Ante la falta de recursos para operar su estrategia para credencializar a los connacionales que sean deportados de Estados Unidos y brindarles su documento de identidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un plan alterno, basado en difusión y agilización de trámites. A partir del pasado día 21 aplica ese plan, dedicado a brindar información a los connacionales en los 48 módulos instalados en estados fronterizos del país, para que sepan cómo agilizar la entrega de su credencial de elector; orientarlos sobre la obtención de actas de nacimiento, CURP y otros documentos.
Sin embargo, el INE había previsto instalar 60 módulos, contratar más personal y ampliar horarios para credencializar a los ciudadanos que sean expulsados de Estados Unidos, con el fin de que cuenten con su documento de identidad y tengan garantizados sus derechos. La falta de recursos impidió al Instituto concretar ese programa especial de atención a los mexicanos migrantes. «Se requiere de una ampliación presupuestal. Dados los recursos se tomarán medidas adecuadas para atender a los repatriados», admitió el consejero Arturo Castillo, en sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del INE. “Desde hace algunas semanas solicité a la Secretaría Ejecutiva y también platicamos con la dirección ejecutiva del RFE sobre la necesidad de implementar una estrategia o tener lista una estrategia de atención a personas repatriadas, ante las circunstancias que estamos viviendo a nivel internacional”, explicó. En la sesión el director ejecutivo del RFE, Alejandro Sosa Durán, informó sobre la primera fase de ese operativo especial dedicado a los connacionales repatriados de Estados Unidos y para que conozcan sus derechos a solicitar o reponer una credencial para votar. La Cámara de Diputados aplicó al INE un recorte presupuestal de 13, 476 millones de pesos y debido a que el organismo requiere recursos para organizar la elección judicial, solicitó a la Secretaría de Hacienda al menos una ampliación presupuestal por 1, 511 millones de pesos. De ellos, 18.7 millones de pesos eran para contratar más personal e instalar 60 módulos de credencialización en los puntos fronterizos y hacer frente a una eventual deportación masiva de connacionales de territorio estadounidense. Hasta el momento la SHCP no ha respondido a la petición de recursos extra.
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