Nueve detenidos no son una victoria: son la radiografía de un territorio perdido El Comunicado de Prensa No. 23 de la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia, con la solemnidad institucional de siempre, la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán. El boletín está redactado para que se lea como un triunfo: inteligencia militar, coordinación interinstitucional, un jefe regional desarticulado. Pero basta leer entre líneas —el inventario del arsenal, el perfil de las personas detenidas, la necesidad de activar un Plan Antibloqueo tras el operativo— para entender que este comunicado no documenta el control del Estado sobre Michoacán.
Documenta exactamente lo contrario.
El occidente-bajío michoacano: territorio sin Estado Que se necesiten «trabajos de Inteligencia Central Militar» para ubicar y golpear una célula del CJNG en dos municipios contiguos —Tanhuato y Ecuandureo, corredor estratégico del occidente-bajío michoacano hacia Jalisco— no es una muestra de capacidad, es la confesión de una carencia. Un aparato de seguridad que efectivamente controla un territorio no necesita operaciones de precisión ejecutadas por Fuerzas Especiales del Ejército trasladadas por helicóptero de la Fuerza Aérea; tiene presencia permanente, inteligencia local sostenida y autoridad civil funcional. Lo que el comunicado describe, en cambio, es el patrón clásico de una incursión: entrar, golpear, extraer y regresar a la Ciudad de México. Eso no es control territorial. Es guerra de baja intensidad librada a control remoto, y confirma lo que este despacho ha señalado desde hace meses: el occidente-bajío de Michoacán —la franja que conecta Jalisco con el Bajío vía Tanhuato, La Piedad y Ecuandureo— opera hoy como zona de gobierno criminal consolidado, donde las fuerzas federales entran por episodios y no por presencia.
El arsenal habla de logística, no de finanzas intervenidas El inventario decomisado es, en sí mismo, un documento de inteligencia más elocuente que cualquier discurso oficial: 64 vehículos —uno blindado—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras minimi, nueve armas largas, dos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico diverso. Esto no es el arsenal de una célula de bajo perfil ni de un grupo debilitado.
Es la logística de una franquicia con capacidad de sostener enfrentamientos prolongados, financiar flotillas completas de vehículos y adquirir tecnología dual (drones, artefactos explosivos) que en cualquier doctrina de contrainsurgencia se clasifica como capacidad paramilitar, no delincuencial ordinaria. Y aquí está la pregunta que el boletín no responde y que la estrategia de seguridad tampoco ha respondido en meses: ¿De dónde sale el dinero para sostener sesenta y cuatro vehículos y armamento de esa categoría? La ausencia de cualquier mención a bloqueo de cuentas, aseguramiento de propiedades financieras, intervención de redes de lavado o desarticulación de la cadena de abastecimiento de armamento —todo el decomiso es material físico, no financiero— confirma que la inteligencia financiera contra las franquicias del CJNG sigue siendo el eslabón más débil, casi inexistente, de la estrategia. Se captura el fusil; se ignora la cuenta bancaria que lo pagó. Así no se mina a una organización: se le reemplaza el inventario cada temporada.
Marisol, Lourdes y el patrón del reclutamiento forzado El comunicado identifica entre los detenidos a la hija y la pareja sentimental de «Tío Lako», jefe regional de la organización. Su inclusión en el operativo —junto con un número considerable de personas detenidas en una sola acción— no debe leerse acríticamente como «desarticulación de estructura familiar del crimen organizado», la lectura cómoda que el boletín invita a hacer. Debe leerse con el rigor que exige la evidencia acumulada en Michoacán sobre patrones de reclutamiento forzado, coacción y enganche de familiares —incluidas mujeres jóvenes— dentro de estructuras criminales que operan bajo control territorial absoluto en comunidades donde no hay alternativa económica ni protección estatal. Un grupo de nueve personas detenidas en dos localidades rurales no necesariamente representa nueve criminales de convicción ideológica; puede representar, con la misma o mayor probabilidad, el rostro de la coacción estructural que domina zonas donde el CJNG es la única autoridad de facto. El boletín no distingue, no matiza, no investiga esa posibilidad. Simplemente cuenta cabezas y las presenta como éxito numérico. Esa simplificación es, en sí misma, un fracaso de inteligencia social, no solo militar.
Plan Michoacán: el fracaso que nadie audita Este operativo ocurre bajo la vigencia formal del Plan Michoacán, la estrategia que debía, según su diseño original, recuperar el control territorial del estado mediante coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Un año después de su implementación, la necesidad de desplegar Fuerzas Especiales del Ejército y activar un Plan Antibloqueo como respuesta reactiva a un solo operativo en dos municipios es la prueba empírica de que el plan no ha alcanzado su objetivo declarado. No hay control; hay contención episódica. Y la contención episódica, sostenida durante meses, no es una estrategia: es la administración de un conflicto sin resolución a la vista.
Las fuerzas estatales, ausentes del boletín Es revelador que el comunicado no mencione en ningún momento a la policía estatal michoacana como actor operativo. La detención fue ejecutada por Ejército, Guardia Nacional, SSPC federal, FGR y Marina. La institución de seguridad pública del propio estado —la que debería tener el conocimiento más fino del territorio, las rutas, las redes locales— brilla por su ausencia. Esa ausencia no es casual: es el síntoma de una corporación estatal que, después de años de crisis institucional en Michoacán, ha sido desplazada de facto por el aparato federal, no porque exista un rediseño estratégico deliberado, sino porque carece de la capacidad operativa mínima para participar en su propio territorio.
Un boletín de guerra disfrazado de triunfo Nueve detenidos, sesenta y cuatro vehículos y un arsenal de capacidad paramilitar no son la fotografía de un Estado que recupera Michoacán. Son la fotografía de un Estado que, un año después de anunciar un plan con nombre propio, sigue teniendo que entrar por aire, con fuerzas especiales, a golpear una célula en su propio territorio nacional. El comunicado quiere ser una noticia de victoria. Leído con rigor, es un diagnóstico de fracaso. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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