El asesinato de Bernardo Bravo , presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, conmocionó a Michoacán , un estado que a diario vive entre homicidios dolosos y la extorsión. Ubicado en el Pacífico mexicano, Michoacán es una entidad que no conoce la paz desde hace 20 años, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico por el entonces presidente Felipe Calderón.
La extorsión ha ido en aumento aunque se trata de un delito escondido entre el miedo y la cifra negra. De acuerdo con cifras del INEGI, el 96% de las extorsiones cometidas en Michoacán durante el 2024 se quedaron sin ser denunciadas; y ha habido años como el 2012 en los que llegó al 99.8%. La extorsión y cobro de piso se coló a la cotidianidad de Michoacán. De acuerdo con un análisis de Insight Crime , las organizaciones criminales extendieron su catálogo de actividades ilícitas debido a que sus ganancias dejaron de ser las mismas ante el auge de drogas sintéticas. “Michoacán y su vecino Guerrero han sido por mucho tiempo lugares codiciados por los grupos criminales, como centros de la producción de heroína en México. Pero el auge de los opioides sintéticos ha causado un desplome del precio del opio a menos de una tercera parte de su valor de 2017, lo que dejó a los carteles de la droga peleándose por fuentes de ingreso alternativas”, refiere el análisis. Así es que a polleros, tenderos, limoneros, aguacateros, vendedores de materiales, a prácticamente todo comerciante o agricultor les han puesto cuotas para realizar sus actividades.
Extorsión sancionada hasta con 25 años de prisión El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla puso en la mira el combate a la extorsión. Envió una iniciativa de reforma para que ese delito se castigue hasta con 25 años de prisión. En el estado se aprobó una ley para equiparar a la extorsión con el delito de secuestro, se persigue de oficio y elevó las penas de 4 a 12 años a 15 a 25 años de prisión. Además, incluyó agravantes como que el delito se cometa contra una persona que se dedique al comercio o al desarrollo de actividades económicas, y cuando se realice por personas privadas de la libertad. A nivel nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también lanzó una estrategia contra la extorsión. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, Michoacán es
una de las ocho entidades que concentran el 66% de la extorsión , junto a Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero. Aunque gran parte de las comunidades de Michoacán sufren de extorsión, el estado reporta solo 583 víctimas en lo que va del 2025, las cuales representan el 7.2% del total nacional. Como parte de la estrategia antiextorsión en esa entidad, el gobierno federal detuvo hace unas semanas a Jhon Mario Guzmán Arias, »El Llanero», un extorsionador de limoneros.
El limonero que levantó la voz Bernardo Bravo fue asesinado mientras encabezaba la lucha contra la extorsión en Michoacán. Una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Michoacán es que el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán pudo haber sido citado por un grupo criminal antes de ser asesinado en la comunidad Cenobio Moreno. El “orgullosamente Limonero” como se describía en sus redes sociales levantó la voz para denunciar que Michoacán era víctima de extorsiones. En una publicación del 15 de octubre, Bravo pidió para los limoneros “seguridad para trabajar nuestra tierra sin miedo”. Sus exigencias venían de tiempo atrás. En una entrevista con
Expansión Política , Bravo afirmó que era frecuente el cobro que realizaba el crimen a los productores. “Hay cobros desde hace tiempo, porque tú te encuentras con estas gentes y te piden… De que hay una afectación de la violencia, pues sí, todos los productores hemos sido afectados, no es novedad, tiene años”, dijo el dirigente de limoneros que abarcan las zonas de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica. Bernardo Bravo contaba con elementos de seguridad, pero, de acuerdo con autoridades, su escolta no lo acompañaba cuando ocurrió su homicidio. “Sí, él tenía elementos, escoltas y se está investigando. Lo dijo el fiscal hoy, en ese sentido, porque aparentemente se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de escolta, pero en Apatzingán, por algún motivo, hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia. Estamos investigando eso, ya los elementos que estaban brindando escolta ya están haciendo sus declaraciones”, detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
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