Como ha sido de notorio conocimiento público, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una crisis sin precedentes producto de los escándalos de la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala , que fue orillada a renunciar. Las evidencias periodísticas sobre conflictos de interés, abuso de funciones, malversación de recursos públicos y corrupción, hicieron insostenible su permanencia en al cargo.
Ahora que se detona el proceso para designar a la aspirante que deberá completar en abril de 2032 el periodo por el que fue nombrada Taddei, vale la pena detenerse en el comité de evaluación –una instancia clave establecida en la Constitución– para ir perfilando a quien será la próxima consejera presidenta del Consejo General del INE. Lo primero que hay que señalar es que el procedimiento que se estableció para el nombramiento de consejeros electorales del INE en 2014 no es ni mejor ni peor que el anterior, por el que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados llegaban a acuerdos en función de nombres propuestos por los bloques legislativos. Quien llegue a la llamada “Herradura de la Democracia”, debe cumplir con, al menos, las siguientes características: los requisitos legales –desde luego–, conocimientos probados en materia electoral, prestigio personal y profesional y –muy importante – contar con el voto de confianza –al menos al inicio de la gestión– de todas las fuerzas políticas –gobierno y oposición– o, al menos, con las más relevantes entre la oposición. La voracidad con la que el régimen instaurado por Morena ha destruido la institucionalidad democrática previa, les ha llevado a controlar esa instancia fundamental para evaluar y proponer a los perfiles para el Consejo General del INE. La Constitución establecía en la reforma de 2014 que el comité de evaluación estará integrado por tres personas designadas por la Junta de Coordinación Política; dos por el órgano garante de transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Como se sabe, en su afán de control y concentración de poder, el obradorato ha desaparecido a organismos constitucionales autónomos –el INAI, entre otros– y la CNDH es actualmente un fiel apéndice del gobierno. Dada la conformación de la Cámara de Diputados, la desaparición del INAI y la abyección de la CNDH, Morena tiene el control del comité de evaluación que se encarga de adoptar criterios discrecionales para ir filtrando de entre los aspirantes que se inscriben a una convocatoria abierta y armar las quintetas para que la coalición legislativa oficialista seleccione perfiles con los que el régimen se sienta cómodo, ya sea por afinidad o franca proclividad.
En 2023 así se confeccionó la quinteta para la selección de la consejera presidenta del INE. Como el gobierno fue incapaz de acordar con la oposición nombres que suscitaran una unanimidad o, al menos, un amplio consenso, no llegaron a la mayoría calificada de dos tercios y de ahí vino el procedimiento previsto de sorteo por tómbola. Quiso la suerte –ahora sabemos el fatídico infortunio– que la seleccionada fuera Taddei. Hay que hacer notar que entre los nombres de quienes se encontraban en esa misma tómbola, estaba el de Bertha Alcalde, hermana de la ex secretaria de Gobernación, presidenta de Morena y actual consejera jurídica de la Presidencia de la República. Ahí se inoculó el virus que actualmente carcome al INE, producto del legado tóxico de Taddei. En materia electoral, ganar confianza requiere mucho trabajo, profesionalismo y entrega de resultados satisfactorios. Eso lo fueron construyendo el INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral, elección tras elección, a lo largo de tres décadas, con un sólido servicio profesional electoral. Por eso ahora es tan relevante la convocatoria, integración del comité y eventuales acuerdos entre todas fuerzas partidistas representadas en la Cámara de Diputados para arribar por consenso al perfil de quien vaya a liderar al máximo órgano electoral –inclusive, que cuente con el beneplácito de los partidos nuevos (Somos, específicamente; el otro va en bloque con la coalición oficialista)–. La vacuna para revertir la mayor crisis de confianza empieza con conseguir el consenso de todos los partidos políticos. Pero si el régimen –como en ocasiones anteriores– se aferra a los resquicios legales para mañosamente ir perfilando a una consejera presidenta que pretenda que sea –igualmente que Taddei– operadora de sus intereses, se estaría cometiendo un error estratosférico. La confianza ciudadana será difícil de recuperar; pero si no se obtiene la de todos los partidos políticos, va a ser aún más difícil de conseguir. Ojalá que el gobierno entienda que a nadie le conviene tener una autoridad electoral cuestionada y debilitada de cara a los ya tan cercanos comicios del 6 de junio de 2027. Aunque conociendo los usos y costumbres del régimen, no hay lugar para el optimismo y visión de Estado, sino sólo de partido. hvives@itam.mx / @HVivesSegl
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