En los últimos años y, particularmente desde la última ronda de designaciones en 2023, los cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad del árbitro electoral han ido en aumento. Las votaciones en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se han vuelto cada vez más controvertidas. Con mayor frecuencia, se han presentado escenarios de votaciones con resultados de seis contra cinco, en un órgano colegiado de 11 integrantes. La formación de dos bloques antagónicos en el seno de este máximo órgano de decisión hoy es evidente y no es secreto que uno de ellos es identificado por una mayor cercanía con liderazgos del poder político.
Como es habitual en el caso de órganos colegiados de esta naturaleza, la renovación de sus integrantes se realiza de manera escalonada de tres en tres, teniendo su episodio más reciente esta semana, tras la conclusión del mandato de nueve años de Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala. Este diseño institucional brinda una garantía adicional de profesionalismo y equilibrio en las decisiones del órgano, de modo que nunca se prescinda de la experiencia, se dote de dinamismo a la conducción de los trabajos y no todos sus integrantes respondan por su encargo a las mismas autoridades políticas. Pero el proceso desahogado en la Cámara de Diputados esta semana deja un amargo sabor de boca ̶ incluso más amargo que el experimentado hace tres años, que culminó de manera inédita en una insaculación ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas. Ello es así, no solo por la opacidad en la evaluación de las personas aspirantes, sino por sospechas fundadas de que se favoreció a personajes cercanos al poder que no brindan las garantías de imparcialidad e independencia que el cargo y la función requieren. De este modo, la institución que ya empezaba a generar desconfianza en la organización de la competencia para el acceso al poder hoy inicia una nueva etapa marcada por un déficit de legitimidad y credibilidad. Este déficit no solo alimenta la narrativa del árbitro electoral con autonomía erosionada, sino que se traduce en una serie de procesos y decisiones clave que, lejos de ser meramente administrativas, tienen efectos directos y determinantes en la competencia electoral y la vida democrática del país. Las decisiones sobre acciones afirmativas y paridad, por ejemplo, no solo desarrollan y aplican principios constitucionales. En los hechos, redefinen quién puede competir y en qué condiciones. Lo mismo ocurre con las resoluciones en materia de fiscalización, donde la imposición o reducción de sanciones millonarias puede alterar los incentivos de los actores políticos dentro y fuera de las contiendas. Los criterios sobre propaganda gubernamental y equidad inciden directamente en los límites de la intervención de personas servidoras públicas y en la exposición mediática de quienes buscan mantenerse o acceder al poder. Incluso decisiones aparentemente operativas, como son las adoptadas durante ejercicios como la revocación de mandato, determinan la construcción de presupuestos, el número de casillas a instalar, su distribución territorial y, en consecuencia, el nivel de acceso efectivo de la ciudadanía a las urnas. A ello se suman interpretaciones sobre la sobrerrepresentación legislativa que terminan definiendo cómo se traduce el voto en poder político y, ultimadamente, qué reformas y leyes se aprueban para regular nuestras relaciones y convivencia en la vida diaria.
En estas y otras decisiones, el Consejo General del INE no solo aplica la ley, sino que la interpreta para el cumplimiento de su mandato. Es precisamente en ese margen de interpretación donde las votaciones en el colegiado dejan de suscribirse al ámbito procedimental para convertirse en un factor decisivo para la vida democrática del país. Decisiones fundamentales que antes se procesaban a través del debate y el convencimiento entre sus integrantes, hoy enfrentan escenarios más holgados que pudieran prescindir del análisis y la deliberación si la independencia no se encuentra garantizada. Por ello, el proceso de designación que culminó esta semana no era un trámite más. En un órgano en el que las decisiones clave se resuelven de manera colegiada por mayoría de votos, la integración es, en sí misma, una garantía democrática. De ahí que resultaba fundamental que el proceso generara confianza a partir de perfiles probos, técnicamente solventes e independientes, capaces de sostener el equilibrio interno y de asegurar la integridad de los procesos electorales de 2027 y 2030. El riesgo en este escenario no es necesariamente la captura absoluta del árbitro electoral, pues este sigue contando con un servicio profesional de alta calidad, sino que las decisiones que antes brindaban certezas comiencen a resolverse en el mismo sentido y favoreciendo a unos actores sobre otros sin la certeza de la independencia e imparcialidad. Estos efectos no se limitan al ámbito electoral. La confianza en los procesos de renovación del poder es un indicador de la calidad institucional del país. De ella dependen la legitimidad en los resultados de las elecciones, pero también la certidumbre que brindan sus reglas, la solidez de sus instituciones y la garantía efectiva de derechos y libertades. Cuando esa confianza se erosiona, no se debilita solo el árbitro, sino al sistema en su conjunto. ____ Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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