En la Alameda Central, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, se venden vapeadores en vía pública, pese a estar prohibidos a nivel federal y que su comercialización puede llevar a una pena de hasta ocho años de prisión.
Tres puestos instalados en el Corredor Angela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, ofrecen vapeadores por 100 pesos cada uno, los cuales se exhiben sobre lonas en el piso. Un puesto más se encuentra en la acera de Avenida Juárez.j En estos puestos los vapeadores van de las 5,000 a 7,500 «puffs» o bocanadas, con sabores que van de menta y hierbabuena a fresa, sandía, cereza negra y helado de caramelo, entre otros. El quinto puesto instalado con una mesa se ubica en la esquina de Avenida Juárez y Eje Central, frente al cruce con Madero, por donde pasan alrededor de 150 personas por minuto. En este punto además de vapeadores con hasta 20,000 puffs o bocanadas, se ofrecen otros con psntallas con juegos en colores neón, que llegan a costar hasta 400 pesos. En diciembre se prohibió a nivel nacional la venta, distribución y producción de vapeadores, con la reforma al la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A quien cometa estos actos, se le podrían imponer de uno a ocho años de cárcel, así como una multa de 100 a 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este 2026 equivale a entre 11,731 y 234,620 pesos, al considerar a estos dispositivos como una «amenaza a la salud pública». En su momento diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) criticaron que esto significaría la criminalización de los consumidores, sin embargo Morena defendió que no se sanciona a los usuarios de vapeadores, solo a quienes los fabrican, distribuyen y comercializan. Los vapeadores también están prohibidos desde la Constitución federal con la reforma publicada en enero de 2025. De acuerdo con el informe «Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado», el mercado ilícito del tabaco (entre cigarros, vapeadores y otros productos) asciende a entre 15,000 y 20,000 millones de pesos en México. La prohibición de los vapeadores ha llevado a que este mercado sea tomado por el crimen organizado, indica la investigación. «Con su comercialización, grupos criminales obtienen una ‘caja chica’ que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer delitos en México —secuestro, extorsión, sicariato— y en el extranjero, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países», señala el informe realizado por el periodista Óscar Balderas y la organización Defensorxs.
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