Al acercarse el 11 aniversario del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, la aún presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del organismo, reconoce que no hay resultados y alerta que las instituciones y estrategias para enfrentar ese flagelo están en crisis e, incluso, infiltradas por corruptelas. El Comité de Participación Ciudadana del SNA se concibió como el corazón anticorrupción del entramado institucional y ahora quedará en vilo con el fin del mandato de Pérez Morales, quien reconoce que no se logró hacer mucho. “No tenemos una política de Estado anticorrupción…no hemos dado resultados a la ciudadanía”, afirma la aún presidenta del CPC y del SNA.
De formación politóloga y administradora pública, desde hace más de 15 años Pérez Morales está dedicada a temas anticorrupción, antes en el Observatorio Nacional Ciudadano y luego como coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En entrevista con Expansión Política, señala que durante su presidencia se avanzó en un protocolo para proteger a denunciantes, una política de integridad empresarial, se trabajó mucho con sociedad civil, el sector privado y autoridades de los estados que sí quieren hacer las cosas, pero dice que hay “una especie de sentimiento decepción, por lo que no se hizo”. La también académica de la UNAM enumera algunos de los motivos por los que termina su periodo que inició en 2021 desmotivada: en México no se respeta la Constitución que obliga a impulsar una sola estrategia anticorrupción; se incumplen obligaciones hasta de asistir a reuniones clave e integrantes del SNA están señalados de irregularidades. “(Hay) mucha frustración. A mí me hubiera gustado que estuviéramos al nivel de otros países”, lamenta a unas horas de dejar el cargo. En la más reciente edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional (TI), México se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados con una calificación de 26 puntos de 100 posibles, la más baja en todos los años dentro del ranking. De acuerdo con Transparencia Mexicana, algunos factores de esa calificación son la impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex, así como las escasas sanciones por las denuncias presentadas. Vania Pérez recuerda que recientemente fue la revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y muchas naciones reportaron avances: mejores niveles de integridad, recuperación de dinero, protección de víctimas y cómo han desmantelado redes de macrocriminalidad y de corrupción, pero en México no hubo mucho que presumir. “Somos el único país de la región que fue víctima (en el escándalo de corrupción de Odebrecht) y no hay una sentencia en firme por ese caso”, señala como ejemplo.
Un sistema anticorrupción debilitado
El Sistema Nacional Anticorrupción formalmente comenzó a operar hace casi ocho años y está compuesto por seis instituciones, ya que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que también formaba parte del entramado, desapareció. El andamiaje nacido de una reforma en 2015 contempla como integrantes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana. De los cinco integrantes ciudadanos, hasta hoy solo hay tres, pues dos dimitieron. Y una vez que Pérez Morales concluya su gestión este 28 de enero solo quedarán Blanca Patricia Talavera Torres y José Rafael Martínez Puón, ambos cuestionados por faltas administrativas graves y posibles hechos de corrupción, por lo que el CPC no podrá tomar decisiones. “Ellos van a poder sesionar, dicen que lo van a poder hacer, pero no tendrían validez jurídica sus decisiones. Se requiere mayoría de sus integrantes y sus integrantes son cinco, no mayoría de los asistentes. Ahí habrá que tener mucho cuidado con lo que ocurra”, advierte. Pérez Morena explica que aun incompletos hay mecanismos para llevar a ese Comité grandes casos de corrupción, pero eso no ha pasado, y a diferencia de otros países con resultados, en México se sigue discutiendo si es legal el nombramiento de una de sus integrantes, si va a ir el auditor a la sesión y otras cuestiones técnicas sin entrar a fondo. El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió como un espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Se convirtió en un referente en la materia, sin embargo, los gobiernos morenistas –pese a tener como meta desterrar la corrupción en el país– mininizaron el papel de este andamiaje. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó una «simulación» y omitió hacer nombramientos clave, con lo que comenzó su debilitamiento. También propuso desaparecer la Secretaría Ejecutiva del SNA y que sus funciones –como otras tareas– fueran asumidas por la entonces Secretaría de la Función Pública. Ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, la SFP se transformó en Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, presidida por Raquel Buenrostro, quien se encarga básicamente de estas tareas.
La voz ciudadana contra la corrupción Tengo miedo a que algo ocurra y que todas las personas a las que he señalado o a las instituciones que han señalado, pues tengan represalias contra mí o bloqueen mi camino para seguir una vida profesional.
Pérez Morales ha sido la voz que, desde el SNA, ha impulsado combatir la corrupción. Por ejemplo, luego de que el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, revelara inconsistencias fiscales y patrimoniales, solicitó que se separara del cargo y se realizaran investigaciones. Al revelarse la semana pasada que Carlos Torres, esposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, enfrenta acusaciones de vínculos con el crimen organizado, encabezó la misma petición. En noviembre, hizo la denuncia pública de que sus dos compañeros integrantes del CPC bloqueaban, con su inasistencia, la posibilidad de sesionar y les pidió mejor renunciar. Asimismo, el 23 de diciembre presentó queja formal contra el titular de la ASF, David Colmenares, por impedir, con su reiterado ausentismo, el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, que no se reúne desde hace seis años, en 2019. Teme que sus acciones tengan consecuencias cuando ya no presida el Sistema Anticorrupción e incluso ha pensado en la posibilidad de pedir asilo, aunque no lo ve como su primera opción, porque le gustaría seguir ayudando al país, ser una representante ciudadana y seguir dándole voz a los ciudadanos a los que no escuchan. Pérez Moreno ve una esperanza en las propuestas para reformar toda la política anticorrupción y en el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el SNA no ha funcionado y se requieren cambios. Por ahora hay coincidencias al menos con el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y ve con optimismo cuatro propuestas, como la protección a los denunciantes, reconocer a las víctimas de la corrupción, sancionar a las autoridades que no cumplan con su trabajo en materia de corrupción y el cuarto, y más importante, recuperar el dinero perdido. A eso se suma el que sea sancionado el incumplimiento de cualquier integrante del SNA de sus responsabilidades tras la experiencia de personajes que se comprometieron con la lucha anticorrupción… y la dejaron tirada.
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