266. Lo que implica un incremento de 205.7%. En Michoacán, el permiso para matar actores políticos es extendido y profundo. De los eventos de violencia política contabilizados, los asesinatos representan el 57%. De este modo, la entidad se coloca entre las entidades que superan el porcentaje nacional de asesinatos contra actores políticos, donde se encuentran entidades como Sonora, Guerrero y Zacatecas. El resto de manifestaciones están muy por debajo y se distribuyen del siguiente modo: ataque armado 15%, atentado 11.5%, secuestro, 9.1%, amenaza 6.1% y desaparición, 0.6%. Es claro que la impunidad es una pieza nodal del régimen criminal en esta entidad. Los datos son contundentes. Michoacán es la entidad más peligrosa para ejercer como presidenta o presidente municipal. En la base de datos de Votar entre Balas se reportan 118 agresiones contra dichos funcionarios a nivel nacional. Michoacán ocupa la primera posición con 18 ataques, al igual que Guerrero. Empero, a diferencia de su estado vecino, las agresiones contra alcaldes incrementaron 500% desde 2018: el mayor aumento a nivel nacional. No sólo eso. Michoacán es la entidad en donde más alcaldes han sido asesinados (8): Aguililla, Churumuco, Coatepec, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec y dos veces Buenavista, han perdido a sus alcaldes a manos del crimen organizado. Por supuesto, considerando noviembre, la cifra incrementa al incluir a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
La magnitud de la violencia contra alcaldes en Michoacán revela no sólo la fragilidad del Estado, sino la consolidación de un orden paralelo que impone reglas, castiga desobediencias y administra la política local desde las sombras. Cuando ejercer un cargo público equivale a firmar una sentencia de muerte, la democracia municipal deja de existir y el régimen criminal se convierte en el verdadero poder soberano del territorio. Michoacán no está frente al crimen: ya vive dentro de su régimen. Cada asesinato de un alcalde, cada amenaza, cada silencio impuesto, confirma que el poder criminal gobierna sin elecciones ni rendición de cuentas. El crimen no desafía al Estado: lo ha reemplazado. Es inadmisible que, a pesar de estos datos, el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz no considere elementos básicos para revertir esta situación; hace poco los describí en una columna en Animal Político: 1) reconocer que el régimen criminal es el problema de fondo, 2) comprender las causas más profundas del mismo y 3) apuntalar políticas públicas con impactos estructurales. ____ Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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