La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se enmarca dentro de la estrategia de debilitamiento operativo al crimen organizado que se ha impulsado de manera decidida desde el inicio de la administración actual. Hablamos, en términos estrictamente operativos, de la estrategia de seguridad más exitosa. Durante el presente mandato, el Gobierno federal ha detenido a más de 43,000 personas por delitos de alto impacto; ha asegurado 327 toneladas de drogas —incluidos 1,800 kilogramos de fentanilo— y ha decomisado 22,800 armas de fuego.
Nuevos equilibrios internos
No obstante, sostengo que esta política de seguridad es, principalmente, una estrategia política más que una estrategia social. Su diseño privilegia la demostración de fuerza, la acumulación de control y la centralización de la narrativa, antes que la construcción de condiciones estructurales para la pacificación. No se trata únicamente de contener organizaciones criminales; se trata de enviar un mensaje de autoridad, disciplina interna y capacidad de mando. Al momento, desde la Presidencia se ha logrado algo más que debilitar organizaciones criminales: se ha reducido el margen de maniobra de sus principales amenazas políticas. Esta realidad reconfigura los equilibrios dentro del oficialismo. Mientras figuras del círculo cercano a la administración pasada han sido señaladas por presuntas relaciones con actores criminales o por prácticas alejadas del discurso de austeridad, el actual equipo de seguridad se consolida como un núcleo técnico y políticamente eficaz. El caso de Omar García Harfuch es ilustrativo. Al mando de la Secretaría de Seguridad, no enfrenta escándalos de corrupción ni señalamientos por excesos personales y ha proyectado la imagen de un operador profesional con experiencia técnica y habilidades políticas. Sus relaciones fluidas con gobernadores, alcaldes y mandos locales —de distintos partidos— le permiten articular coordinación intergubernamental sin estridencias. Esa combinación —resultados operativos, bajo costo reputacional y capacidad de interlocución— permite a la presidenta Claudia Sheinbaum construir un círculo de confianza para posicionar su proyecto como una etapa distinta dentro de la llamada cuarta transformación. Al centralizar la conducción estratégica y rodearse de perfiles que proyectan eficacia y control, se amplía el margen de maniobra de quien lleva la Presidencia del país. Este nuevo escenario la habilita para definir prioridades, desplazar equilibrios internos y comenzar a construir un legado propio. La consolidación de este núcleo le allana el camino para tomar decisiones marcando una frontera cada vez más visible entre continuidad y autonomía.
Salvaguardas diplomáticas Pacificación pendiente
En un contexto donde Donald Trump coloca constantemente a México en el centro de su narrativa expansionista —asociándolo con fentanilo, migración y crimen organizado—, los números funcionan como salvaguarda diplomática. Cada decomiso, cada detención y cada aseguramiento de fentanilo no solo tiene efectos internos; también debilita el argumento de inacción que históricamente ha utilizado Washington para presionar políticamente a México. La estrategia de seguridad del actual Gobierno también comunica hacia afuera. Si Trump busca construir la idea de que México es un Estado omiso frente al tráfico de drogas, la administración responde con métricas duras. Esa evidencia reduce el espacio político para justificar medidas unilaterales más agresivas, sanciones comerciales o presiones extraordinarias bajo el argumento de “seguridad nacional”. No elimina el discurso del mandatario estadounidense, pero sí lo encuadra dentro de una realidad más compleja y menos funcional para la confrontación automática. Al mostrar cooperación operativa sin subordinación discursiva, desde la Presidencia se envía una señal doble: capacidad interna y responsabilidad internacional. Eso convierte la relación en una negociación entre Gobiernos que exhiben resultados, no en una dinámica de reproche unilateral. En otras palabras, los números no solo combaten al crimen; también operan como blindaje político frente a cualquier tentación intervencionista del vecino del norte. El debilitamiento operativo del crimen organizado fortalece políticamente la gestión presidencial, pero no es sinónimo de pacificación. Debilitar a las organizaciones criminales es una condición necesaria para reducir las violencias, y si bien existe una disminución del 8.6% en la violencia letal a nivel nacional durante el último año, una reducción agregada no equivale a estabilidad estructural.
En el plano territorial persisten focos rojos profundamente alarmantes. En 2025, 31 de las 32 entidades federativas registraron más de 11 eventos de violencia letal por cada 100 mil habitantes, un umbral asociado con niveles epidémicos de violencia. En estados como Sinaloa, Guanajuato y Chihuahua, el problema incluso se intensificó en el último año. Más aún: 24 entidades son hoy más violentas que hace una década. La fotografía nacional mejora marginalmente; el mapa territorial sigue fracturado. El poder que hoy converge en la Presidencia debe traducirse en mayor articulación con la sociedad civil, en incorporación sistemática de evidencia para el diseño de políticas públicas y en construcción institucional de largo plazo. La victoria operativa es evidente hasta ahora. La victoria social todavía no está completa. ( Consulta las propuestas para avanzar en esa dirección en este enlace. ) ____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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